La titular del ministerio de Educación, Susana Decibe, arribó la semana pasada a un acuerdo con dirigentes empresarios del Grupo de los 8 (Asociación de Bancos, Unión Industrial, Sociedad Rural, etc.), que según informa  La Nación (26/6), permitirá a las empresas “derivar a la capacitación profesional fondos que tendrían que ir a la DGI”. El mismo matutino explica muy claramente los alcances del acuerdo: “Una empresa que paga dos millones de pesos al año en salarios dice que quiere aplicar 20.000 pesos a un curso (por ejemplo, para ‘capacitar’ estudiantes secundarios o jóvenes que buscan su primer empleo). Justifica los costos, duración, etc. y (recibe) un certificado de crédito fiscal que puede presentar a la DGI para reemplazar el pago de impuestos”(ídem). ¿Qué tal?

Menem/Decibe han organizado, entonces, una vía ‘legal’ para la evasión fiscal. Como cualquiera puede imaginar, la iniciativa no está regida por criterios pedagógicos o académicos, sino por otros más prosaicos. El asunto, sin embargo, es de un calibre más vasto, pues se inscribe en la tendencia, que no es de modo alguno una ‘excepcionalidad argentina’, a concentrar en un sector muy reducido de la población las posibilidades de enseñanza integral, en tanto que reserva para las mayorías la formación precaria de ‘especialidades’ y ‘oficios’, calificada por sus apologistas como “educación con salida laboral”.

Expresión de esta tendencia es, por ejemplo, el régimen de las llamadas ‘pasantías’, donde el joven ‘pasante’  no realiza ningún tipo de tarea vinculada con su ‘capacitación’, pero sí exime a las empresas del pago de aportes patronales, indemnización, preaviso, etc.

Más recientemente (ver PO nº 500), el rector de la UBA, Schuberoff, anunció un plan que formalmente sustituyó la formación universitaria por dos “ciclos cortos” con “inserción laboral”, esto es, la transformación de la Universidad en un simple reservorio de mano de obra barata. La ‘novedad’ que introduce el acuerdo de la Decibe con ‘los Ocho’ es que, además, los ‘mecenas’ de la UIA podrán obtener susbsidios del gobierno para ‘invertir’ en ‘capacitación’, o sea que el presupuesto  público será destinado a una política de explotación social y negociado económico.

No es correcto, entonces, lo que dice el director del Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional, Pedro Weinberg, de que “las escuelas (deberían) dejar de pedir y empezar a ofrecer más, estar al servicio del proceso productivo” (Página 12, 8/6) (es decir, por un lado, de la recesión y la desocupación masiva, y por el otro, de la proliferación ilimitada de capital especulativo).

Pretender que la educación debería ser adecuada al proceso productivo, equivale a transformarla en una fuente de beneficio capitalista. Al revés, debería procederse a ‘adecuar’ (es decir, mejorar, elevar) la organización social al acervo científico y tecnológico alcanzado por el desarrollo de la humanidad, es decir, suprimir el freno que representa el capitalismo al aprovechamiento integral de las fuerzas productivas (en primer lugar, del hombre).

La ministra Decibe, que a falta de otros atributos tiene, a veces, la virtud de ser clara, sostuvo que “nuestros trabajadores deben competir con países donde se dan niveles casi de esclavitud” (La Nación, 26/6). Así que imaginémonos qué puede depararnos la continuidad de los planes menemistas en materia ‘educativa’.