Las movilizaciones que tuvieron lugar en todo Chile por el día internacional de la mujer trabajadora, no estuvieron eximidas de la acción represiva del Estado. Particularmente en el caso de la concentración que se verificó en Santiago, a la que se estima concurrieron más de medio millón de mujeres a Plaza Dignidad. Allí, un fuerte operativo represivo desató toda su brutalidad principalmente en horas de la noche. Carros hidrantes, gases lacrimógenos, arrestos y abusos sexuales fueron las “armas” que desplegó Carabineros contra las mujeres que se dieron cita.

Con el correr de las horas se fueron conociendo hechos que daban cuenta de la gravedad de lo sucedido a partir de los testimonios de brigadistas que asistieron a las víctimas encontradas en las inmediaciones, visiblemente afectadas por los gases y químicos y estado de shock. Una de ellas manifestó haber sido abusada sexualmente. Frente a estos hechos, la Coordinadora Feminista 8M declaró: “Somos cuerpo colectivo de indignación y resistencia para denunciar y convocar a la solidaridad internacional frente a la represión que vivimos en la jornada de Huelga General Feminista del lunes 8 de marzo. Ese día que es nuestro, que no es de celebración, sino de protesta, hicimos presente nuestro derecho a la manifestación por medio de diversas formas de movilización y de cuidado entre todas. En ese contexto, la policía respondió una vez más, gaseándonos, reprimiéndonos, arrestándonos y ejerciendo violencia política sexual”. Reclama, asimismo, “la disolución de Carabineros de Chile, institución que nos mata, mutila y abusa.”

El estado policial en Chile no terminó con la dictadura de Pinochet, sino que se mantuvo en los 30 años de “democracia”, en los cuales las fuerzas represivas y en particular Carabineros, conservaron sus facultades y recursos gracias a los distintos gobiernos que se sucedieron en el poder. A partir de la rebelión popular iniciada el 18 de octubre del 2019, la política represiva fue abierta, a los ojos de todo el mundo, con miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, presentadas en instancias internacionales incluso. No se trata de actos aislados producto del exceso de algunos agentes, sino de un accionar deliberado y sistemático que incluyó diversas formas de torturas, violaciones, mutilaciones y asesinatos que se siguen sucediendo en la actualidad.

En el caso particular de mujeres y cuerpos feminizados los golpes y agresiones verbales propios del acto represivo vienen acompañados de vejaciones como desnudos, tocamientos y abusos sexuales. Hay una cuota extra de perversidad y crueldad que tiene una clara funcionalidad política de disciplinamiento de uno de los movimientos políticos más poderosos en los últimos años, como lo es el movimiento de mujeres.

Merece una mención especial la oposición que ha puesto sus esfuerzos al servicio de la continuidad de Sebastián Piñera y que la bronca popular sea canalizada por la institucionalidad. Ésta es la “paz social” que surge del pacto que dio origen al proceso constituyente en curso: la violencia estatal se sigue desatando contra el pueblo chileno.

La aprobación del estado de catástrofe la semana pasada por parte del Congreso, contó con votos y abstenciones funcionales a la sanción por parte de la oposición. Estamos hablando de la herramienta legal que precisaba Piñera para continuar con el proceso de militarización en el Wallmapu y mantener al país en un estado de excepción al servicio (frente a las protestas que se suceden a diario) de la finalización de su mandato y el posterior recambio ordenado del personal político en todos los órdenes del Estado. La violencia político sexual ejercida contra mujeres y disidencias sexuales particularmente, es producto también de la impunidad que le garantiza la justicia que solo es diligente a la hora de desestimar denuncias por violaciones a los derechos humanos contra los “pacos” y valerse de los montajes de éstos para apresar a cientos de luchadorxs.

Denunciamos al Estado chileno, a través de sus tres poderes, como el responsable de estos métodos de tortura dirigidos hacia nosotras, nosotres. Reclamamos la disolución de Carabineros y el juicio y castigo a lxs responsables materiales y políticxs de los abusos. Fuera Piñera y todos sus cómplices. A las calles, por una verdadera constituyente, libre y soberana y no esta farsa destinada a que nada cambie.

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