Educación
1/7/2026
CÓRDOBA
UEPC Capital y organizaciones sociales piden que se garantice el Paicor en las escuelas durante el receso invernal
El ajuste de Llaryora impacta sobre la docencia y las infancias en medio de un crecimiento de la crisis social.
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UEPC Capital, junto al Polo Obrero y diversas organizaciones sociales y barriales, realizó una presentación al Gobierno de la Provincia de Córdoba exigiendo que, ante la proximidad del receso invernal, se garanticen las raciones calientes del Paicor (programa escolar de asistencia alimentaria) de manera presencial y universal durante las dos semanas de vacaciones de invierno, sin sobrecargar la labor del personal docente mediante la contratación de personal específico para tal fin. Porque el derecho humano fundamental a una alimentación adecuada y segura no se está garantizando en el territorio.
En conferencia de prensa, expresaron que “el esquema tradicional de entrega de módulos alimentarios durante el receso invernal resulta totalmente insuficiente: las provisiones secas no cubren las necesidades nutricionales y calóricas básicas, y tampoco alcanzan temporalmente para cubrir las dos semanas de vacaciones”. Además, “traslada la responsabilidad de la elaboración de alimentos a hogares sumidos en la precariedad habitacional y la asfixia económica, en un contexto de tarifazos de los servicios públicos de gas y luz; y recarga a los comedores populares que ya tienen lista de espera”. Esta situación deja a las familias en un estado de absoluta desprotección en el momento de mayor rigor climático del año.
La demanda de alimentos en las barriadas no deja de crecer y la crisis socioeconómica empuja a cada vez más familias a buscar asistencia; de hecho, la pérdida del poder adquisitivo sumó este año a 20.000 nuevos beneficiarios del Paicor por primera vez. Sin embargo, lejos de universalizar el programa, el gobierno de Martín Llaryora incorporó filtros burocráticos y criterios de exclusión sumamente rígidos. Esto dejó fuera a 22.000 solicitantes cuyos hogares superan por márgenes ínfimos la línea de indigencia oficial, pero que materialmente carecen de los ingresos necesarios para comprar verduras, lácteos o carne.
En el mismo sentido, la delegación docente de Capital alertó sobre la baja en la calidad de los alimentos que llegan durante todo el año a los comedores escolares de los distintos niveles y denunció que las raciones actuales están lejos de responder a criterios de equilibrio nutricional, porque priorizan hidratos de carbono refinados que actúan como “energía vacía”. Esta dieta de la pobreza que el gobierno profundiza sustituye la nutrición real por el mero “llenado de panza”, lo que desencadena en malnutrición infantil (bajo peso, baja talla u obesidad) comprometiendo de manera irreversible el rendimiento pedagógico, la concentración y el desarrollo cognitivo de las infancias. En efecto, un relevamiento realizado por la Fundación Banco de Alimentos Córdoba arrojó cifras preocupantes: la tasa de malnutrición infantil en la provincia llega a un 60% de los casos.
Un aspecto clave de la presentación realizada es el pedido de que la garantía del servicio en las escuelas no recaiga sobre el personal docente o directivo, quienes tienen derecho a gozar del descanso invernal. El gobierno de Llaryora suele delegar en los trabajadores de la educación la responsabilidad de cada medida que toma, lo que aumenta la sobrecarga laboral. Por este motivo, se plantea la necesidad de designar personal específico, idóneo y debidamente remunerado para la atención de los comedores durante las vacaciones de invierno.
De este modo, las organizaciones denunciaron al gobierno de Llaryora por aplicar políticas de hambre sistemáticas que impactan directamente sobre el cuerpo y el futuro de lxs estudiantes de todos los niveles y de sus familias, y remarcaron que “la alimentación no es un acto de caridad ni una variable de ajuste fiscal, sino un derecho humano exigible que el Estado tiene la obligación de restituir”.
