El próximo martes 6 de junio tendrá lugar, en la Facultad de Psicología, un plenario educativo convocado por el Partido Obrero en el FIT-U para debatir un programa y un plan de acción en defensa de la educación pública.

La crisis educativa que recorre la provincia es resistida fuertemente por la comunidad educativa. Este año los docentes marcamos la cancha con una enorme huelga en defensa de nuestros salarios. Organizados desde las escuelas, las y los trabajadores de la educación impusimos un combativo plan de lucha que colocó en el centro del reclamo la defensa de un salario inicial del $200.000 indexado por inflación. Con movilizaciones masivas y autoconvocatorias en toda la provincia, superamos las maniobras de la conducción burocrática de Uepc, y quebramos el techo salarial del gobierno de Schiaretti.

Tras el reclamo salarial, surgieron decenas de reclamos en las escuelas por problemas edilicios, que dieron origen a procesos de luchas particulares. En esta línea se inscribe el reclamo que viene desarrollando la comunidad educativa de la tradicional escuela Garzón Agulla, que desde hace 15 días sostiene un plan de lucha con suspensión de actividades para reclamar por arreglos históricamente postergados.

Docentes, estudiantes y familias se plantan frente a las consecuencias de una política de ajuste y privatización que se está llevando puesto al sistema educativo provincial, nacional y municipal, arrebatándole al pueblo trabajador el derecho a estudiar.

Ajuste y privatización, la receta de Schiaretti y Llaryora

El presupuesto educativo viene en picada libre en los últimos 10 años. Su piso histórico fue en 2022, cuando el presupuesto educativo alcanzó apenas un 20% del presupuesto provincial. Para 2023, la previsión presupuestaria superó apenas en dos puntos a la del año anterior, representando un 22% del presupuesto provincial. Schiaretti no solo desconoce su propia legislación, que obliga a la provincia a destinar al menos el 35% del presupuesto a educación (Ley 9.870), sino que profundiza el recorte presupuestario. Según un informe de la Otes (Observatorio de Trabajo, Sociedad y Economía), el presupuesto educativo sufrió un recorte del 11% en términos reales entre el 2016 y el 2023.

Este recorte impactó brutalmente sobre los salarios docentes. En los últimos 5 años, un docente con 10 años de antigüedad ha perdido en promedio el 10% de su poder adquisitivo, mientras que un docente con 30 años de antigüedad perdió hasta un 20%. El recorte salarial vino acompañado del avance en la precarización laboral de la docencia, mediante la proliferación de programas con contratación precaria, interinatos a término, suplencias precarias y la reforma del estatuto docente que dejó a cientos de docentes sin trabajo en plena crisis económica.

En materia edilicia, la situación es aún más grave. Las provincias aportan el 75% del financiamiento educativo del país. Según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación a nivel nacional, el 78% del presupuesto en educación es destinado a salarios, mientras que el 12% es para transferencias al sector privado, utilizadas mayoritariamente para salarios. Esto quiere decir que a pesar de los magros salarios que cobra la docencia, el 90% presupuesto destinado a educación va a salarios, dejando apenas un 10% para infraestructura, mantenimiento, equipamientos, becas, comedores, etc.

En 2021, la provincia destinó sólo el 4% del presupuesto educativo a bienes y servicios no personales. Hacia fines del 2022, el gobierno provincial se limitó a declarar una “emergencia en infraestructura”, pero no ha habido avances significativos en la construcción de las 100 aulas prometidas o la reparación de centenares de escuelas. El recorte se extiende al programa del Paicor, que garantiza el alimento a las y los estudiantes, y a los dispositivos informáticos que nunca llegaron.

El colapso de la educación pública, producto de una reducción del gasto fiscal a la medida del FMI, se combina con un avance de los sectores privados en la educación. Cierran profesorados y tecnicaturas públicas, mientras proliferan carreras cortas en la parte privada, en su gran mayoría en manos de sectores ligados a las iglesias.

Una receta compartida

La crisis educativa en Córdoba es fruto de una orientación nacional que involucra a todos los gobiernos, con la que se avanza en la privatización y la mercantilización de la educación en todos los niveles. La integración del burócrata Juan Monserrat (Sec. Gral. de Uepc), aliado de Schiaretti, para doblegar la lucha docente, como legislador provincial en las listas del Frente de Todos, da cuenta de ello.

El ajuste tiene su correlato en la Universidad de Córdoba, donde la docencia padece la peor paritaria docente nacional y miles de estudiantes son expulsados a diario de las aulas mediante el recorte en becas, comedor y asistencia social.

El planteo privatizador de Milei es la expresión más acabada de esta política, porque implica profundizar los ataques a los derechos laborales de la docencia y la degradación de la formación para ponerla al servicio de las empresas.

Por el derecho a estudiar, vamos con la izquierda que se planta

Para defender el derecho a estudiar y revertir la crisis educativa es necesario enfrentar a los responsables políticos de este colapso. Ni Llaryora, ni Juez, ni el Frente de Todos pueden ofrecer una salida a los reclamos de la comunidad educativa porque son parte integrante de las fuerzas políticas que han provocado el colapso actual.

Para que triunfe la lucha docente por salarios y jubilaciones, para que triunfe el reclamo de la comunidad educativa por infraestructura adecuada, por el acceso a becas, dispositivos y comedor para que ningún estudiante quede fuera de las aulas y por una educación al servicio de las mayorías trabajadoras, necesitamos una alternativa propia de los trabajadores.

Sumate el Plenario Educativo del Frente de Izquierda, para debatir un programa en defensa de la educación y defender el voto a la única fuerza política que impulsa la lucha en defensa de la educación pública.