Mientras el joven comunista Fernando Masseilot continúa preso en Montevideo, la Justicia uruguaya sigue persiguiendo a militantes antimperialistas. Al interrogatorio (y posible proceso) contra los compañeros Washington Muñiz, trabajador del taxímetro, ex preso político de la dictadura durante 12 años, Rubén Hornos e Irma Leites (de la “Plenaria Memoria y Justicia”) y Rafael Fernández (del Partido de los Trabajadores), se sumó en las últimas horas la citación de Gustavo López, del sindicato del taxi.

Masseilot está detenido por haber roto los vidrios de un local de McDonalds durante la manifestación convocada para repudiar la visita de Bush a Uruguay y al gobierno frenteamplista que lo recibía. En su discurso de recepción, Tabaré Vázquez calificó a Bush como “un hombre que se preocupa por la libertad, por la democracia y por el bienestar de la gente” (http://www.espectador.com/nota.php?idNota=93404).

Muñiz fue detenido (luego liberado) y procesado por quemar una bandera norteamericana en el acto convocado por Memoria y Justicia y el Partido de los Trabajadores para reclamar la libertad de Masseilot. Hornos, Leites y Fernández, como convocantes del acto, están siendo indagados y pueden ser procesados por el delito de “sedición”. Gustavo López, secretario general del sindicato del taxi, fue indagado por haber participado en la marcha y porque Muñiz es afiliado al sindicato.

Todas las acusaciones se basan en filmaciones realizadas por agentes de inteligencia infiltrados en la marcha. La misma jueza a cargo de los procesamientos participó de incógnito en la marcha y ordenó la detención del compañero Muñiz, que fue virtualmente secuestrado por policías de civil. Entre la jueza, los fiscales (que responden al Ministerio de Justicia del gobierno frenteamplista) y los policías (que responden al mismo gobierno), hubo una coordinación previa a la marcha, lo que constituye una conspiración que viola todo el ordenamiento jurídico.

Irma Leites denunció que “el gobierno tiene una gran responsabilidad porque tiene las mayorías necesarias para tirar atrás estos delitos y decirles a estos fiscales: no va más. Algunos son los fiscales de la impunidad. Enrique Möller, quien pidió el procesamiento de Fernando Masseilot por sedición, fue el mismo que archivó sistemáticamente los casos de violaciones a los derechos humanos, los desaparecidos, las torturas y los asesinatos durante todas estas décadas, y ahora se larga a cazar militantes” (Brecha, 20/4). Son, claro, los fiscales que el FA ha mantenido en sus puestos, como ha mantenido la impunidad de los genocidas, que estos fiscales custodian.

La persecución de los militantes antimperialistas —utilizando leyes dictadas por las dictaduras y nunca derogadas por los demócratas que gobernaron (y gobiernan) Uruguay y los métodos de la infiltración policíaca y la conspiración política— es la respuesta del gobierno centroizquierdista al repudio popular que ha despertado su política abiertamente proimperialista. En la marcha de repudio a Bush y al gobierno del FA se movilizaron 10.000 manifestantes; fue la primera manifestación de masas contra el gobierno frenteamplista.

Exigimos la inmediata libertad del compañero Masseilot y el desprocesamiento de todos los compañeros perseguidos.