La intervención de Cataluña por parte del Reino de España ha convertido al conjunto del régimen político español en un “estado de excepción”. Alegar que se ha aplicado una cláusula constitucional es una falacia, porque la admisión de una suspensión de los derechos constitucionales por parte de la misma Constitución, es una contradicción en términos. Es lo que había introducido el artículo 21 de la Constitución de la República de Weimar (1919), para combatir la acción política del proletariado alemán. Cumple esa función, en Argentina, la facultad que otorga la Constitución al Congreso y al Poder Ejecutivo para declarar el estado de sitio y la intervención federal a las provincias. La negación de los derechos constitucionales por la misma Constitución, convierte a ésta, primero en una ficción, enseguida en una camisa de fuerza.

 

El establecimiento del “estado de excepción” constituye una habilitación política para la intervención de las fuerzas armadas. Es en esta fuente donde buscan su ‘legitimidad’ los golpes de estado. “El rey”, literalmente, “quedó al desnudo”. Ni Rajoy ni Sánchez pueden alegar que la secesión de Cataluña responde a la presión de intereses externos (como ha ocurrido, por ejemplo, con Panamá respecto a Colombia o la escisión de las Provincias Unidas del Río de la Plata), cuando todos ellos se han pronunciado contra la independencia catalana. La intervención a Cataluña es una declaración de inviabilidad del estado español. De acuerdo a versiones no confirmadas, Rajoy habría aceptado una reforma de la Constitución, que propugna el PSOE, pero que no podrá ser soberana, o sea poner en juego el régimen monárquico. Es una maniobra de baja estofa para disimular la putrefacción veloz del ‘ala izquierda’ del Partido Socialista.

 

El atropello, con todo, apenas disimula un recule. El proyecto de Rajoy establecía un periodo de seis meses de intervención, con derecho a prórroga, que ahora fue recortado a 53 días. La tentativa de sustituir con personal propio los escalones de la administración regional y los municipios hubiera desatado una rebelión popular en escala histórica. Rajoy ha preferido administrar Cataluña a la prudente distancia de 600 km., luego de un compromiso con el PSOE, con el propósito de explotar, eventualmente, un quiebre del frente independentista. Rajoy y su amigo Sánchez no han tenido empacho en abrevar en Nicolás Maduro, quien también convocó a elecciones regionales con opositores proscriptos y con la exigencia de reconocer a la Constituyente fraudulenta (“la gran Maduro”). Las eventuales elecciones de diciembre están condicionadas al desconocimiento del referendo separatista del 1 de octubre pasado, y a la aceptación de la Constitución monárquica. La democracia española ha trasplantado a Cataluña el ‘estado de derecho’ que repudia en Venezuela.

 

Da la impresión de que el estado español y sus mentores de la UE pretenden repetir en Cataluña la ‘gran Tsipras’, el primer ministro griego que desconoció un referendo, convocado por él mismo, cuando se comprobó que rechazaba los acuerdos de deuda con la ‘troika’ integrada por el FMI, el BCE y la Comisión Europea. En aquel momento, la banda internacional de usureros no puso reparos a esta violación de los principios de la democracia canalizados por vía legal. Hoy, todos se rasgan las vestiduras contra la ‘ilegalidad’ catalana. En efecto, Carlés Puidgemont intentó evitar la intervención, con una propuesta de adelantar él mismo las elecciones, incluso para la misma fecha, y saltarse una declaración de independencia por parte del Parlamento catalán. No fue suficiente para la camarilla de Madrid, que no tiene intención de que las elecciones de diciembre discutan la independencia, ni de que participen los líderes del independentismo. Las mentadas elecciones anuncian una agudización de la crisis política y el pasaje a un “estado de excepción” más extremo.

 

El independentismo es mayoría popular. El pasado 1 de octubre, en condiciones de represión y sabotaje, reunió un 43% del padrón y el 90% de votos positivos; en las elecciones inmediatas previas al referendo había obtenido el 48% de los sufragios. Los observadores atribuyen al campo contrario a la independencia el 36% del electorado y un 12/15% a los que oscilan entre una y otra posición. Con estas cartas en la mesa, la resistencia a la intervención de Rajoy debe conducir a una situación de doble poder. La convocatoria para diciembre es una hoja de ruta trazada en la arena.

 

La declaración de independencia por parte del Parlamento catalán, el viernes reciente, establece la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que debería dar forma a la República de Cataluña. La puesta en marcha inmediata de la Constituyente –libre y soberana- debería encabezar la lucha contra la intervención del estado español. Además, habilita una consigna de mayor alcance: la convocatoria de una Asamblea Constituyente libre y soberana para toda España. Ofrece la oportunidad para llamar a la clase obrera de Cataluña a presentar su propio programa republicano: un programa que ponga fin al ‘ajuste’ y a la precariedad laboral, por medio del control obrero, y la nacionalización de todos los medios financieros y productivos estratégicos. Un programa que sustituya a la burocracia permanente del Estado por un estado deliberativo y ejecutivo de los trabajadores. Es un instrumento político vital para convocar a la unidad de todo el proletariado del estado español.

 

A la cabeza del movimiento independentista se encuentran la pequeña burguesía y una burguesía fragmentada. Esto es lo que da lugar a un campo de maniobras del estado español. La burguesía catalana se encuentra integrada al estado español y a la Europa del capital financiero, que le ha servido para enriquecerse durante cuarenta años. La crisis alcanza a toda España; conmueve a todas las clases sociales del Estado y a la clase obrera. La UGT y Comisiones Obreras funcionan como agentes de la monarquía española contra el derecho a la libertad de Cataluña y contra los obreros de España; los sindicatos catalanes van a remolque de la burguesía local.

 

La intervención de la clase obrera en defensa de la autodeterminación de Cataluña debe desarrollarse, no sobre una base nacional sino de conjunto, o sea que debe servir para recuperar la conciencia histórica de clase del proletariado español. Con esta perspectiva estratégica hay que enfrentar a la intervención de Rajoy-Sánchez, reclamar una Asamblea Constituyente libre y soberana, y desarrollar un bloque obrero de toda la geografía del estado español, por una República Federativa y Socialista de los pueblos ibéricos.