A poco más de cumplirse cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los familiares han realizado una movilización en el Distrito Federal. Pese a que existe un bloque de contención de la movilización política que une al imperialismo, los principales partidos y la burocracia sindical, los familiares y las organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles que los acompañan marcharon sobre sedes del Ejército en todo el país, dado que éste también estaría involucrado en las desapariciones. La consigna “Fue el Estado” muestra su profunda veracidad.

 

El gobierno mexicano se jacta de 2.000 patrullajes y 456 puntos inspeccionados, pero éstos no han producido ningún resultado. Los casi cien detenidos requirieron la movilización previa de medio millón de personas en el Zócalo y la persistente movilización de los familiares y el activismo. El régimen genera pistas falsas, hostiga a los familiares y trata de armar un cordón sanitario para preservar a Peña Nieto y las figuras institucionales más importantes. Las reformas “de fondo” anunciadas por el gobierno no han ido, hasta ahora, más allá de foros de debate en el Senado mexicano. Además, es dudoso que en un año electoral el gobierno federal pretenda enemistarse con los caciques municipales. La responsabilidad del imperialismo, a su turno, en la crisis actual es manifiesta: ha quedado al descubierto el mecanismo que dio lugar al traslado de 7 mil millones de dólares del narcotráfico desde la subsidiaria mexicana del HSBC a Estados Unidos con el propósito de ser blanqueados. Por supuesto, el del HSBC no es un caso aislado.

 

 

Rebelión en el sur

 

Aunque Peña Nieto mantiene un control de la situación general, el sur del país se encuentra semisublevado. En Oaxaca hubo huelgas contundentes de la docencia y los trabajadores de la salud. El Frente Indígena y Campesino apuesta a concentrar 10 mil campesinos de diferentes puntos del país en el Distrito Federal en reclamo de la liberación de 60 presos. Decenas de ayuntamientos han sido ocupados en Guerrero y se han formado consejos comunales en algunos distritos rurales. En Acapulco, la ocupación de la sede municipal obligó al intendente a trasladar la sede de gobierno. La movilización viene siendo sostenida por un frente de organizaciones populares que incluye a la docencia combativa, algunos gremios estatales, organizaciones sociales, estudiantes normalistas y policías comunitarias. Los familiares han condicionado la realización de las elecciones de junio en Guerrero a la aparición con vida de los estudiantes. El centroizquierdismo (PRD, Morena, PT, etc.) hace causa común con el PRI y el PAN en el diseño de un operativo para asegurar los comicios.

 

 

Ajuste

 

El relativo aislamiento del activismo mexicano y las organizaciones combativas puede ser roto por otras circunstancias. Para compensar el derrumbe de los precios del petróleo, Pemex anunció un recorte sideral de gastos para los próximos cuatro años que incluye la “desaparición de la mitad de sus centros de compra (y) el despido de 17 por ciento de los trabajadores de los mismos” (La Jornada, 20/1), entre otras medidas. La necesidad de enfrentar el ajuste puede unir a familiares, campesinos, estudiantes y obreros en un único torrente contra el narcoestado criminal.