El rector radical Lima y la Franja Morada necesitaron de la policía de Duhalde-Piotti para adaptar los Estatutos de la Universidad a la Ley de Educación Superior impuesta por el Banco Mundial.

La ‘Asamblea’ sesionó mientras una parte de los asambleístas opositores estaban presos (consejeros estudiantiles), lo cual la descalifica jurídicamente y demuestra la hipocresía acerca del ‘disenso democrático’ en el marco del ‘funcionamiento de las instituciones’.

Los radicales chantajearon con la tesis de que si ellos no hacían la ‘reforma’, venía la intervención del gobierno a la Universidad, sin percibir que el actual régimen universitario la hace innecesaria.

 

¿Qué se votó?

Adentro de la Biblioteca de la Universidad y al amparo de los gases lacrimógenos, se votaron:

1) Los artículos que impulsan la “venta de servicios a terceros” como fuente de financiamiento, el corazón de la privatización educativa.

2) La restricción al ingreso, al dejar en pie el módulo de admisibilidad de Medicina (que deja afuera a más de la mitad de los aspirantes todos los años) y el limitacionismo en toda la Universidad.

3) El monopolio de la representación del claustro docente para los profesores titulares, pues los auxiliares y jefes de trabajos prácticos, que son mayoría, votarán en un subclaustro.

4) Elevar los requisitos para ser representante estudiantil a condiciones proscriptivas, y otorgar dos reelecciones más —va por la primera— al actual rector.

5) Avalar los aranceles de las carreras y cursos de posgrado en la línea del Banco Mundial “de implementar los cambios en forma gradual logrando consenso en las reformas…” (Informe Nº13835-AR).