El gobierno de Francisco Sagasti (sucesor del destituido presidente Merino) fue producto de la crisis del régimen político y de las movilizaciones sociales. Es cierto que las marchas fueron agitadas por el poder mediático con el fin de velar por sus propios intereses económicos. Pero como el aprendiz de brujo de la obra de Goethe, con esta agitación, la centroizquierda del régimen abrió las compuertas de un movimiento que tiene sus propias leyes.

Un movimiento con sus propias leyes

Y en efecto, la victoria del movimiento popular contra la aventura golpista de Merino y las mafias políticas congresales ha operado, en el movimiento, como un “detonante” dando moral a los demás sectores populares como ONP (inscriptos en el régimen previsional estatal), CAS nunca más (movimiento por el pase a planta de trabajadores estatales contratados), trabajadores de la salud (aunque este sector está luchando desde la cuarentena), estatales, etc. para salir a combatir por sus reclamos a la vez que se retroalimentan.

No obstante, curiosamente, para algunos que se reclaman mariateguistas (y que eran pesimistas de una revuelta obrera y popular en medio de la pandemia), no hubo golpe sino tan solo un ajuste de cuentas legal entre la mafia vizcarrista y la mencionada anteriormente.

¿Fue un golpe de Estado el de Merino?

Contradictoriamente, hablan de un ajuste de cuentas entre mafias y “niegan” el golpe como si se tratara de niños rebeldes del barrio. Y es que a la vez que fue decretado constitucionalmente por el propio Tribunal Constitucional de la República, fue también un golpe porque utilizaron todo el poder del Estado parlamentario (además de tener el apoyo de Willax, la Coordinadora Republicana y el fujiaprismo que es experto en golpes de Estado), para imponer su voluntad con el apoyo de las fuerzas coercitivas policiales que reprimieron salvajemente a la juventud en lucha con el saldo de dos asesinados: Inti y Jack.

¿Quiénes estuvieron detrás del golpe?

Para el analista Francisco Durand, todo el poder empresarial (incluida la Confiep, cámara empresaria central), con excepción de Ipae, estuvo detrás del golpe. Sin embargo, enfatiza que “varios altos gerentes de grupos de poder (BCP, Ferreyros, Alicorp, Intercorp) se comenzaron a correr hacia el centro (habiendo permanecido callados frente al golpe), apoyando las ‘manifestaciones pacíficas’ y condenando las muertes. A la Confiep, presidida por Isabel León, poco atinada dirigente, ligada a Roque Benavides, no le quedó más remedio que dar marcha atrás”, (Detrás de los golpes, Otra Mirada, 23/11), señalando que la Confiep habría reculado.

Está claro que la Confiep es un sector patronal reaccionario y corrupto (con varios exmiembros investigados por lavado de dinero). Pero como da entender la nota en mención, pues, no estaba segura que el golpe iba a triunfar. Es por eso que estaba “con un pie adentro y otro afuera” desde el principio (leer comunicados 13/09 y 06/11). ¿Y es que como iba apoyar un gobierno del Congreso “populista”? Lo estigmatizaron como “populista” porque aprobó ciertas leyes que no les gustó al gran capital: devolución de aportes del sistema previsional estatal ONP, a quién lo solicite por necesidad frente a la pandemia; etc

Por el contrario, la decisión de poner gente vinculada directamente a la Confiep en el gabinete ministerial parece más una iniciativa de Merino y Acción Popular para darle sostenimiento a su débil gobierno.

Y es que, si bien es cierto, la Confiep, cuestionó el cierre del congreso fujiaprista realizado por Vizcarra hace un año, luego aplaudió a Vizcarra por operativizar el salvataje más impresionante de la historia republicana: Reactiva Perú, que fue a parar en un 71%, según Francke, a las arcas de este mismo gremio empresarial. A esto habría que agregar leyes que vulneraron más los derechos laborales como las “suspensiones perfectas” o “ceses colectivos”, la flexibilización de los protocolos sanitarios y la criminalización de los dirigentes sindicales por denunciar lo anterior. La OEA siempre estuvo del lado de Vizcarra y contra Merino.

