La crisis en Venezuela avanza todos los días un paso más al frente, con mayores implicancias internacionales, incluso una intervención militar.

El éxodo poblacional está alcanzando proporciones elevadas en las zonas fronterizas, o sea que va más allá de la clase media que hace filas en las embajadas. Colombia, Brasil, Perú y Ecuador han comenzado, en grado diverso, a adoptar medidas de control y restricción al ingreso de venezolanos. El colombiano Santos, que enfrenta elecciones en poco tiempo, ha comenzado a desplegar a las fuerzas armadas en las fronteras. Reclama que Maduro acepte lo que llama una “ayuda humanitaria” y la realización de “elecciones libres”. Macri no se ha detenido en estos detalles y viene planteando, desde noviembre pasado, un embargo petrolero por parte del gobierno de Trump, o sea, el cese de la compra de petróleo venezolano, por un lado, y, por el otro, el corte de la venta a Venezuela de productos refinados. El embargo llevaría a Venezuela una parálisis industrial y del transporte, y sería el preludio de una intervención militar. En la misma línea, el senador Marcos Rubio, del estado de la Florida, ha convocado a un golpe militar, incluso por parte del alto mando que apoya a Maduro. Desde otros ámbitos se exige una intervención norteamericana ‘clásica’.

El tema fue meneado por Macri y el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, durante el paso de éste por Buenos Aires, sin que se insinuara siquiera una queja de parte del peronismo ni del kirchnerismo. Se está desarrollando un conjunto convergente de presiones. Si éxodo de venezolanos se incrementa, o si se producen estallidos sociales mayores, como asaltos a supermercados y almacenes, algunas de estas salidas intervencionistas o golpistas se convertirían en inminentes. Ha habido un incremento, ya elevado, de delitos a mano armada e incluso de la tasa de homicidios. Cualquier salida que sea impuesta por el gobierno imperialista de Trump, con el concurso de sus vasallos, conmocionaría políticamente a América Latina y desataría, potencialmente, una polarización política de grandes alcances. No ha habido pronunciamientos, campañas ni movilizaciones de oposición a una intervención externa a Venezuela, lo cual denuncia una fuerte desmoralización política de los aliados ‘populistas’ del chavismo y también de la izquierda democratizante. Gran parte de esta última ha estado apoyando a las fuerzas ‘democráticas’ que el imperialismo ha armado y entrenado desde los Balcanes y Ucrania hasta Siria.

La situación económica de Venezuela ha empeorado de un modo considerable, y no solamente por la hiperinflación y el desabastecimiento. De acuerdo a la OPEP, la producción de petróleo de Pdvsa ha caído a 1.6 millones de barriles diarios, desde un nivel de dos millones hacia fines del año pasado y casi tres millones en el pasado reciente. Los servicios tecnológicos se han paralizado como consecuencia de la deuda impaga creciente a los proveedores. El precio internacional del petróleo, que llegó a cotizar a u$s66 el barril, oscila con frecuencia y ya ha retrocedido varias veces a cerca de 50 dólares. Una parte importante de la exportación venezolana se encuentra hipotecada al pago de una elevada deuda con China. La hiperinflación se espiraliza debido a una imparable emisión monetaria. Trump ha bloqueado la posibilidad de Venezuela de refinanciar el pago de la deuda externa, incluso si Maduro estaba pagando por ella tasas usurarias. Una reestructuración integral de ella supone la imposición de un plan económico por parte de los acreedores y sus estados.

La alternativa de un apoyo de Rusia es muy limitada, incluso si Maduro convino en entregar a la rusa Rosneft una parte de la cuenca del Orinoco. El gobierno residual devaluó, hace diez días, el bolívar (llamado ‘fuerte’), a cerca de 30 mil el dólar, para aumentar los ingresos de Pdvsa en moneda local por sus exportaciones. No se trata, como dicen algunos, de que esta cotización aún sigue siendo baja, cuando en el mercado negro se cotiza a cerca de 300 mil. Simplemente es una medida inútil porque no restablece un equilibrio cambiario, mientras empuja los precios internos más arriba todavía. Pero tampoco es inocua, porque muestra que el gobierno está buscando una salida capitalista ‘clásica’, que le permita reanudar el pago de la deuda externa. Algunos círculos opositores aseguran que la nueva tasa de cambio podría ser adecuada si fuera acompañada con la ‘libertad de mercados’. Ingresarían dólares para arrebatar los activos baratos de Venezuela. La amplitud de la crisis pone en juego las reservas petroleras y mineras de Venezuela, cuya privatización es el botín principal del gran capital.

