Zapala: El gobierno de Figueroa expone a estudiantes y trabajadores de la educación a obras de demolición

En el CPEM N.º 36 de Zapala se realizaron tareas de demolición y remoción de escombros mientras se desarrollaban las clases, exponiendo a estudiantes y trabajadores de la educación a situaciones de riesgo. Rechazamos esta política del gobierno neuquino de Rolando Figueroa y de la ministra de Educación, Soledad Martínez, que permitió el inicio de los trabajos sin garantizar previamente las condiciones de seguridad de la comunidad educativa.

El 21 de octubre, la propia ministra reconoció mediante una comunicación oficial que las obras afectaron aulas y sanitarios. Informó que había ordenado a la empresa Fines SRL suspender las demoliciones durante el horario escolar, pidió disculpas por los inconvenientes y admitió que todavía se estaban buscando alternativas para reemplazar los espacios afectados.

El gobierno provincial tenía pleno conocimiento de la obra. En diciembre de 2025 aprobó la documentación técnico-legal del proyecto, que contempla la demolición de 506 metros cuadrados, y posteriormente adjudicó los trabajos a FINES SRL por más de 2.687 millones de pesos. La ministra Martínez había destacado públicamente la planificación de esta intervención. Por lo tanto, el inicio de las demoliciones no fue un imprevisto. El gobierno conocía las características de los trabajos y tenía la responsabilidad de garantizar las condiciones de seguridad antes de su ejecución.

La respuesta de Martínez deja al descubierto las consecuencias de esta política, primero se iniciaron las demoliciones con la escuela funcionando y después se ordenó detenerlas y buscar soluciones para las aulas y sanitarios afectados. Las disculpas de la ministra no reemplazan las responsabilidades políticas del gobierno provincial ni de quienes debían controlar la ejecución de la obra.

Lejos de los anuncios oficiales sobre inversiones millonarias en infraestructura escolar, las condiciones en que se ejecutan estas obras exponen las consecuencias de la política de ajuste del gobierno de Figueroa y la falta de controles sobre las empresas contratistas. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de que las comunidades educativas intervengan en el control de los trabajos y de las medidas de seguridad.

A cinco años de la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque, que se cobró las vidas de la docente Mónica Jara y los trabajadores Nicolás Francés y Mariano Spinedi, seguimos denunciando las responsabilidades políticas del Estado. Aquel triple crimen laboral dejó al descubierto las consecuencias de realizar trabajos en establecimientos educativos sin garantizar las condiciones de seguridad.

Acompañamos el estado de alerta del Centro de Estudiantes del CPEM 36. Es necesario que Aten convoque asambleas para organizar una respuesta frente a las condiciones de infraestructura escolar y exigir al gobierno que garantice la seguridad de estudiantes y trabajadores.

Reclamamos la presentación pública de los planes de seguridad, los cronogramas de obra y las inspecciones realizadas, junto con la conformación de comités de seguridad e higiene integrados por trabajadores, estudiantes y familias. Exigimos presupuesto para infraestructura escolar bajo control de las comunidades educativas.

¡Basta de escuelas inseguras! ¡El Estado es responsable! ¡No queremos otra Aguada San Roque!

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