Así las cosas, el golpe parlamentario fue una iniciativa de las mafias políticas vinculadas al negocio de la educación privada y la policía nacional, que contó con el apoyo parcial del diario El Comercio porque este estaba tratando de “curarse en salud” frente a los aires bonapartistas de Vizcarra, de quien temían que, por la propia dinámica de la crisis del régimen político y de Lavajato, pudiera terminar encarcelando a Graña Miroquesada y otros empresarios acusados de sobornos y corrupción. A la Confiep no le gustaba la idea de otro Fujimori, pero al igual que con este, terminó alineándose porque prevalecieron los negocios y medidas políticas y económicas a favor de ésta.

Sagasti saca fuerza de la debilidad del movimiento obrero y popular y pasa a la ofensiva

Ha pasado más de un mes desde la asunción de Sagasti al poder y todo continúa igual. Las promesas de cambio que hizo en su toma de mando usando fraseología vallejiana (citando al poeta peruano César Vallejos) se las llevó el viento. Ni siquiera puede cumplir con las investigaciones para dar con los culpables de los asesinatos de Inti y Jack, jaqueado por planteos policiales.

Y ya tiene en su haber la sangre de un obrero rural llamado Jorge Muñoz Jiménez. Para no entrar en confrontación con los sectores populares, apela al Tribunal Constitucional para que este dirima sobre leyes congresales que dan concesiones a las masas laboriosas.

Sin embargo, el movimiento popular juvenil se replegó y acaban de entrar en escena sectores de la clase obrera con sus propios métodos de lucha (asambleas de bases, piquetes, bloqueos de carreteras), poniendo con los pelos de punta a la clase patronal.

El impasse de las masas, las elecciones y la segunda urna

No obstante, a pesar de su inspiradora combatividad y de derogar la Ley Agraria antiobrera vigente desde el 2000 (Ley Climper 27360), pues, al estar dispersa y no tener la clase obrera una centralización de su lucha, pues, la huelga rural quedó aislada a dos regiones (La Libertad e Ica), y con dos organismos como Fentagro y el Comité de Lucha de Ica. Nos encontramos en un impasse de las masas donde prima la desarticulación gracias a que la burocracia de las centrales sindicales está con un pie dentro del Acuerdo Nacional y Pacto Perú, produciendo victorias patronales, como parece va a suceder con la nueva Ley obrera rural.

Por su lado, la centroizquierda apela a las elecciones con un discurso aggiornado al régimen político (como el de Verónica Mendoza planteando que los patrones y explotados se pongan de acuerdo), con un pensamiento estrechamente oportunista y electoralista. Como sea, para ésta y la burocracia sindical, la consigna es “hay que esperar a las elecciones” mientras que la clase obrera rural es, como dice la dirigente del Comité de Lucha de Ica, Susan Quintanilla, humillada y masacrada.

En este mismo marco de aggiornamiento al régimen político que dicen combatir, plantean que sean no las masas movilizadas sino una segunda urna en las elecciones de abril la que defina si el pueblo quiere o no una nueva constitución. En otras palabras, la centroizquierda no quiere que las masas luchen, tiene miedo que desarrollen su conciencia política como clase para sí misma. No quieren un pueblo obrero y popular consciente y combativo sino dócil para poder maniobrarlo si llegaran a ser gobierno.

La urgencia de la unidad y la lucha por la jornada salarial de 70 soles diarios

Esta cuestión plantea que los obreros rurales, con la autoridad ganada en el combate, planteen a todo el movimiento popular (movimientos sociales en Las Bambas, Tambogrande, Ayacucho, sindicatos de servicios, bebidas, alimentos, etc.), una reunión o asamblea de trabajadores del campo y la ciudad para unificar las demandas en una sola Plataforma de Lucha que tenga como eje el jornal diario de 70 soles e imponerlo a través de un paro nacional y un plan de combate escalonado y sólidamente articulado.

Por un partido obrero independiente

Además, hoy más que nunca, la clase obrera necesita forjar su propia herramienta política donde sea no solo las extremidades sino la columna y la cabeza de la misma, desarrollando su propio programa de independencia de clase como el aumento salarial al nivel de la canasta básica familiar, impuesto a las grandes fortunas, protocolos sanitarios efectivos, eliminación de las tercerizadas, aumento de presupuesto a la salud y la educación al 8% del PBI, que la banca privada pase al control del poder público, etc. En perspectiva de un gobierno de los (as) trabajadores (as).

(Esta colaboración ha sido parcialmente editada para ayudar a la comprensión del lector argentino.)