La catástrofe humanitaria de los refugiados en Europa (si se permite esa expresión, porque en verdad no encuentran refugio en ninguna parte) ha encontrado una veta inesperada: pilotos de las aerolíneas alemanas Lufthansa y su filial low-cost Eurowings se niegan a despegar cuando hay expulsados a bordo –en oposición a la política anti-inmigratoria de la canciller, Ángela Merkel, y de la Comisión Europea (CE). Según informa La Nación (6/12), en lo que va del año debieron suspenderse 222 vuelos por esa razón. En todos los casos, fuera de los aeropuertos o dentro de ellos se registraban fuertes manifestaciones en contra de las deportaciones.

La mayoría de esos expulsados por Berlín debían ser retornados forzosamente a Afganistán, un país al que el gobierno alemán da el mote de “seguro”, pese a que se encuentra en guerra y el sitio oficial del Ministerio de Relaciones exteriores de Alemania recomienda a sus ciudadanos no viajar a ese país. Incluso la embajada alemana en Kabul sufrió en mayo de este año un atentado que costó 80 muertos y centenares de heridos, pero Merkel considera “seguro” a Afganistán y sus ciudadanos no “califican” para obtener asilo. La barbarie capitalista, exacerbada por la crisis, muestra en estos casos una atrocidad inaudita. En cambio, la actitud de los pilotos y la de los manifestantes en los aeropuertos muestra la fuerza moral de una gran parte del pueblo alemán, que necesitará encontrar ahora su adecuada expresión política.

De los últimos vuelos cancelados, más de 40 lo fueron desde el aeropuerto de Dusseldorf, donde se multiplican las manifestaciones, pero el más afectado es Frankfurt: más de 140 veces manifestantes y pilotos obligaron a cancelar los vuelos. "Eso prueba que hay una corriente de rechazo cada vez más grande a esas reconducciones forzadas", dijo Birgitta Cos, militante de una organización de ayuda a los migrantes (ídem).

Catástrofe en crecimiento

Para recordar en trazos gruesos lo que tantas veces Prensa Obrera explicó en detalle: las potencias imperialistas, los centros de poder del capital financiero, trasladan su crisis a los países más pobres y hacen que en ellos la vida se vuelva imposible por las hambrunas y las guerras. Luego, reciben las consecuencias de lo que ellos mismos han provocado y echan mano decididamente a la represión. Esos campos de concentración hitlerianos que son Melilla y Lampedusa, del gobierno español, son pruebas del espanto. O los miles de ahogados en el Mediterráneo, víctimas de la desesperación.

En marzo pasado, la Comisión Europea dispuso la expulsión de más de 1 millón de personas después del fracaso del “reparto” de inmigrantes por diversos países. En verdad, la CE dio un número impreciso, porque habló de expulsar a todos aquellos cuyas solicitudes de refugio no hubieran sido “reconocidas” (el “reconocimiento” no implica aceptación). En los dos últimos años, la Unión Europea recibió 2,6 millones de solicitudes y sólo “reconoció” el 57 por ciento, de modo que 1,1 millón de personas se quedan afuera y deben ser deportadas. A esa cantidad se debe añadir por lo menos otro millón que no pidió asilo y vive en condiciones de clandestinidad.

Un caso particularmente bestial es el de decenas o centenares de miles de niños que llegaron a Europa sin acompañantes. Por miles son víctimas del esclavismo laboral, de abusos de todo tipo, de las redes de trata sexual e incluso de los traficantes de órganos. Pues bien: la CE también dispuso su expulsión después de mantenerlos en “centros cerrados” (campos de concentración).

La otra cara de la moneda son los pilotos de Lufthansa y los miles de manifestantes que defienden la vida en Dusseldorf, en Frankfurt y tantos otros sitios.