En este marco convulsivo, la Asamblea Constituyente votó el adelantamiento de las elecciones presidenciales, condicionadas por una Junta Electoral oficialista y con los principales dirigentes opositores imposibilitados de presentarse porque se encuentran presos o proscriptos. La impugnación que recibieron de parte de Trump y la derecha latinoamericana en el gobierno, es una orden para que la oposición no se presente. El sector partidario de concurrir no consigue ponerse de acuerdo en un candidato único. En el caso inverosímil de una victoria de la oposición, debería esperar seis meses para asumir el gobierno. La campaña electoral es de 40 días. Luego de la victoria electoral, en 2015, para la Asamblea Nacional, la derecha sufre un proceso implacable de división. En la trastienda de esta división se manifiestan los choques en torno al despojo de las reservas petroleras y el destino de Pdvsa. Las 'calificadoras de riesgo' pretenden poner en 'defol' la deuda de Pdvsa, lo que habilitaría operaciones de embargo internacional sobre sus activos.

Llamativamente, el oficialismo no irá a elecciones bajo el emblema del PSUV sino de Somos Venezuela. Maduro y su camarilla han roto con su propio partido, cuya cúpula, de todos modos, sigue bajo el control del gobierno. La movida apunta a privar de una tribuna política al chavismo disidente u opositor. Oficializa la quiebra del chavismo histórico. Es un paso hacia “la restauración conservadora”.

Estas maniobras de perpetuación de la camarilla madurista no resuelven la crisis sideral de Venezuela. Tomadas en su conjunto sólo pueden entenderse como un intento de legitimar un giro posterior de la política económica, en la línea que anticipa la mega devaluación reciente del bolívar. El anuncio de inaugurar una moneda virtual, respaldada en las reservas petroleras, haría suponer que el gobierno tiene en carpeta el reemplazo del bolívar por una nueva moneda, cuya cotización fluctuaría con el precio del barril del petróleo. Esta reconversión monetaria supone acompañar la mega devaluación con una apertura cambiaria. Este programa podría ser la condición que han puesto China y Rusia para dar un respaldo financiero que evite trajinar los pasillos del FMI. Un operativo de “estabilización monetaria”, sin embargo, encierra el peligro de un ajuste brutal de precios y una explosión social.

La prensa de la izquierda en Venezuela da cuenta de luchas constantes de la clase obrera contra el caos económico, el desabastecimiento y la desvalorización del salario y los ingresos del pueblo. Está ausente, sin embargo, una unidad política y un planteo político común de la izquierda y las organizaciones sindicales independientes del Estado. Está ausente, por lo tanto, una agitación política común.

Venezuela se enfrenta, por un lado, a un escenario de agravamiento aún mayor de la crisis y a un éxodo más intenso, y por lo tanto a una crisis internacional y a la amenaza de embargos e intervención extranjera. En este punto se plantea una campaña de alcance internacional contra una salida liderada por el imperialismo norteamericano y europeo, y por Trump. Por otro lado, se encuentra en marcha un plan electoral fraudulento, adoptada por una camarilla con apoyo militar, acompañada por una política de ajuste y entrega, bajo control, de las reservas petroleras. La izquierda debe unirse en un frente político, junto al movimiento obrero independiente, para enfrentar ambos escenarios con un programa obrero y socialista.

La izquierda latinoamericana tiene la responsabilidad de encarar una campaña, que viene muy demorada, contra el embargo a Venezuela y una intervención militar de los Macri, Santos, Piñera – y los Macron y los Trump.