El Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González funciona en el mismo edificio del Colegio Mariano Moreno desde hace más de veinte años. Distintas gestiones educativas de los distintos gobiernos han prometido el tan esperado “edificio propio”.

Y es “viviendo de prestado” como se ve hundirse la estructura edilicia que lo contiene. Los diez días de clausura judicial que imposibilitaron la continuidad de las clases a sus cinco mil alumnos desde el momento que se produjo el derrumbe en el “Moreno”, han reabierto en el seno del Profesorado la preocupación por solucionar definitivamente esta injusta situación.

El acuerdo firmado por el Consejo Directivo y el Rectorado con las autoridades de la Secretaría de Educación, el cual establece “la refacción integral del edificio para marzo del 2001″ y asume el compromiso de inaugurar un edificio propio y adecuado para el Instituto durante el 2002”, no deja de ser sólo una promesa que, aunque se los obligue a cumplirla, chocará con serios inconvenientes, dado que:

1.- Para encarar la realización de las obras deberán llamar a licitación respetando los plazos legales, lo cual sumado al propio funcionamiento burocrático de los organismos del Estado, retrasará en meses el inicio de las obras.

2.- El avanzado estado de deterioro y abandono registrado en el subsuelo, las tres plantas y las cúpulas sobre el aula magna requerirá un pormenorizado cateo que demandará una gran cantidad de tiempo una vez que se comience a trabajar.

3.- Aunque en el predio asignado para la construcción del edificio para el “Joaquín” hay un enorme cartel que dice que las obras “comenzarán en el segundo semestre de 2000” estableciendo un plazo de finalización de obra de 20 meses, Filmus establece, en el acuerdo firmado con la comunidad educativa del Mariano Moreno, que se llamará a licitación recién el año que viene.

A estas contradicciones hay que agregarle que el presupuesto proyectado para el 2001 para construcciones escolares es tan sólo de 18,5 millones de pesos (un 50% menos que el de este año), y el costo del edificio demandaría gran parte de esa partida.

 

¿Solo problemas edilicios?

Es indudable que el “Joaquín” (el edificio del Moreno) no escapa al fenomenal deterioro en que se encuentran el 90% de las escuelas porteñas, debido al estrangulamiento presupuestario de los últimos años; pero una preocupación central en lo que hace a su continuidad como Instituto de Formación Docente, está firmemente atada a la “reforma educativa” que se viene pergeñando para la Ciudad: uno de los proyectos plantea su reconversión para transformarlo en un Instituto de “Capacitación” Docente, y otro, anexarlo a alguna universidad. Esta segunda opción está contemplada en el “proyecto de articulación de los Institutos Terciarios con las Universidades” que se pretende implementar desde el Ministerio de Educación. En esa línea ha trabajado un equipo de la UBA, comandado por Alicia Camilloni (egresada del “Joaquín”) que plantea reducir a 900 los 1.700 institutos terciarios, mediante fusiones y cierres, transformándolos en “Colegios” tipo A y tipo B, entre otras cosas “para dar una formación muy vinculada con lo laboral, para mejorar las condiciones de empleabilidad y para generar micro emprendimientos” (Pagina/12, 26/10).

Este proyecto fue encargado por el secretario de Educación Superior, Juan C. Gottifredi, quien desea articular institutos terciarios con universidades, tanto públicas como privadas.

Está claro que estamos en presencia del desguace de los IFD, para entregar las áreas más codiciadas a la voracidad de la educación privada y cerrar las instituciones “no productivas”.

El “Joaquín”, con sus quince carreras, su autonomía y sus necesidades edilicias, representa una “carga molesta” en el proceso de achicamiento presupuestario y de reforma educativa en el que está embarcado el gobierno, por lo que habrá que prepararse para enfrentar este plan liquidacionista y privatizador, tomando la bandera del edificio propio a modo de garantizar la continuidad de las actividades una vez finalizado el ciclo lectivo.

Como están dadas las cosas es altamente probable que los exámenes de marzo de 2001 no puedan efectuarse en el edificio actual, y no existen garantías para que se agilice la construcción del edificio propio. Hay que exigir al secretario de Educación que, junto al cumplimiento de lo acordado en materia edilicia, se garantice por escrito la continuidad del Profesorado en sus condiciones actuales, respetando su autonomía y sus formas democráticas de organización. Para ello habrá que mantenerse movilizados y vinculados a través de delegados de los distintos cursos y turnos, reclamando permanente información por parte del Rectorado y del Consejo Directivo, quienes deberán defender las decisiones tomadas en asambleas cada vez que concurran a la Comisión de Seguimiento de la Secretaría de Educación.

Hay que imitar lo hecho por los estudiantes, docentes y padres del Mariano Moreno, que mediante cortes de calle, movilizaciones y el “copamiento” de la Legislatura lograron imponer todos sus reclamos.

Para evitar que el descrédito, producto de la irresponsabilidad y negligencia de las autoridades gubernamentales, pueda ser utilizado por los pulpos de la educación privada con el propósito de captar potenciales alumnos, hay que proseguir en la lucha hasta arrancarle una victoria a este gobierno que conspira contra la educación estatal en beneficio de la privada.