La “continuidad pedagógica”: precarización laboral y deserción estudiantil

A partir de la propagación del Covid-19 en nuestro territorio, el ciclo lectivo se vio sometido a un esquema de virtualización forzosa. Desde el Partido Obrero señalamos su inviabilidad tanto desde el punto de vista pedagógico como político, en un contexto de crisis preexistente que la pandemia agravó en términos económicos, sociales y sanitarios. Luego de cuatro meses de cuarentena, el Estado no ha garantizado las mínimas condiciones materiales necesarias para llevar adelante la tan afamada “continuidad pedagógica”.

El gobierno nacional y provincial forzaron las condiciones de la virtualidad, con el concurso de la burocracia celeste de Baradel y el ETO (aparato estudiantil peronista), convirtiendo el año educativo en un verdadero “sálvese quien pueda”. El desarrollo a los tumbos de la “continuidad pedagógica” tiene como base una brutal flexibilización laboral sobre la espalda docente y un abandono absoluto hacia los y las estudiantes. Los niveles de deserción oscilan entre el 40 y el 50%. La conexión a internet (indispensable en la virtualidad) no alcanza siquiera al 40% de los institutos, según lo reconoció el propio ministro Trotta. Mientras tanto, el gobierno de Kicillof y la conducción del Suteba hacen “como si” y presentan como exitosa la “continuidad pedagógica”, pero esto no resiste la mínima comprobación empírica, ante un esquema que se ha demostrado a todas luces como un rotundo fracaso.

Acerca de la Circular Técnica 2/2020, ¿por qué la rechazamos?

En este marco, la Dirección de Educación Superior (DES) emitió una reglamentación por la cual impone, negando la reformulación del Calendario Académico, la realización de exámenes finales virtuales masivos a partir del mes de agosto, algo que en el estado descripto es completamente inviable, solo posible a costa de una sobreeexplotación mayor de los docentes y de un deterioro y una mayor precarización en la formación de los estudiantes.

Para abordar la Circular 2/2020 debemos contextualizarla. No es la primera vez (ni será la última) en que las reglamentaciones de la DGCyC se demuestran inaplicables a la hora de someterlas a la realidad concreta. Muestra de ello es la tendencia masiva en la docencia a rechazar esta Circular. Directivos, docentes y Consejos Académicos de regiones educativas enteras de la provincia han emitido documentos de rechazo y crítica desde la normativa, la pedagogía o las condiciones materiales.

Las imposiciones de esta Circular no solamente profundizan la desigualdad educativa y la deserción en el nivel superior, sino que vulneran seriamente los derechos a enseñar, aprender, evaluar y ser evaluados en condiciones adecuadas. Se trata de un ataque directo a un proceso de aprendizaje que culmine con el fortalecimiento de una formación docente integral de nuevos educadores, para una Escuela Pública al servicio de los intereses y las necesidades de la clase trabajadora. A través de estos mecanismos, la Circular 2/2020 –en un principio apoyada por la burocracia del Suteba, la cual ante el rechazo masivo ahora solicita a la DES que se reconsidere, sin plantear ningún tipo de medida ni plan de lucha para conquistar una salida de fondo a la crisis educativa- tiene por objeto consolidar un nuevo golpe a la educación superior como blanco estratégico de la clase capitalista, y crear mejores condiciones para avanzar en su desmantelamiento. Se trata de un paso más para cristalizar un ajuste histórico, mientras la DGCyE simula haber garantizado la educación, aún el marco de la crisis sanitaria. Pero además avanza en el camino para una nueva estructuración educativa con menos estudiantes, menos docentes, menos institutos, que se profundizará con lo que llaman la nueva normalidad posterior al coronavirus.

La “nueva normalidad” es una reforma educativa de hecho

Mucho se habla acerca de la virtualización como la nueva normalidad en materia educativa. Pero no se trata de algo nuevo. Esta afirmación tiene su correlato a nivel mundial en las numerosas avanzadas privatizadoras de las últimas décadas, de la mano de reformas y resoluciones que apuntaron a desmantelar la educación pública. En el marco de una crisis capitalista mundial sin precedentes, donde la flexibilización y la precarización laboral actúan como principio (des) organizador de la producción, el sistema educativo no queda exento de esta lógica; y la pandemia solo actúa como un terreno propicio para que la clase capitalista avance en esa dirección. La injerencia en el plano educativo de las grandes corporaciones Microsoft, Google, etc.- y organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial- se sirve del contexto actual para instalar la noción de educación virtual como una necesidad ineludible.

