El miércoles 26 la casi totalidad de las universidades nacionales cerraron sus puertas. No lo hicieron dos universidades menores, Lanús y Tres de Febrero. La medida, contra todo lo previsible, no fue motorizada por los trabajadores docentes y no docentes ni por los estudiantes, sino por los propios rectores radicales y peronistas.

 

Qué pasa

Que los agentes del ajuste al interior de la universidad, como es e l caso de los rectores, hayan convocado a una medida de fuerza es un síntoma inequívoco del grado que ha alcanzado la crisis universitaria.

El gobierno nacional adeuda a las universidades aproximadamente 500 millones de pesos. Durante el año 2002 el Tesoro no giró los fondos destinados a cubrir sus gastos de funcionamiento. Se limitó a pagar con atraso los salarios. Al mismo tiempo se adeudan cerca de 300 millones de pesos correspondientes a investigadores.

En términos constantes, el presupuesto del 2003 equivale a menos del 50% del presupuesto del año 2001. Incluso, medido en pesos, el presupuesto por alumno de este año es el más bajo de toda la década del ‘90 y de los años 2001 y 2002.

 

Un atraso estructural

En Argentina, las 36 universidades nacionales más un instituto universitario componen el sistema universitario nacional. En total atienden, aproximadamente, a un millón de estudiantes. El presupuesto total es de 652 millones de dólares. La Universidad de San Pablo (Brasil), en cambio, con 70 mil estudiantes tiene un presupuesto de 440 millones, y la Universidad Autónoma de México, con 260 mil estudiantes, cuenta con un presupuesto de 1.400 millones. Si se mide por estudiante, la diferencia es más clara aún: 330 dólares anuales en la UBA por estudiante; 6.280 dólares en la Universidad de San Pablo; 5.384 en la Universidad Autónoma de México.

 

Privatización

Para muchos sectores entre los que debe incluirse a los propios rectores, la salida al desfinanciamiento estatal de la universidad podía encontrarse en la privatización, el arancelamiento y los “aportes” de las grandes corporaciones capitalistas. Bajo el gobierno menemista se insistió en esta línea, al igual que, luego, lo hizo la propia Alianza. Se realizaron acuerdos con el Banco Mundial, con empresas y se implementó el arancelamiento en varias universidades nacionales.

Todas estas medidas han fracasado. El arancelamiento no pudo sustituir al presupuesto estatal como no lo ha hecho en ninguna universidad del mundo. Tampoco las empresas “invirtieron” en la universidad. Los acuerdos con el Banco Mundial cayeron luego por el default. Cuando se quiso implementar el “modelo chileno”, donde los estudiantes toman créditos bancarios para pagarse sus estudios, el sistema bancario se vino a pique.

 

Las tareas

El cierre de facultades ordenado por el CIN ha colocado en debate la crisis universitaria. Pero no vendrá por acá la salida a la crisis.

Para el movimiento estudiantil, docente y no-docente es la oportunidad de lanzar un plan de acción por sus reclamos. La lista de estos reclamos está encabezada por la exigencia de una duplicación del presupuesto, un aumento salarial del 100% y el nombramiento de los miles y miles de docentes que trabajan gratis –ad-honorem. Para el movimiento estudiantil, sumergido en la miseria y la desocupación, la necesidad de un plan de becas como así también la eliminación de los aranceles ya establecidos es una cuestión vital.

La universidad debería darse un plan general de investigación, priorizando las necesidades que marcan el desarrollo de las fuerzas productivas y los requerimientos sociales, que deberán ser debatidos por un Congreso de Trabajadores y demás sectores explotados libremente elegidos.

Está claro que esta transformación le queda grande a los rectores radicales y peronistas. La “comunidad universitaria” no existe, está divida por la lucha de clases que recorre a toda la sociedad. Es por eso que se debe poner en pie un nuevo gobierno integrado por docentes, no-docentes y estudiantes, unido a los trabajadores ocupados, al movimiento piquetero, a las asambleas populares.