La Legislatura santafesina está a punto de sancionar una ley que deroga los “edictos policiales”, que permiten a la policía la detención por 24 horas de personas “en averiguación de antecedentes y medios de vida”.

No hay estadísticas de la aplicación de ‘edictos’ en el Gran Rosario o la provincia, pero en la Capital Federal se pasó de 28.488 casos en 1987 a 106.273 en 1994 (Página 12, 27/12/95). (En 1990, la Suprema Corte menemista ratificó la “constitucionalidad” de los edictos).

¿Acaso los legisladores santafesinos se aprestan a derogar este mecanismo represivo? Nada de eso. “Que la medida (el edicto) siga existiendo pero con el límite que aconseja el momento” —dice uno de los informantes del proyecto—. Esto implica “dotar a las fuerzas de seguridad de la adecuación tecnológica necesaria para... que al detener una persona (sepan) inmediatamente quién es” y, en tal caso, “los plazos de detención se van a poder acortar” (La Capital, 26/5).

En definitiva, mantener los edictos, reforzar la policía,  instaurar el ‘movicom’de la dictadura y someter a la población a una razzia permanente.

La UJS plantea: movilizarse para arrancar la derogación de los edictos, que determinan la detención “por portación de cara”.

Los estudiantes secundarios, a partir de la iniciativa de algunos centros y procentros, impidieron en su momento la virtual eliminación del boleto estudiantil. La Coordinadora, que ha comenzado a funcionar, tiene dos campañas por delante: la lucha contra el cierre de cursos y por la derogación de los edictos.