El día que se anunció en la Rosada la elaboración de una nueva Ley de Educación, Kirchner estaba acompañado por la Iglesia, los representantes de los grandes grupos empresarios, los legisladores que sancionaron la vieja Ley de Educación y, en primerísimo lugar, el propio Filmus.

 

Rebelión educativa

 

La campaña oficial por una nueva ley educativa busca desviar la tendencia a la rebelión que promueve la crisis del sistema, no sólo en Argentina sino en todo el mundo. Así lo pusieron de manifiesto las recientes movilizaciones estudiantiles en Francia, Chile y Grecia. Lo mismo ocurre en Argentina con las huelgas docentes y las tomas de facultades y de colegios.

 

El derrumbe del actual sistema educativo está directamente relacionado con un agotamiento de la capacidad tradicional del Estado para asegurar la educación y la salud, porque asigna los recursos fiscales a la deuda pública y a los subsidios al capital. La base social de la educación se encuentra minada, a su vez, por la miseria generalizada. Hay un alumnado masivo con demandas básicas insatisfechas y una docencia que gana por debajo del nivel de pobreza. Otra cara de la misma moneda la constituyen las escuelas que se caen a pedazos: el 60 por ciento está en mal estado. Esta miseria social es la base de la deserción, del fracaso escolar, de la repitencia. La escuela, cada vez más, se reduce a un centro de asistencia social, mientras las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje se deterioran progresivamente.

 

La reforma que ahora impulsa el gobierno no ataca esta situación, lo que supondría encarar una reorganización social anticapitalista. La recuperación económica sobre la que tanto bate el parche el gobierno, lejos de mitigar la desigualdad y los contrastes sociales, los ha incrementado. Asistimos a una reactivación del capital contra la fuerza de trabajo. Los subsidios que el gobierno nacional otorga a los capitalistas por diferentes conceptos (más de 20.000 millones de pesos), es el equivalente a casi dos veces el gasto educativo, tanto de la Nación como de todas las provincias.

 

La nueva ley procura adaptar el sistema de educación a este contexto capitalista, reservando al Estado un rol auxiliar. Lejos de poner fin al llamado “neoliberalismo”, apunta a salvar las principales imposiciones del menemismo y, agreguemos, la dictadura militar, que inició el traspaso de las escuelas y colegios a las provincias.

 

Educación y sociedad

 

La propuesta del gobierno hace hincapié en la necesidad de vincular la educación a la producción. ¿A qué producción? ¿A la producción que, por ejemplo, viene destruyendo el medio ambiente? La producción organizada bajo el principio del lucro privado (capitalismo) es la principal responsable de la degradación del hábitat natural, contra la que fingen protestar los ‘progresistas’ que reclaman una educación para la producción. ¿Por qué no se dice: una educación que defienda el patrimonio colectivo del medio ambiente contra la confiscación de la naturaleza por parte del capital?

 

Ahora bien: ¿la explotación capitalista de la fuerza de trabajo no constituye la esencia de la destrucción de ese medio ambiente que tiene por sujeto fundamental al ser humano? La educación debería estar al servicio de la potenciación del individuo social, lo cual exige, antes, un cambio radical de la organización económica de la sociedad.

 

La propuesta del gobierno, que pretende presentarse como progresista y hasta con un contenido “humanista”, no da cuenta de esta contradicción ni echa luz sobre el carácter que asume la producción bajo el orden social vigente. La propuesta gubernamental consagra, en cambio, el principio opuesto: sacrifica los intereses sociales colectivos al interés particular del capital.

 

Docentes

 

La propuesta gubernamental de un “salario por mérito” es una verdadera impostura, cuando el básico oscila en los 300 ó 400 pesos. El planteo del “mérito” procura justificar ese salario básico, de donde arrancarían “salarios de bolsillo” diferenciados, según los caprichos de los calificadores de capacitación. Este sistema empieza por descalificar el título docente y por lo tanto toda la educación que consagra la formación de la docencia. El “mérito”, a partir de migajas salariales, impondría una flexibilización laboral en las condiciones del trabajo educativo. Se procura la destrucción del estatuto. La capacitación docente, que vincularía el salario al mérito, representaría un nuevo negocio para los institutos privados, una vez que el Estado nacional y las patronales se retiran del sostenimiento de la educación. El salario por mérito, más que un fraude, es un insulto.

 

Fiasco y oportunidad

 

El gobierno anunció con bombos y platillos una megadiscusión con “los argentinos y las argentinas”. Pero, abruptamente, el 30 de junio, el mismo Filmus le puso fin al “gran debate” antes de que comenzara. Anunció que la “ronda de consultas previa al debate de la ley finalizará el 5 de julio, cuando docentes y alumnos discutan en las aulas de las 44.000 escuelas del país sobre la Ley de Educación” (Télam).

 

La “consulta” del 5 de julio, en base a veinte preguntas capciosas, es un despropósito pedagógico, pues siempre se debería estimular el discernimiento y el desarrollo de ideas y conceptos, y de ningún modo limitar a los docentes y alumnos a responder a un cuestionario. Los autores de la reforma educativa se han revelado, de este modo, como unos perfectos analfabetos. Las “preguntas” se responden por sí o por no, es decir, no se plantea debate alguno, sino que se inducen las respuestas de acuerdo a la conveniencia de quien confeccionó el cuestionario, y de esa forma manipula las conclusiones. Los docentes recién se están desayunando del problema. La mayoría todavía no ha recibido los documentos editados por el gobierno a nivel nacional y los materiales de cada provincia o los de la burocracia celeste de Yasky, que ha salido con todo a imponer la ley. Todo esto ya está provocando una repulsa generalizada a la consulta. Está muy fresca en la memoria el fraude de la consulta sobre la Ley de Financiamiento, que despertó un gran rechazo. Los Suteba opositores y otras seccionales docentes antiburocráticas, como Aten Plottier, se han puesto a la cabeza de este rechazo. Están impulsando pronunciamientos de docentes y padres en las escuelas, y movilizaciones frente a lo consejos escolares para el segundo día de la consulta.

 

El ministro Filmus muy probablemente haya acusado recibo de este clima y prefiere reprimir el debate de “las argentinas y de los argentinos” antes de que se le transforme en un búmeran.

 

Con más razón, frente a este cuadro, es necesario abrir la discusión y organizar la movilización. El punto de partida para sacar la educación de la crisis empieza por la nacionalización del financiamiento de todo el sistema educativo, para lo cual es necesario dedicar a educación el 30 por ciento del presupuesto nacional, un salario básico de 1.000 pesos para toda la docencia y la democratización general del sistema educativo, a través de consejos escolares electos con participación en su seno de representaciones electas de trabajadores.

 

Los Suteba recuperados, la Conadu(h), la Fuba y las seccionales docentes antiburocráticas de todo el país tienen la oportunidad de poner en marcha una campaña unificada de denuncia y de movilización.