Si algo faltaba para cerrar el círcu­lo de impunidad en el que se desenvuel­ven los directivos del Colegio Mariano

Acosta y sus superiores en la Dirección de Educación Superior y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahora el secretario de Educación, Mario Gianonni, no acata una orden judicial.

En dicha resolución se ordena al Secretario que inscriba en el colegio a una alumna de 4° año, turno mañana, "separada del establecimiento durante... el último receso escolar."

Esta medida represiva fue tomada a instancias del rector Raúl Bassa y la vice Raquel Papalardo, quienes habían sido denunciados, por la alumna y sus compañeros dé agrupación (revista “El Estallido”), ante la Defensoría del Pueblo, debido a sus actos autoritarios, dis­criminatorios y persecutorios. Las au­toridades contaron con el aval de un grupo de profesores condescendientes que, nucleados en un “Consejo de Con­vivencia", convalidaron ‘cargos' verti­dos contra alumna sin pedir pruebas, testigos o realizar investigación algu­na. Todo realizado con falsos testimo­nios y aprietes.

Como la alumna concurre (a pesar de no habérsele permitido la inscrip­ción) diariamente al colegio, y viendo que las presiones de las autoridades so­bre la compañera no surten efecto, Gianonni envió al Colegio a un miembro de una empresa de seguridad privada con la misión de ‘apretarla'; impedir que los jóvenes entren con volantes o en con­traturno, y revisar sus bolsos.

Como eso resulto insuficiente, Gia­nonni dio intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que se expidió recomendando: “El direc­tor debe impedir el ingreso imponiendo la sanción aplicada a la alumna, asisti­do por personal de seguridad y en su ca­so por la fuerza pública”. Estos actos de barbarie represiva y de discriminación político-ideológica de los 'educadores’ y funcionarios ‘de educación' son resisti­dos por la alumna y sus compañeros junto a un grupo de padres autoconvo­cados, haciendo petitorios, concentrán­dose en la puerta del colegio, etc.

Toda la comunidad educativa y la ciudadanía democrática debe pronun­ciarse. Que se cumpla con la resolución judicial: que se inscriba a la compañe­ra, que cesen los arbitrarios Consejos de Convivencia represivos.