Al conmemorarse 10 años del levantamiento campesino de Chiapas, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), diversos intelectuales “primermundistas”, celebraron, como su mayor conquista, los “cambios culturales” que el EZLN habría introducido en la izquierda latinoamericana y mundial –la “revolución sin tomar el poder”, el reconocimiento de la “pluralidad identitaria”, la “estrategia del caracol”, el uso de Internet como arma de comunicación política, etc.–hasta presentarlo como el precursor del movimiento “altermundialista”, hoy expresado en el Foro Social Mundial. No sólo se hace una pura abstracción sino que se oculta que la propia izquierda “antiglobalizadora”, en el momento del levantamiento de Chiapas, reunida en el Foro de San Pablo, tomó prudente distancia del mismo y condenó su “violencia” (el SU de la IV Internacional, presente en la instancia, llegó a proponer la mediación de la Iglesia Católica para una salida negociada), esto mientras el ejército mexicano masacraba a los campesinos insurrectos, fusilando sin juicio a decenas de prisioneros, el EZLN nunca fue admitido, siquiera como observador, en el Foro de San Pablo.

Desde 1994 irrumpió en el sur mexicano (Chiapas), en la Selva Lacandona, la más importante rebelión campesina desde la revolución de 1910-1917. Lejos de amainar, fue el punto de partida de una agudización nacional de la lucha de clases, que tuvo un punto culminante en la huelga de la Unam de 1999-2000. Esta duró más de diez meses y provocó una importante polarización política nacional, que convergió con la lucha del EZLN y otras de los trabajadores, campesinos y jóvenes, como la huelga de Volkswagen (declarada ilegal por los tribunales); la huelga del personal de compañías aéreas, que casi provocó la ocupación militar y el uso de la ley de emergencia nacional; la huelga de los trabajadores del azúcar; de la fábrica de ómnibus Dina, así como la huelga del Stunam (sindicato de profesores y no-docentes de la Unam) por 50% de aumento salarial.

El alzamiento zapatista reconocía sus antecedentes en un proceso de organización y lucha del campesinado indígena a partir, por lo menos, de mediados de la década del ‘70. Explotó en enero de 1994, en el exacto momento de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos (Nafta). Las limitaciones de su dirección política eran un producto de la historia de la izquierda mexicana, en una de sus vertientes, el maoísta Frente de Liberación Nacional (FLN), que se transformó en EZLN. El desarrollo de la insurrección verificaría los límites del zapatismo que pasó, a partir de la Convención Nacional Democrática de 1995, a apoyar la candidatura presidencial del perredista Cárdenas, con el que pretendía construir un “Movimiento de Liberación Nacional” (MLN). Al conciliar con esa izquierda burguesa y no abrir una alternativa propia, el EZLN también fue entrando en un impasse, que llevó al fracaso al MLN y a las negociaciones con el gobierno, que concluyeron con una masacre perpetrada por el ejército en febrero de 1995. La Convención Nacional Democrática (CND) llamó a “los mexicanos honestos” a un “cambio democrático y pacífico” y luego el EZLN llamó a votar “contra los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus equivalentes, excluyendo a quienes no están de acuerdo en probar la vía electoral”, y defendiendo un “gobierno de transición”, que debería “salir del proceso electoral”, de “los candidatos que hay”. Luego, el dirigente del EZLN, Rafael Guillén, conocido como subcomandante “Marcos”, envió una carta a “los empresarios mexicanos honestos”, desmintiendo “la idea de que el cambio democrático en nuestro país traerá inestabilidad económica, desconfianza de los inversionistas, etc.”.

En 1994, el candidato del (PRI) (Zedillo) venció en las elecciones, pero por primera vez su partido obtuvo menos del 50% de los votos totales. Sobre el final del año, la crisis económica explotó, inaugurando el “efecto Tequila”, que conmovió mundialmente a los “mercados”. En febrero de 1995 se anunció un socorro financiero de 50 mil millones de dólares para salvar al peso mexicano. Bill Clinton tuvo que argumentar que era la única manera de impedir un colapso general del sistema financiero internacional, con consecuencias apocalípticas para la economía mundial y norteamericana.

El respiro ganado no frenó la crisis política interna. En febrero de 1996, el gobierno Zedillo, con la intermediación de la Iglesia, celebró con el EZLN los acuerdos de San Andrés de Larrainzar sobre los derechos indígenas en Chiapas. En julio, el EZLN promovió el primer encuentro internacional “contra el neoliberalismo”, que inauguraría, en los años sucesivos, una serie de peregrinaciones de la izquierda europea y norteamericana por el sur mexicano, que la izquierda de ese país bautizó como zapatours. Los Acuerdos de San Andrés, sin embargo, quedaron como letra muerta, lo que fue denunciado inclusive por el presidente de la comisión mediadora, la Cocopa (Comisión Parlamentaria de Concordia y Pacificación). Mientras tanto, la situación económica se fue deteriorando.