En Argentina, la avanzada en políticas educativas tendientes a privatizar y mercantilizar la educación y el conocimiento tampoco es novedosa. Vale mencionar que desde hace más de 60 años todos los gobiernos han sostenido y profundizado el esquema de financiamiento estatal a la educación privada y una creciente participación de agentes privados en la elaboración y evaluación de políticas educativas para todos los niveles. El hilo conductor de todas las reformas educativas de las últimas décadas es el progresivo vaciamiento planificado de la formación, capacitación, especialización y calificación de la futura fuerza laboral para adecuarla a los requerimientos del mercado. En términos de virtualización, la reciente modificación del artículo 109 de la Ley Nacional de Educación votada por todos los bloques políticos patronales y con el apoyo de las conducciones sindicales, es un paso más en ese sentido: profundiza la precarización y abre paso a un negociado gigantesco para los pulpos de las telecomunicaciones.

Un programa en defensa de la educación pública y la formación docente

Un programa en defensa de la educación pública, en este contexto, debe partir de la pelea a fondo por conquistar una partida presupuestaria acorde a las necesidades de docentes y estudiantes. El presupuesto educativo bonaerense de este año es una extensión del votado en el 2018, ejecutado en el 2019. De ese momento a hoy la inflación escaló en un 70%. Sin embargo, el presupuesto está congelado. Con una desactualización de tal magnitud es simple concluir que los salarios docentes están sumamente licuados por la inflación como el conjunto de las aristas que componen las necesidades educativas (becas, infraestructura, comedores, etc). La recomposición salarial docente es un punto de primer orden en defensa de la educación pública.

Exigimos que se establezca por resolución de la DES la regularidad automática de la cursada para todos los alumnos inscriptos. Campus y plataformas virtuales en cada establecimiento, computadoras y recursos técnicos garantizados por el Estado para cada docente y cada alumno. Becas para los estudiantes que cubran una canasta educativa para solventar la carrera. Servicio Alimentario Escolar para todos los institutos.

Debe estar garantizado el cumplimiento de los derechos laborales docentes. La virtualización se ha transformado en eufemismo de flexibilidad laboral en la que el Estatuto Docente se encuentra cuasi suspendido y reemplazado por resoluciones o circulares. Exigimos la cobertura de todos los cargos docentes y comisiones que no superen los 20 alumnos.

Sobre el problema de los finales virtuales nuestro planteo es preciso: imponerlos haciendo caso omiso de las condiciones existentes, como lo hacen el gobierno y la burocracia, lleva a convalidar el sálvese quien pueda. Planteamos que, por responsabilidad del Estado, no hay condiciones para que se desarrollen positivamente. Para hablar de finales y sus formas de procesarlos o discutir protocolos, primero debemos arrancar las condiciones materiales necesarias. Lo demás es pretender tapar el sol con la mano y desviar el debate a fondo que se nos presenta. Impulsamos el consenso entre docentes y estudiantes para dar respuesta a todas las excepciones necesarias -acordando pautas y criterios de evaluación acordes a las posibilidades de cada materia-, sea para alumnos avanzados que deben rendir para terminar su carrera, sea para alcanzar las materias necesarias para anotarse en listados de acceso a cargos docentes en su condición todavía de estudiantes avanzados –y aquí exigimos la apertura irrestricta del calendario de inscripción a los listados 108 A y B-, o aquellas necesidades que la comunidad educativa de cada instituto considere.

Reformulación del Calendario Académico y elaboración al regreso de la presencialidad de la acreditación de las materias, en base al consenso entre docentes y estudiantes (ejes y contenidos básicos establecidos de común acuerdo, evaluaciones formativas, adaptación en función de la salida de la pandemia de las estrategias evaluativas de un final presencial inscripto en el cuadro excepcional precedente). Construcción de institutos y satisfacción de las demandas en infraestructura que garantice de parte del estado la cobertura del aumento de la matrícula terciaria en la provincia de Buenos Aires.

Plan de lucha. Por una cuarentena educativa bajo control de docentes y estudiantes

En definitiva nuestro programa parte de invertir las condiciones actuales. Que estudiantes y docentes seamos los que impongamos nuestras condiciones, no el gobierno y la burocracia sindical. Ellos se han mostrado impotentes para brindar un plan educativo de conjunto frente a la pandemia.

Ha quedado demostrado que la defensa de la Educación Pública no está en el horizonte del gobierno nacional ni provincial: sus intereses están en el acuerdo colonial con los bonistas y someterse al FMI, mientras siguen pagando la deuda a costa de las condiciones de vida de los trabajadores.

Para pelear por nuestro programa necesitamos estructurar un plan de lucha a escala provincial que parta de organizarnos en cada instituto. Proponemos para ello asambleas docente-estudiantiles que voten sus propias reivindicaciones y así confeccionar una lucha de conjunto en línea con las acciones de la Lista Multicolor del Suteba, que viene desarrollando distintas medidas de lucha como actos, festivales, paros y apagones virtuales. Sumémonos masivamente al próximo paro y apagón del 15/7 por todas nuestras reivindicaciones docentes y estudiantiles para quebrar el ajuste. Avancemos en la defensa de una educación pública al servicio de las necesidades de la clase trabajadora.