Tras años de movilizaciones, reclamos, denuncias, presentaciones de medidas judiciales y un arduo derrotero para obtener una vacante en la escuela pública, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la sentencia de la jueza Elena Liberatori de primera instancia del año 2019: el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá resolver el grave problema. El amparo había sido presentado por diputados del Frente de Izquierda junto a docentes, familias, el colectivo de Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas y el Centro de Profesionales de Derechos Humanos.

Desde el 2013, año en el que se anunció el comienzo de la inscripción online, se repiten reclamos vinculados al mal funcionamiento del sistema de inscripción, y se destapó la olla del problema de la falta de vacantes y la necesidad de construcción de escuelas largamente denunciado por docentes, sindicatos y comunidades. Al día de hoy se contabilizan más de 20.000 pibes sin vacantes, razón por la cual las familias vienen realizando múltiples reclamos en diferentes distritos escolares y en el Ministerio de Educación.

Fundamentalmente la carencia de vacantes se ha focalizado en el nivel inicial y tiene una explicación directa: no hay suficientes escuelas infantiles. El gobierno de JxC, asumiendo el mismo temperamento que el gobierno nacional, se dedicó a la proliferación de centros de primera infancia (CPI), pertenecientes a la esfera del Ministerio de Desarrollo Social, en manos de ONGs, punteros barriales y la Iglesia, restringiendo el derecho a la educación de cientos de miles de niñes. Pero el nivel primario y el resto de los niveles no son ajenos a este problema acuciante. Sin embargo, Larreta-Acuña durante el mes de agosto del corriente año destinaron un refuerzo financiero de un aproximado de $53 millones a 125 escuelas maternales y de nivel inicial privadas a través del Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia, el cual consiste justamente en sostener económicamente la educación privada del nivel.

El fallo también plantea que Larreta deberá dar explicaciones al respecto de las supuestas 54 escuelas “nuevas”. Sin embargo, está constatado a través de los listados de dichas escuelas presentados en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que muchas de ellas son traslados, otras son modificaciones edilicias, y apenas un puñado que no alcanza los dos dígitos fueron construidas y en varios casos sin final de obra. En todos ellos los materiales y tipos de construcción no resisten un viento como en el caso, entre otros, del nuevo edificio del Instituto Superior Juan B. Justo, cuya comunidad está siendo alojada en el viejo edificio en el que funcionaban.

El GCABA durante sus años de gobierno provocó una caída presupuestaria en infraestructura escolar, este vaciamiento no solo ha generado una crisis edilicia educativa profunda sino también ha llegado a cobrarse vidas dentro de las escuelas. Incluso durante el actual período de pandemia no hubo partida presupuestaria acorde a las pretensiones que tuvo el GCABA de exponer la salud de docentes, estudiantes y familias en los picos más álgidos de contagio de Covid-19.

El Frente de Izquierda Unidad ha presentado en la Legislatura de la CABA una multiplicidad de proyectos que apuntan a dar respuesta a los problemas educativos de conjunto.

Este fallo debe ser tomado como una punta de lanza en la lucha por vacantes para todes en la CABA, por la construcción de escuelas y en la defensa de la escuela pública.

 

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