El jueves 28 de noviembre se difundió la amarga noticia de que las docentes formoseñas Edith Canteros y Graciela Ríos perdieron la vida en el río Paraguay, y el viernes un tercer docente que estaba desaparecido, Rodolfo Ferraut, fue hallado sin vida según confirmó la Prefectura. El hecho sucedió mientras volvían de la Isla Buey Muerto hacia el Puerto Pilcomayo, una vez finalizada su jornada laboral en la escuela N°171. Los docentes se trasladaban en una pequeña embarcación y quedaron en medio de una fuerte tormenta que azotó la zona.  

Esta tragedia en el Departamento Pilcomayo se da bajo las condiciones a la que son sometidos cientos de trabajadores de la educación en la provincia, teniendo que atravesar situaciones muy adversas para llegar a sus lugares de trabajo, trasladándose kilómetros y kilómetros a dedo, caminando, a caballo, en tractor, en moto, en auto, o en canoa, con todo lo que ello implica; yendo y viniendo con cansancio acumulado. En estas circunstancias deben llegar a sus escuelas para asistir a los estudiantes, llevando la enorme tarea de educar a todos los rincones del territorio. 

No es el primer caso de docentes que pierden la vida por las condiciones en las que desempeñan su labor. El pasado 14 de marzo una docente de Ibarreta volvía de la escuela especial de Estanislao del Campo y en la Ruta 81, por las altas temperaturas, se descompensó y cayó de la moto perdiendo la vida. 

Estas muertes provocan dolor, indignación y bronca en la sociedad, porque serían evitables si los docentes contaran con los recursos básicos necesarios para trabajar en condiciones óptimas, sin poner en riesgo constante sus vidas.

Bajo el mandato de “la vocación” perpetúan que los docentes a trabajar en condiciones muy deficitarias. La necesidad de alcanzar salarios que les permita sostener una vida digna obliga a las y los trabajadores a correr el riesgo cotidianamente, más aún en los casos en que cumplen sus funciones en zonas totalmente desfavorables. Mientras, desde el Estado se cuestiona la labor docente y se les demanda con exigencias evaluativas e imponiendo el cumplimiento de políticas educativas que no condicen con el contexto ni se cuenta con los recursos para su aplicación.

El Estado es responsable del abandono que viven los docentes de Formosa. Son responsables hace décadas de que los educadores trabajen en condiciones de precariedad, con salarios a la baja y siendo constantemente cuestionados, presionados y, en muchas ocasiones, perseguidos, poniendo en tela de juicio su función ante toda la sociedad. 

Para que los trabajadores de la educación puedan cumplir con sus funciones en mejores condiciones es necesario que se les garantice un salario digno que cubra la canasta familiar; medios y condiciones laborales favorables que les permita garantizar el derecho a la educación de la población. Que el Estado se haga responsable ¡Basta de muertes!

Milei no gobierna solo

El sostén de la burocracia y el peronismo. –

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