Este jueves, más de 10 mil personas se movilizaron en Ciudad de México a cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

En el Zócalo, los familiares volvieron a responsabilizar al Estado por los hechos y por el operativo de encubrimiento posterior. “Hemos recorrido montañas, pueblos, ciudades, para encontrar a nuestros hijos”, expresó Doña Joaquina García, madre de uno de los normalistas, que denunció también la campaña de descrédito montada contra los chicos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI). “El gobierno los quiso involucrar con la delincuencia organizada pero ellos sólo salían a hacer sus actividades”, dijo.

Los normalistas se encontraban en la ciudad de Iguala, como parte de un viaje de recolección de fondos para asistir a una marcha aniversario en el DF por el aniversario de la masacre de Tlateloco, ocurrida en 1968. Pero fueron secuestrados y desaparecidos en un operativo que compromete (por acción u omisión) a un cartel del narcotráfico (Guerreros Unidos), agentes policiales municipales y estatales y efectivos del Batallón 27 de Iguala. “El Ejército jugó un papel muy importante, hay videos de las cámaras de seguridad donde patrullas y uniformados se llevaron a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que no aporten los videos para que se esclarezcan los hechos?  El Ejército de por sí ya había amenazado nuestros hijos. Tienen que llamarlos a declarar. ¿Cómo es posible que haya nombres y apellidos y no quieran dar con los responsables?”, denunció en el acto la madre de uno de los 43.

Doña Joaquina también reclamó “que investiguen a los culpables de la ‘verdad histórica’ que inventaron, que nos ha lastimado mucho”. El gobierno de entonces, de Peña Nieto, montó la falsa teoría de que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero de la localidad próxima de Cocula, esto con el propósito de poner un punto final al caso y desviar la investigación. Más de la mitad de los detenidos terminaron liberados, en un proceso plagado de irregularidades –incluyendo confesiones arrancadas bajo tortura- en que el gobierno se jugó a embarrar la causa.

Los familiares fueron acompañados en esta marcha aniversario por estudiantes, la CNTE de Oaxaca (sindicato docente), el sindicato de telefonistas, electricistas, y las fuerzas de izquierda. Hubo actividades en todo el país, con destacadas acciones de las normales rurales, y se hicieron paros de 48 horas en escuelas y facultades de la UNAM.

En coincidencia con el aniversario, el presidente Andrés Manuel López Obrador (del Morena) ofreció una conferencia de prensa, junto a un subsecretario de Derechos Humanos y el fiscal especial del caso, en la que reconoció que lo de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”. Y se comprometió a llevar a declarar a importantes funcionarios de la gestión anterior (como el ex procurador Jesús Murillo Karam, uno de los artífices de la ‘verdad histórica’), sin descartar incluso la comparecencia de Peña Nieto.

Los familiares tienen algunas expectativas, pero son cautelosos respecto a las promesas de López Obrador. “Que los hechos nos digan la verdad, si es realmente un gobierno comprometido con llegar a esclarecer el caso Atoyzinapa o solamente es tratar de sobrellevarnos”, señaló Don Emiliano, padre de uno de los 43, en el acto. Por lo pronto, los familiares aseguran que se mantendrán en las calles. “Vamos a seguir empujando, exigiendo con la misma intensidad. No por tener una nueva mesa de trabajo nos vamos a limitar en nuestras actividades, en seguir evidenciando lo ocurrido desde hace cinco años”, dijo en referencia a la nueva comisión de investigación abierta por el nuevo gobierno.

La tentativa de cooptación de López Obrador hacia los familiares encuentra un límite político. Contra sus promesas de campaña, el presidente ha puesto en el centro de su política de seguridad a las fuerzas armadas.

Cinco años

La Normal Rural de Ayotzinapa, de donde eran oriundos los 43, es una escuela con una larga tradición de lucha. En sus puertas se puede leer un cartel que dice “Ayotzinapa, la cuna de la lucha social”. Asisten en general estudiantes de familias campesinas con dificultades para costear los estudios en otros liceos. En 2011, dos de sus alumnos fueron asesinados por la policía durante un bloqueo en que reclamaban una reunión con el entonces gobernador de Guerrero. Tras las desapariciones, en medio de un clima de amedrentamiento, la matrícula decreció a la mitad (desde los 140 alumnos) (El Universal, 27/9). El Estado se ensañó con un semillero de activistas.

Cinco años después, reclamamos la aparición con vida de los 43. Abajo el narcoestado mexicano. Entre los cantos de homenaje que recordaron a los chicos, se destacaba uno que decía: “Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra / temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra”.

Así será.