Eta, la organización separatista vasca, acaba de declarar un cese del fuego unilateral, por tiempo indeterminado y sin condiciones. En la declaración en la que formuló el anuncio, reivindica la posibilidad de una “solución negociada” que lleve a la autodeterminación del pueblo vasco y a su independencia en el cuadro de “una institución estatal única y soberana de las tres provincias que componen el País Vasco español, Navarra y el País Vasco francés” (Le Monde, 18/9).

La oferta de la Eta fue inicialmente despreciada tanto por el Partido Popular de José María Aznar, en el gobierno, como por el Psoe, opositor. Sin embargo, poco a poco, se la debió tomar con mayor seriedad y ya han comenzado ‘negociaciones exploratorias’ entre los representantes del gobierno de Madrid y los representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna Euzkadi desde hace más de quince años.

Ocurre que la oferta de la Eta está encuadrada en un giro más general de los partidos vascos, expresando en la llamada ‘Declaración de Lizarra’ que precedió en una semana al cese del fuego. Esta ‘Declaración’, firmada por todos los partidos vascos, incluido Herri Batasuna (el brazo político de la Eta), los sindicatos y otros grupos de presión, reclama una ‘solución negociada al conflicto vasco’. Las ramas vascas del PP y del Psoe rechazaron firmar este acuerdo.

Tanto esta ‘Declaración’ como la tregua de la Eta han sido impulsadas por el PNV, “el partido del establishment vasco” (Financial Times, 19/8). Como reconoce un editorialista de La Nación (4/10), “en realidad, la iniciativa de la Eta no provino estrictamente de ésta sino que fue inducida por prolijas negociaciones entre los representantes del grupo y del Partido Nacionalista Vasco”. Precisamente, hace tres meses, el PNV rompió la coalición gubernamental que mantenía con la ‘rama vasca’ del Psoe por sus crecientes divergencias acerca de la política a seguir frente a la Eta y Herri Batasuna. De todo esto resulta que el impulsor de este ‘frente nacional’ —que engloba a todos los partidos, sindicatos y grupos del País Vasco— es la gran burguesía vasca.

El presidente del PNV, Xavier Arzallus, acaba de declarar que “el pueblo vasco no cabe en la Constitución española” (ídem). Dado que esta Constitución ya establece la ‘autonomía’ del País Vasco, esta declaración indica que la gran burguesía vasca ha comenzado a reclamar una revisión constitucional que establezca la autodeterminación del pueblo euskera, es decir su derecho a la separación de España. Pero la separación misma no es apoyada por el nacionalismo vasco. En otras palabras, lo que está en juego no es la ‘paz’ sino una revisión del status de Euzkadi y, con él, la revisión del conjunto del régimen constitucional español. Pero siempre dentro de España.

La gran burguesía del País Vasco —una de las regiones más densamente industrializadas de España— ha venido desarrollando en forma sistemática relaciones comerciales independientes con terceros países (Tiempos del Mundo, 24/9). Con la emergencia de la moneda europea única —es decir, con la posibilidad de prescindir de la peseta española— esta burguesía vasca ve una posibilidad de ampliar sus negocios. Pero esto se encuentra en contradicción con las restricciones presupuestarias que imponen las llamadas ‘normas de Maastricht’, las cuales refuerzan las tendencias centralistas del Estado español sobre la ‘periferia’. Es la distribución presupuestaria la que está en discusión.

La ‘oferta’ de la Eta plantea, entonces, un principio de crisis política en España porque “no hay consenso (entre los partidos centralistas) acerca del enfoque hacia el conflicto vasco” (Financial Times, 18/9).

Un planteo consecuente de autodeterminación nacional, o sea la separación, plantearía el derrumbe del sistema monárquico que dejó el franquismo y la posibilidad de la República, o sea, de la unión libre de los pueblos ibéricos.