La siguiente resolución fue aprobada en el encuentro internacional realizado en Buenos Aires el 24 y 25 de junio.

El presidente argentino Javier Milei y su ministra de seguridad Patricia Bullrich lanzaron desde el primer minuto de su mandato una feroz campaña contra la protesta social que pone en peligro las libertades democráticas. “Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias”, amenazó la ministra a mediados de diciembre, cuando lanzó el llamado “protocolo antipiquetes” que pretende impedir las manifestaciones callejeras. El 20 de ese mismo mes, en el aniversario del “Argentinazo” (levantamiento popular de 2001), la movilización conmemorativa impulsada por el movimiento piquetero fue sometida a un despliegue monstruoso de las fuerzas de seguridad, y los propios Milei y Bullrich monitorearon en directo el operativo represivo.

Desde entonces, la campaña represiva ha ido creciendo. Este mes, se lanzó una represión brutal en las inmediaciones del Congreso cuando el Senado debatía la Ley Bases, que avanza en el ajuste, las privatizaciones y una reforma laboral. El gobierno denunció públicamente “sedición” y “terrorismo” y alrededor de 30 personas (manifestantes y, en algunos casos, simples transeúntes que pasaban por el lugar, o vendedores ambulantes) fueron detenidas, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, y estuvieron detenidas durante días enteros. Algunas, incluso, siguen encarceladas hasta hoy. En Mendoza, el dirigente del Polo Obrero, Martín Rodríguez, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión en suspenso por ocho causas abiertas en su contra por movilizaciones.

Uno de los aspectos más graves de la política represiva es el ataque contra el movimiento piquetero, que es el que organiza la lucha contra la desocupación, el hambre y la pobreza (que, en pocos meses, el gobierno de Milei llevó a casi el 60% de la población). Se abrieron causas judiciales contra compañeros del Polo Obrero (entre ellos, Eduardo “Chiquito” Belliboni, su mayor referente, quien también es dirigente nacional del Partido Obrero) y otras organizaciones piqueteras, bajo acusaciones falsas de manejo irregular de fondos y supuesta extorsión sobre beneficiarios de planes sociales. Decimos: el único extorsionador y corrupto es el gobierno de Milei y su ministra y amiga Sandra Pettovello (Capital Humano), que amenazan con quitar la asistencia social a quienes participen en manifestaciones, y cuyo ministerio de acción social se encuentra sacudido por escándalos de contrataciones irregulares de personal y no entrega de alimentos, que se vencen en los depósitos en lugar de ser entregados a quienes los necesitan.

Como parte de la campaña de persecución, debemos señalar un hecho de suma gravedad: el allanamiento de la sede central del Partido Obrero, acompañado de tareas de espionaje.

También se persigue a quienes son solidarios con la causa del pueblo palestino, como Vanina Biasi (diputada nacional del Frente de Izquierda por la ciudad de Buenos Aires y dirigente nacional del Partido Obrero), quien fue incriminada por el ya mencionado fiscal Stornelli por supuesta incitación al odio por criticar en sus redes sociales al gobierno de Israel, que lleva a cabo un genocidio contra el pueblo palestino.

Nos pronunciamos también en solidaridad con todos los compañeros que arrastran causas y han sufrido persecución por parte de los sucesivos  gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y reclamamos la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, condenados por su participación en las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la antiobrera reforma previsional macrista; de los compañeros de Córdoba encausados por “impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos”, tras una movilización (Emanuel Berardo, Soledad Díaz, Federico Giuliani, Agustín Nazar, Roxana Carezano, Marisa Cariddi, militantes de organizaciones obreras, piqueteras y de izquierda); de Sebastián Copello, Juan Chorolque y Verónica Urzagasti (del movimiento piquetero de Jujuy, que van a juicio el 18 de junio); Lorena Torres y Víctor da Vila (Polo Obrero y Partido Obrero de Mendoza); y rechazamos el pedido de sanciones contra el diputado provincial del Frente de Izquierda de Chubut, Santiago Vasconcelos.

¡Libertad a todos los presos políticos y cierre de las causas persecutorias de la justicia patronal de Milei y Bullrich! ¡Abajo la persecución al movimiento piquetero, a los sindicatos combativos y al movimiento popular!