El 11 de junio de 1879, hace 138 años, las tropas del ejército nacional conducidas por el General Roca llegaban a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y concluía de hecho la Campaña del Desierto. El saldo fue el exterminio de miles de indígenas– cuyo número fue deliberadamente oculto a la población –, la continuidad de ese exterminio en las estancias a precio por cabeza por indio muerto,  el uso de gran parte de los que quedaron vivos como mano de obra semiesclava y de las mujeres y niños indígenas como siervas y siervos de las familias oligárquicas. No hubo conquista alguna sino un paseo militar a lo largo del cual se consumó una masacre porque “el ejército argentino ya estaba dotado del rémington y cañones de retrocarga y el guerrero araucano no disponía más que de su lanza de coligue  y otras armas primitivas” (1). El fundamento oficial (gobierno Avellaneda) para la expulsión y martirologio de las poblaciones indígenas fue ganar tierras para ser volcadas primordialmente a la agricultura, entendida como proceso de transformación social. Lo que hubo fue un reparto de tierras de características inéditas en la historia del país: entre 1876 y 1903 1.800 terratenientes recibieron 41.787.000 hectáreas, no en desierto alguno sino en la feraz pampa húmeda (2). Varios recibieron entre 200.000  y 2,5 millones de hectáreas, volcadas en gran medida a la invernada parasitaria del ganado y no a la agricultura. La mayoría de la masa inmigrante  terminó yéndose sin el pedazo de tierra que pensaba lograr o engrosando las filas de la clase obrera.

 

Estados Unidos y Argentina

 

La política inmigratoria del Estado argentino, dominado por la oligarquía ganadera y el capital inglés, fue dictada por los latifundistas de la pampa húmeda. En la década del ’70 del siglo XIX los debates sobre este punto tuvieron que aludir forzosamente a la ley de Asentamientos Rurales de Estados Unidos (Homestead Law) que aseguraba la propiedad de 160 acres (64 hectáreas) a todo aspirante que marchara hacia el Oeste en busca de su predio y la cultivara durante cinco años, haciéndose cargo de un insignificante costo de escrituración. La ley fue decretada por Lincoln en el segundo año de la Guerra de Secesión e incluía a los blancos y a los negros “liberados” (lo que dejaba fuera, en cualquier caso, a la inmensa mayoría de esclavos). En oposición, el pretendido acceso de la tierra en la Argentina para el inmigrante se convirtió por el contrario, en el papel o en los hechos, en una farsa. En 1876 se promulgó la primera legislación de tierras nacionales, que permitía a las compañías colonizadoras privadas subdividir y colonizar tierras por su cuenta, lo que convirtió la ley en una burla. Pero aun en aquellos casos en los que se abrieron procesos de colonización en las provincias (Santa Fe, Córdoba), éstos chocaron contra el latifundio dominante en el inmenso escenario de la pampa húmeda. Toda la región libre de indios estaba monopolizada por la clase terrateniente al momento de la llamada conquista del desierto y gran parte del costo militar de esta expedición fue pagada con bono redimibles en tierras públicas en cinco años.

 

Es decir, en Estados Unidos, la lucha contra los pueblos indígenas que ocupaban el Oeste americano fue librada por los granjeros y sus familias a la búsqueda de tierras propias, lo que planteaba, con los límites que se puedan formular, una colonización libre en lo que sería su corazón productivo agrario. La población campesina fue desplazando al indio, afincándose en miles de propiedades, con el ejército jugando un papel auxiliar.

 

En la Argentina, el ejército conquistó la tierra por orden de los estancieros, extendiendo el latifundio y expulsando de la tierra al nativo y al inmigrante.

 

Este es el saldo histórico.

 

Militarismo

 

Los ejecutores de la Campaña, los soldados, no obtuvieron nada en el reparto de tierras, aunque sí los altos mandos – que se cansaron de recibir hectáreas vía decretos o leyes. Lo significativo, sin embargo, es que la Campaña jugó un papel en la consolidación del ejército como factor político de primer orden en la “pacificación nacional” que fue la base de la formación del Estado nacional. Lo había jugado con otra fisonomía en el aplastamiento de las rebeliones en las provincias contra el saqueo porteño y la Guerra del Paraguay – “sólo entre 1862 y 1868 se produjeron 107 revoluciones y 90 combates en los que murieron 4.728 personas” (3). Lo jugaría en la Conquista del Desierto y más tarde en la represión sobre la clase obrera con nombres propios – 1909, Semana Trágica, Patagonia Rebelde.

