El día internacional de la mujer trabajadora encontró a miles de chilenas en las calles, verificándose en Santiago una concentración de más de medio millón de personas en Plaza Dignidad. Las marchas y concentraciones tuvieron lugar en todo el país, superando el centenar las convocatorias. La jornada de lucha estuvo precedida por acciones que surgieron por iniciativa de las asambleas barriales de los distintos territorios.

Aún en un contexto sanitario con índices de contagio alarmantes y con la represión estatal a la orden del día, las mujeres se convocaron de a miles para exigir, una vez más, los derechos negados sistemáticamente y denunciar al Estado como el garante de las condiciones que nos vuelven blanco de las distintas formas de violencia a las que estamos sometidas a diario.

La crisis generada por la pandemia viene siendo descargada en las espaldas de las familias trabajadoras y en el caso de las mujeres ello tiene consecuencias aún más lacerantes. La precarización laboral, la carga de las tareas domésticas y de cuidado y la violencia machista, agudizaron su peso en la existencia de miles de trabajadoras con la llegada de la pandemia.

Frente a cada reclamo la respuesta del gobierno fue una sola, la represión. Es así que en la jornada de ayer tuvo una centralidad absoluta la denuncia a la violencia estatal. Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y a la fuerza policial que las ejecuta se las refrenda con la ampliación de sus facultades. Cada minuto de Sebastián Piñera en el poder es un riesgo para nuestras vidas, por ello este 8M la consigna “Fuera Piñera” también tuvo protagonismo.

La represión en el caso de las mujeres incluye abusos sexuales y vejaciones de todo tipo según dan cuenta las denuncias contra Carabineros. Por ello, en las plazas de lucha de todo Chile por el día internacional de la mujer trabajadora se hizo sentir el reclamo contra la impunidad de los “pacos” y la exigencia de disolución de esta cueva de violadores, mutiladores y asesinos.

Otra de las demandas presentes fue la exigencia de libertad de lxs presxs políticxs, que incluyó un mitín y “barrotazo” en la cárcel de mujeres de San Miguel. Son cerca de 2 mil detenidxs en manifestaciones populares, la gran mayoría con prisiones preventivas arbitrarias, lo que se traduce en una condena a sus familias y un mensaje al pueblo chileno en su conjunto.

Colectivos de mujeres migrantes estuvieron presentes denunciando las políticas de persecución y represión por parte del Estado chileno a que se ven sometidas con sus familias. Vivir en Chile siendo mujer, pobre y migrante es una condena a la negación de los derechos más elementales.

Junto a la denuncia al Estado policial estuvieron planteadas todas nuestras demandas históricas. Entre ellas el derecho al aborto legal, libre y gratuito para terminar con la clandestinidad que muchas veces se cobra la vida de las mujeres. Las 3 causales actualmente vigentes para acceder legalmente a la interrupción del embarazo son harto insuficientes, como lo es la despenalización que se discute desde enero en el Congreso.

Mientras los partidos que gobernaron y gobiernan y, por lo tanto son los responsables de la degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora en todos estos años, empeñan sus esfuerzos en cerrar el proceso político abierto con la revuelta popular del 2019, con una constituyente amañada y que probablemente termina copada por ellos mismos, las mujeres volvieron a poner de manifiesto la potencialidad de un enorme movimiento de lucha que desde las calles puede conquistar todos los derechos que le fueron negados.