La rendición de cuentas del año 2020, tratada por el Concejo Deliberante de La Plata, ha dejado en evidencia que la gestión del intendente de Juntos por el Cambio, Julio Garro, ha subejecutado 203 de los 450 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo, que debieron haber sido destinados a infraestructura escolar. Lo mismo sucede con fondos que debieron ser volcados para salud y “seguridad alimentaria” en medio de la profunda crisis social y sanitaria que vive la población platense y que el gobierno de Juntos por el Cambio no ha podido explicar su destino.

En medio de este recorte de un 45% de los fondos para el arreglo y puesta en condiciones de los establecimientos educativos, Garro ha tenido la caradurez de subirse al carro de la presencialidad escolar que agita Juntos por el Cambio y a la cual ha cedido el gobernador Axel Kicillof, sin garantizar condiciones edilicias, el acceso a conectividad y dispositivos para los estudiantes y sin cubrir los cargos docentes necesarios en las escuelas. La impostura no podría ser mayor frente a la media sanción que recientemente le dio el Senado bonaerense, y que fue saludada por el intendente de La Plata, a la “declaración de la educación presencial como servicio esencial”, impulsada por el senador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan.

Mientras tanto, como lo viene denunciando la Lista Multicolor junto a padres y estudiantes, hoy 89 establecimientos educativos en La Plata no cuentan con las condiciones mínimas de infraestructura para poder funcionar. Si a esto añadimos la falta arreglos pendientes y la construcción de edificios propios, únicos y en condiciones que debería realizar el gobierno provincial a través de la Dirección General de Cultura y Educación, la cifra es aún mayor.

A este vaciamiento hay que agregar el aumento en la demanda de los módulos alimentarios, que se registra día a día, por parte de estudiantes y sus familias, que ha puesto de manifiesto la agudización de la crisis social que tiene a las escuelas como caja de resonancia. Cada vez son más los estudiantes que se ven empujados a salir a cartonear y changuear para colaborar con el sostenimiento de sus hogares, dando cuenta del crecimiento vertiginoso de la miseria social y la desocupación en los barrios bonaerenses.

Por su parte, desde el Frente de Todos se rasgan las vestiduras denunciando al intendente de Juntos por el Cambio, pero omiten la responsabilidad del gobierno provincial en el sostenimiento de la educación. A nadie se le puede escapar que el estado deplorable de los establecimientos educativos, que se ha profundizado en los últimos seis años del gobierno de Garro en La Plata, viene de más atrás y que por lo tanto son responsables todos los que han gobernado en las últimas décadas.

Por otro lado, es el propio gobierno provincial el que gira los fondos -a través del Fondo de Financiamiento Educativo- en forma descentralizada para que sean manejados de manera discrecional por parte de los intendentes de los 135 distritos bonaerenses. A esto hay que sumar la disolución en 2017 por parte de Vidal, y mantenida por Kicillof y la ministra de Educación provincial, Agustina Vila, de la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) encargada del arreglo de las escuelas que profundizó el vaciamiento, despidiendo y precarizando a los trabajadores de este organismo.

El carácter parcial e interesado de la denuncia del Frente de Todos ha sido desnudado por la seccional Multicolor de Suteba Matanza, distrito gobernado por el intendente del Frente de Todos, Fernando Espinoza, que ha presentado un relevamiento dando cuenta que el 85% de los establecimientos de dicho distrito no cuentan con calefacción para que los estudiantes puedan asistir de manera presencial a las escuelas. Como se ve, el vaciamiento de la infraestructura escolar va desde los distritos oficialista a los opositores y abarca al conjunto de la provincia de Buenos Aires.

Cabe resaltar que durante todo el 2020, Kicillof ha gobernado con el presupuesto 2019 de María Eugenia Vidal, dando continuidad al ajuste en salud, vivienda y educación. Ahora, el gobernador “progre” se apresuró a establecer una vuelta a la presencialidad sin condiciones en medio de la pandemia por un mero cálculo electoral, mientras cuestionaba en forma mentirosa la presencialidad de Larreta en CABA.

La burocracia del Suteba La Plata, en manos de lista Turquesa alineada con Roberto Baradel, trata de disimular las responsabilidades de Kicillof y se encuentra paralizada frente a esta grave situación. Por eso no ha planteado la suspensión de la presencialidad ni ha convocado en todo este tiempo a asamblea general de la docencia ni reuniones de delegados para definir un plan de lucha y enfrentar el ajuste educativo. No lo hace porque es consciente de que una pelea a fondo contra esta situación pondría de manifiesto las responsabilidades de los gobiernos nacional, provincial y municipal y llevaría a un cuestionamiento de toda su política ajustadora. La burocracia sindical no mueve un dedo porque es un soporte fundamental y se encuentra profundamente comprometida con ajuste educativo que viene llevando adelante el Frente de Todos en la provincia.

En oposición a la complicidad de la burocracia con el ajuste de Kicillof para pagar la deuda y sostener sus compromisos con los fondos buitre, la docencia antiburocrática junto a las seccionales Multicolor está llevando adelante un plan de lucha, con caravanas, asambleas y plenarios provincial de delegados para garantizar la suspensión de la presencialidad sin condiciones, la puesta en marcha de un verdadero plan de obras y por todos los reclamos de la docencia y las comunidades educativas en la provincia de Buenos Aires.

La importancia de la campaña por la recuperación de Suteba La Plata, hoy en manos de la burocracia sindical de Roberto Baradel, se inscribe en este cuadro de ajuste educativo y ataque a las condiciones de trabajo y estudio. Vamos por la independencia política de nuestro sindicato, de todos los gobiernos que destruyen la educación.

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