 

El sometimiento del gaucho y el exterminio del indio tomaron la forma social de la estancia. Esta estructura fue el principal contenido social que procuro la clase propietaria que conquistó la autonomía política a partir de Mayo de 1810. De régimen de desarrollo de las fuerzas productivas la estancia se convertirá en el latifundio y se convertirá en principal traba para ese desarrollo, que bloqueó el poblamiento del campo argentino y su desarrollo en otra escala del mercado interior. El Ejército fue el instrumento pretoriano de ese proceso. Para la izquierda “nacional” tributaria del peronismo esta caracterización es de otro mundo, desde el momento que considera que “Roca… echará las bases de una moderna institución castrense, cuyo origen montonero, es decir, popular, será su mejor heráldica” o que Roca expresaba “el nacionalismo más profundo…extraño a la ciudad puerto” (Ramos), un panegírico que reiterará Jauretche, emparentando al ejército de Roca con el “modernizador” de Perón. No habrá sido por casualidad la emisión, bajo el gobierno de CFK, del billete con la imagen de Roca y la Conquista del Desierto.

 

Un debate de hoy

 

El kirchnerismo ha hecho uso y abuso de una demagogia democratizante pro indígena. Reivindican a Milagro Sala por indígena, exaltan a los pueblos originarios llamando a su “integración”, una política que se extiende al peronismo de las provincias. Estos halagos son juegos de artificio, desde el momento que no han significado la satisfacción de reclamo alguno, fuera del subsidio ocasional. La demagogia no impidió, bajo el gobierno CFK, la emisión del billete con la imagen de Roca y la Conquista del Desierto.

 

En decenas de pueblos y ciudades la denuncia de la Conquista del Desierto y la impugnación de la historia que la reivindica ha pasado a ser un tema de debate en aulas y organizaciones. Es por esta corriente popular de rechazo que su conmemoración esté deliberadamente silenciada y que la última gran reivindicación haya sido hecha por la dictadura militar: en numerosas plazas y lugares públicos fueron colocadas placas de bronce con una inscripción de homenaje “a los héroes de la Conquista del Desierto en el centenario de la gesta del 11 de junio de 1879”. Un homenaje compartido por la jerarquía del clero en masa, que fue también acompañante silencioso, hace cien años,  de los “excesos” de la expedición militar.

 

“La historia cosecha los acontecimientos del pasado, amplificándolos o no en función de las necesidades presentes. Es en función de la vida que se interroga la muerte” (Lucien Fevbre). Esa interrogación no puede ser pasiva. La construcción de una historia oficial – celosamente custodiada por un conjunto de instituciones – tiene un propósito consciente:  adormecer la conciencia de las masas, anular en la memoria histórica de trabajadores y oprimidos la historia real de levantamientos populares en que se puso en discusión – ríos de sangre mediante – si confiscar a los grandes propietarios de minas y haciendas, si entregar la tierra (sí, también a los aborígenes), si romper el monopolio de la Aduana porteña en manos de comerciantes y terratenientes. La historia debe “desenterrar” a las poblaciones indígenas del lugar de barbarie a que han sido confinadas por la historiografía dominante, reivindicando su papel en las luchas de la independencia en el Alto Perú y en Litoral y fijar un juicio histórico sobre la operación de exterminio que consolidó el latifundio y el militarismo.

 

En el caso de los pueblos indígenas existe un confinamiento – “quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos….una invencible repugnancia…” y “a quienes habríamos hecho colgar”, diría Sarmiento, que oculta el despojo de la tierra de sus ancestros y hoy es motivo de reclamos y movilizaciones.

 

Los que producen la riqueza del país  (incluidos y en particular los que descienden de los pueblos originarios) tienen planteado apropiarse de la historia y de todos los recursos que les han sido expropiados, lo que se resume en la lucha por un gobierno de trabajadores. Un gobierno para que el que hay que abrir camino, planteando hoy, en una nueva circunstancia histórica, una revolución agraria, mediante la nacionalización de los grandes propietarios y pulpos agrarios, del comercio exterior, de los puertos privados y una reorganización social para llevar al campo a los obreros rurales y a los pequeños chacareros (sí, también a los que hoy se reivindican herederos de los pueblos indígenas).

 

Construyamos junto al Partido Obrero (en el Frente de Izquierda) una alternativa política independiente de todos aquellos que reivindican, en silencio o provocadoramente, la desaparición del indio.

 

 

Fuentes

 

1-E. Draghi Lucero, El coronel Manuel Olascoaga, Ediciones Culturales de Mendoza, 1995. 

2-Sociedad Rural Argentina, Anales, 1904.

3-Nicasio Oroño, declaraciones 28.9.68, citado por Busaniche, Historia Argentina, Solar Hachette, Buenos Aires, 1969.

4-J.A. Ramos, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, La Reja, Buenos Aires, 1961.

5-D.F. Sarmiento, Obras Completas, T.II, Luz del día, Buenos Aires, 1956.