Se acaba de firmar el Acuerdo Transpacífico (conocido como TTP, por su sigla en inglés) que ha sido proclamado como “el mayor acuerdo de libre comercio de la historia”. En ese pacto participan doce países (entre ellos dos sudamericanos: Chile y Perú) y representa el 40% del PBI mundial. Lejos de marcar una nueva era de “libre comercio” y prosperidad, el TTP es un acuerdo principalmente entre Estados Unidos y Japón contra China, la gran excluida del tratado.

 

Obama habló sin rodeos: “Cuando más del 95 por ciento de nuestros clientes potenciales viven fuera de nuestras fronteras, no podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Debemos escribir esas reglas, la apertura de nuevos mercados para los productos estadounidenses”.

 

Si bien los detalles del documento TTP permanecen ocultos, su eje central está dirigido a remover barreras y restricciones reglamentarias de modo de afirmar la dominación de los mercados de Asia y el Pacífico en favor de las empresas estadounidenses, especialmente en la banca, finanzas, seguros, comercio minorista, informática, medios de comunicación, entretenimiento y productos farmacéuticos. Al asociarse con Vietnam, Japón y Australia, el gobierno norteamericano ha avanzado en una cabeza de playa en lo comercial en el área de influencia china. El acuerdo contempla la eliminación de impuestos y aranceles entre los países miembros, lo cual facilita el acceso la penetración y el copamiento de dichas economías por parte del capital norteamericano.

 

Esto ya ha despertado resistencias y rechazos en distintos países firmantes del acuerdo. En Chile, por ejemplo, se ha conformado la Plataforma NO-TTP, que denuncia que el acuerdo generara mínimos o nulos beneficios comerciales para el país transandino pero, en cambio, abrirá paso a normas y regulaciones que atentan contra la soberanía del pais. El pacto se negoció en secreto y su contenido sólo se conoce por filtraciones. De los 30 capítulos que tendría el Acuerdo, sólo tres han sido conocidos por la opinión pública.

 

El flamante pacto regula la competencia entre las empresas privadas y estatales, con la consecuencia de que las compañías del Estado competirán con las privadas en condiciones desfavorables; se establece la posibilidad de que las corporaciones transnacionales puedan llevar a juicio a los gobiernos ante tribunales internacionales, frente a medidas que ellas consideren amenazantes. El mecanismo de entrada en vigencia del TTP exige a los países firmantes renunciar a sus legislaciones internas para responder a mecanismos estadounidenses de certificación.

 

La premisa del libre comercio es, sin embargo, dejada de lado cuando los afectados por ella son los intereses de las grandes corporaciones. Washington impuso un nuevo plazo de entre cinco y ocho años en la exclusividad de las fórmulas empleadas para crear medicamentos para tratar algunas enfermedades. Los grandes pulpos farmacéuticos, como Roche o Pfizer, lograron imponer regulaciones muy estrictas cuando estaba en juego la defensa de sus intereses.

 

Dislocamiento

 

Esta ofensiva de Estados Unidos se da en momentos que asistimos a un agravamiento de la crisis capitalista que estalló en 2008. Estamos frente al derrumbe de China y esto contribuye a una desaceleración del comercio mundial. Esto ha provocado una reducción en el comercio mundial no vista desde la Gran Depresión en la década de 1930. Estas tendencias intensifican los conflictos económicos y militares entre las grandes potencias.

En la región del Pacífico, Washington ha trabajado con Tokio para impulsar el acuerdo, a la vez que fomenta la remilitarización de Japón.

 

La Casa Blanca ha estado reforzando sus alianzas diplomáticas y militares en toda la región de Asia-Pacífico en los últimos cinco años. Este año ya ha visto movimientos provocativos y amenazas por parte de Estados Unidos para desafiar a las reivindicaciones territoriales de China en el estratégico Mar de China meridional.

 

Escalada económica y militar

 

El acuerdo ha sido el resultado de arduas negociaciones, pero todavía debe ser ratificado por cada uno de los países que son miembros. Dicho aval está lejos de estar asegurado, empezando por el propio Estados Unidos. Existe una división en la burguesía norteamericana. Sectores, como el agrícola vislumbran grandes oportunidades para las exportaciones norteamericanas. Otros, como Ford y las restantes automotrices rechazan el acuerdo, frente a la amenaza de una invasión de la competencia japonesa. Los sindicatos yanquis, de un modo general, se oponen al pacto, alertando sobre el peligro de una pérdida sensible de puestos de trabajo. Por lo pronto, Hillary Clinton ha dado un giro y, luego de su apoyo inicial al tratado, ha manifestado su desacuerdo, con lo cual Obama ni siquiera cuenta con el apoyo homogéneo del partido demócrata. Un panorama similar se constata en Australia y Canadá. Los intereses que están en disputa y hay que armonizar son muy disímiles y hasta contradictorios, no sólo entre las naciones firmantes sino al interior de ellas. El acuerdo es un enorme rompecabezas, cuyo armado final todavía está por verse.

 

Pero, más allá del desenlace, lo cierto es que la formación de bloques de esta naturaleza son una expresión inconfundible de la descomposición y dislocamiento económico que reina en el sistema mundial capitalista, lo que va de la mano de un exacerbación de las tendencias a una guerra comercial y reforzamiento de los aprestos y enfrentamientos militares. La formación del TTP está inextricablemente ligada a los preparativos de Estados Unidos para someter a China. El fin último de esta movida es transformar a China en una semicolonia, llevando hasta el final el proceso de restauración capitalista.