La crisis del régimen del PRI llevó a buena parte de la izquierda a visualizar una “revolución democrática” en curso. Era, en verdad, un cuadro de descomposición político-gangsteril del régimen –después del asesinato del candidato presidencial del PRI, Colosio, se produjo el del secretario-general del partido, Ruiz Massieu–, una descomposición del priato, a la que un vasto arco político, englobando desde los representantes del imperialismo hasta, curiosamente, algunos “trotskistas”, comenzó a llamar “revolución democrática”. En junio de 1997, en las primeras elecciones para gobernador del Distrito Federal (DF), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) venció con Cuavhtemoc Cárdenas, con el 48% de los votos: en las legislativas, el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados (pasando de 300 a 234 escaños), con el derechista Partido Acción Nacional (PAN) yendo de 119 a 124 y, sobre todo, el PRD de 64 a 126, además de ocho nuevos diputados “verdes”. Una de las estrellas intelectuales del país declaró que “México está viviendo un momento de euforia, tan feliz como el de la entrada en la capital de Francisco Madero, en 1911, después de la caída de Porfirio Díaz y 30 años de dictadura. El PRI perdió la jefatura del gobierno en el DF (el mayor centro urbano del mundo), la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y dos estados más, que se sumaban a los cuatro ya gobernados por el PAN. Más de la mitad del país es gobernada, actualmente, por la oposición”.

El verdadero rostro de la “democratización” fue dado por “la ruptura de los acuerdos de San Andrés (con el EZLN), la formación de los escuadrones de la muerte, la militarización de Chiapas, una estrategia de contra-insurgencia que provocó más de doscientos asesinatos en dos años”. El gobierno de Zedillo, asesorado directamente por el imperialismo, combinó la “negociación” con las provocaciones, que culminaron en varias masacres, explotando a fondo las debilidades políticas de la dirección zapatista. Mientras el gobierno de Zedillo dio vía libre para la militarización de la región, el accionar del Ejército cobró características independientes (preanunciando la militarización general del país), el imperialismo intervino directamente a través del trabajo de zapa realizado en la región por las sectas protestantes. En diciembre de 1997, todo culminó con la masacre de Acteal, cuando decenas de campesinos fueron muertos, las bases zapatistas fueron cercadas y millares de habitantes de Chiapas fueron obligados a migrar para evitar el hambre y la persecución. Al mismo tiempo, sin embargo, el levantamiento del sur cobró características nacionales con la reactivación de viejos grupos guerrilleros (por ejemplo, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), en el estado de Guerrero), la formación de un “zapatismo civil” (FZLN) en las ciudades y el surgimiento de corrientes sindicales vinculadas al zapatismo. Comenzó inclusive un trabajo de organización de los trabajadores mexicanos en el sur de los EE.UU., donde éstos no sólo realizan tareas agrarias descalificadas, sino que son también un porcentaje creciente de los trabajadores urbanos industriales y de servicios de la metrópoli.

La “revolución democrática” emitió su canto de cisne a finales de 1997, cuando el PAN rompió con el bloque opositor y se alió con el oficialista PRI, para aprobar en el Parlamento, el presupuesto nacional para 1998. El PRD colaboró reprimiendo las luchas obreras en el DF y, principalmente, en la represión de la huelga universitaria de 1999-2000, cuando efectivos federales invadieron brutalmente el campus de la Unam, después de las manifestaciones que habían reunido 200 mil manifestantes en la plaza del Zócalo (detuvieron a 998 estudiantes).

En el cuadro del “gran acuerdo” tácito PRI-PAN-PRD, se aisló cada vez más la lucha de Chiapas, que pasó a tener más vigencia como centro de “turismo revolucionario” internacional. Los representantes del gobierno pusieron el desarme del EZLN como condición para la negociación, lo que fue recusado por los zapatistas, que reclamaron la salida de las tropas de los territorios ocupados con 40 mil soldados. Con la presión del ejército, los zapatistas perdieron sus principales bases de operación (Guadalupe Tepeyac, la cañada Patihuitz, San Miguel, La Garrucha, El Prado, La Sultana). Refugiados en las montañas, se contactaban con sus bases de apoyo a través de La Realidad, nueva puerta de entrada del “territorio zapatista”, con algunas comunidades de Los Altos de Chiapas. De allí salían las caravanas de la Cruz Roja que escoltaban a los comandantes del EZLN para las negociaciones.

