Durante el año 2020, según el último informe de Global Witness (13/9), 227 activistas ambientales fueron asesinados. Desde 2013, la ONG registra un nuevo récord cada año, alertando que las cifras probablemente sean mayores “ya que muchos de los ataques contra personas defensoras no son denunciados”. La tendencia demuestra que, donde se intensifica la crisis climática, aumenta también la violencia contra quienes se organizan y defienden el medio ambiente.

La mitad de estos asesinatos se concentran en tres países. Primero aparece Colombia (65), donde los grupos paramilitares operan con la complicidad del Estado. Han sido violentados cientos de líderes comunitarios e indígenas que se proponen defender sus tierras, saqueadas por empresas hidrocarburíferas y mineras, que contaminan el ambiente. Además de estas agresiones, el gobierno de Iván Duque impulsó una represión criminal contra la rebelión popular que enfrentó la reforma tributaria.

En la lista sigue México (30). El 95% de los casos no obtuvo ninguna condena a los responsables. Un tercio de ellos están ligados a la explotación forestal. En tanto, la impunidad de las fuerzas armadas, que están a cargo de la construcción del Tren Maya, es total. La atracción turística pretende ser un reconocimiento del acervo cultural maya, pero implica el desalojo de 2.000 hogares lindantes y una destrucción ambiental irrecuperable. Entretanto, con la hipocresía a flor de piel, el presidente Andrés Manuel López Obrador se llena la boca hablando a favor de las comunidades indígenas, exigiendo a la Corona española que se disculpe con los mexicanos por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la conquista.

Y en tercer lugar, Filipinas (29). La asunción del presidente Rodrigo Duterte vino aparejada de una creciente represalia contra los activistas: desde 2016 se han registrado un total de 166 personas asesinadas y centenares detenidas durante las manifestaciones contra la minería y tala ilegal, pesca con dinamita, extinción de vida silvestre, etcétera.

El Brasil de Bolsonaro, negacionista del cambio climático y depredador del Amazonas, aparece cuarto, con 20 crímenes. Le sigue Honduras, con 17 casos. En este último país, los familiares de Berta Cáceres siguen luchando por justicia para la referente que fue asesinada en 2016 por oponerse a una represa hidroeléctrica que dañaba el río Gualcarque. De los 10 países con mayor cantidad de muertos, 7 son de América Latina (Guatemala, Nicaragua y Perú también integran también el listado).

Además de asesinatos, los ataques del Estado contra quienes defienden el medio ambiente traen consigo amenazas, persecuciones políticas, torturas y hasta violaciones sexuales. Ello, en pos de preservar sus acuerdos millonarios con empresas multinacionales, que lejos están de realizar sus actividades económicas en armonía con el medio ambiente. Es imprescindible, para nuestras vidas y la del planeta entero, cortar de raíz con el régimen de los que depredan el ambiente.

El 24 de septiembre, día de la huelga internacional por el clima, exijamos el cese de los crímenes y las amenazas contra los luchadores ambientales.

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