No obstante, en las elecciones presidenciales del 2000, el “subcomandante Marcos” y el EZLN insistieron en su apoyo a Cárdenas y al PRD, el cual declaró que daría el Ministerio de Asuntos Indígenas para “Marcos”, con máscara pasamontañas incluida. El PRD acabó obteniendo 16% de los votos, un desastre. El “candidato Coca Cola”, Vicente Fox, del PAN, obtuvo la victoria con más del 43% de los votos –el PRI perdió su primera elección presidencial en un siglo– siendo inmediatamente felicitado por Bill Clinton y por intelectuales mexicanos como Enrique Krauze, quien juró ante el Time Magazine que “México finalmente se tornó una democracia”. Fox ordenó el retiro de 1.500 soldados del cerco que rodeaba al EZLN, prometiendo un “acuerdo de paz” (los solados se limitaron a volver a sus barracas, mientras otros 60 mil permanecieron en sus posiciones). El EZLN puso, como condiciones para la paz, el retiro del ejército y la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, que era apenas uno de los seis puntos de la mesa de debates con el gobierno del PRI. Vicente Fox saludó la “nueva actitud, nuevo modo de pensar, del EZLN”. En febrero (del 2001) se inició la marcha pacífica del zapatismo de Chiapas a México DF, que culminaría en un gran acto público, el 11 de marzo. Luego, se volvió a la situación anterior. Lo que pretendía (y pretende) Fox es un acuerdo para valorizar los inmensos recursos naturales de la Selva Lacandona: 25% del agua superficial del país (45% del suministro hidroeléctrico), reservas petrolíferas e importantes yacimientos de uranio.

El programa de Fox venía, en realidad, a completar el programa salinista (de Salinas de Gortari, presidente 1988-1994), la “segunda generación de reformas”, después de la desregulación financiera y comercial, y las grandes privatizaciones: privatizar la educación, desmantelar la seguridad social, imponer la regresividad del sistema impositivo y la flexibilización laboral (reformando la Ley Federal del Trabajo), destruir los contratos colectivos y debilitar al sindicalismo controlado por el PRI, para promover el ataque a todas las conquistas sociales e incrementar la superexplotación (aumentando la competitividad mexicana en el “mercado global”). En el 2001, el gobierno pagó 29 mil millones de dólares a los acreedores de la deuda pública externa. Si añadimos el costo de la deuda pública interna, llegamos a sumas astronómicas. En el mismo año, el costo financiero de la deuda pública interna y del Fondo de Fondo Bancario de Protección al Ahorro–Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (Fobaproa-Ipab) representó 131 mil millones de pesos mexicanos (14 mil millones de dólares). El total de la deuda pública interna y externa supera los 150 mil millones de dólares (mitad interna, mitad externa). El costo de esa deuda representó, en 2001, alrededor de 43 mil millones de dólares: una hemorragia tremenda de recursos hacia los capitalistas nacionales y extranjeros acreedores. El tesoro público dedica 2,5 veces más dinero al pago de la deuda que a la educación pública, en un país en el que hay 32,5 millones de mexicanos analfabetos y más de la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza.

Las nuevas privatizaciones (electricidad y… petróleo), los nuevos impuestos al consumo, el desempleo galopante y el deterioro salarial han repuesto a la orden del día la crisis política: el PRI ha vuelto a ganar las elecciones legislativas, en julio del 2003, y el Congreso ha trabado el “plan de reformas” de Fox. Sobre todo, han abierto un nuevo capítulo de la lucha de las masas, con la concentración de más de 150 mil manifestantes en el Zócalo, a fines de noviembre del año pasado. La rebelión de Chiapas, por lo tanto, abrió una etapa política que plantea una salida revolucionaria en el talón de Aquiles, en el bajo vientre del imperialismo norteamericano.

Para que eso suceda, debería superar las limitaciones insalvables de su dirección o direcciones. Después de 10 años de luchas y masacres, el zapatismo no ha visto realizadas ni las más elementales de sus reivindicaciones (el reconocimiento de los derechos indígenas sobre sus tierras). Hasta sus más ardientes defensores reconocen que “el aterrizaje (del EZLN) en la escena política nacional ha terminado por capotar” (Bernard Duterme, El Diplo, enero 2004). El proletariado y el campesinado mexicanos precisan de una política independiente, que sólo podrá ser realizada por su propio partido.

El programa del zapatismo es contrario a esos objetivos. Ha ido cayendo en un impasse creciente, que ha intentado resolver por medios simbólicos, de los que se apropió un (centro) izquierda oportunista que fue inicialmente su detractor, cuando el EZLN encabezó una lucha de masas. El balance del zapatismo es un elemento esencial para la formulación del programa de la revolución socialista, latinoamericana y mundial, y debe ser lo contrario de la apología oportunista que hace la llamada “izquierda alterglobalizadora”.