Luego de 20 días de bloqueo de todas las rutas del país, de enormes movilizaciones en las principales ciudades, especialmente del interior, de violentos enfrentamientos con los militares, que no pudieron desalojar a los piquetes y bloqueos de las rutas, finalmente se llegó a una serie de acuerdos. El gobierno tuvo que recular en cuestiones básicas. En este marco se ha afirmado la confianza en las propias fuerzas independientes de los explotados y se ha agravado la crisis del gobierno. Ya se dibujan incluso nuevas crisis y luchas y, en estas condiciones, la necesidad de profundizar el reagrupamiento de la vanguardia revolucionaria.

 

Las luchas de los explotados

La movilización actual tuvo un carácter más extenso, más masivo y radicalizado que la de abril. Las movilizaciones campesinas fueron creciendo hasta el mismo día en que se firmó el acuerdo con el gobierno, cuando los campesinos de Chuquisaca iniciaban el bloqueo de las rutas de ese departamento y en Tarija irrumpía un movimiento de Sin Tierra con enfrentamientos armados con los terratenientes de la zona. En muchos pueblos y ciudades se pusieron en pie cabildos abiertos. A éstos se movilizaron los cocaleros del Chapare y la Coordinadora del Agua y la Vida de Cochabamba (que había liderado el levantamiento de abril), los transportistas, los gremiales (cuentapropistas), el magisterio rural y urbano, en cierto momento un sector de la policía y hasta los presos comunes que ocuparon las cárceles.

Las movilizaciones dieron un salto en la segunda semana de bloqueos y manifestaciones, cuando se formó el bloque intersindical, lo que terminó de convencer al gobierno de que el único camino que le quedaba era negociar. A esta postura también se jugaron la Iglesia y el propio imperialismo. De esta manera, quedaron aislados los sectores más recalcitrantes de las FF.AA. que pedían el estado de sitio y un sector de empresarios y de extrema derecha que llamó a despejar los bloqueos a sangre y fuego.

 

La clase obrera

En este alzamiento estuvo ausente el proletariado de las minas y de la industria, maniatado por la burocracia de la COB, en su mayoría perteneciente a los partidos ligados al gobierno. Una fracción opositora que se autodefine como antineoliberal llegó a plantear un comité nacional de lucha, pero no hubo ninguna campaña para materializarlo. El propio movimiento estudiantil sólo se sumó en acciones aisladas, en momentos en que están avanzando los planes de privatización de la Universidad.

 

El programa

Las organizaciones en lucha enarbolaron diversos pliegos, votados en muchos casos en asambleas multitudinarias. En una primera fase de la lucha, cuando el gobierno se mostró duro, con la postura de reprimir los bloqueos, todos estos sectores llegaron a esbozar el reclamo de la salida de Banzer, pero ni los campesinos ni los cocaleros ni los maestros lograron articular una consigna que los uniera. Si eso sucedía, “estábamos muertos”, decía un nervioso analista. El gobierno tuvo el tiempo suficiente como para soportar las embestidas políticas y remitirse al inteligente juego de la respuesta sectorial, aun a costa de asimilar ‘torpedos’, como el que pretendía la sustitución de la ley agraria.

Se llegó a plantear una Asamblea Constituyente, pero esta consigna fue desechada en la práctica; algunos, como la dirigencia de la Coordinadora del Agua, señalando que era una consigna para el mediano plazo. Otros, la dejaron como alternativa en caso de que el gobierno no se aviniera a negociar.

 

Los acuerdos

En las negociaciones, la intersindical logró prácticamente la mayoría de sus reclamos: anulación de la ley de INRA (agraria); retiro del proyecto de privatización del agua; abandono del proyecto para construir bases militares en la zona del Chapare y de la yungas; que las 3.800.000 hectáreas de tierras fiscales sean destinadas a asentamientos humanos; libertad de todos los presos e indemnizaciones a las familias de las víctimas de la represión; cese de las causas abiertas a los luchadores.

La docencia fue el sector que menos logró, pues en lugar de un aumento salarial el gobierno otorgó un bono a cambio de 200 días de clases. Lo único que logró el magisterio fue congelar el intento de destruir el escalafón. Como sostuvo una docente, su victoria no fue reivindicativa, sino política, porque el gremio se volvió a poner de pie.

En el caso de los cocaleros del Chapare, el gobierno mantuvo la postura de erradicar todos los cocales. Los cocaleros reclaman que se les permita tener un “cato”, o sea 1.600 metros de producción de coca por persona, para sobrevivir. Toda la zona está rodeada por fuerzas militares y los cocaleros han planteado que van a resistir por las armas, aunque han quedado aislados en medio de una disputa con la intersindical.

 

Crisis política

El gobierno de Banzer sale más debilitado, pero sigue siendo la única carta inmediata que tiene el imperialismo. Sin embargo, ya se ha abierto un debate en las filas de los capitalistas. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha reclamado un cambio de rumbo. Desde la oposición se plantean distintas salidas, que van desde el acortamiento del mandato de Banzer hasta la formación de un gobierno de unidad nacional; y están los que plantean que el Congreso debería llamar a una Asamblea Constituyente (Condepa, MBL). En las FF.AA. ha aparecido una tendencia chavista.

 

Perspectivas

Las conquistas parciales de la huelga y los bloqueos han conmocionado al pueblo boliviano. Felipe Quispe, dirigente de la CSUTCB, se ha transformado en la figura más popular del país. En el movimiento estudiantil, en las fábricas, se vive un clima de deliberación. En el movimiento fabril el debate gira en torno de la necesidad de sacarse de encima a los burócratas. Ha comenzado el debate para coordinar diversos movimientos de lucha.

La intersindical ha dado 90 días de plazo al gobierno para que se dé cumplimiento a todo el acuerdo; en caso contrario se va a producir el tercer alzamiento.

 

Estrategia

Bolivia está hundida en la peor crisis de su historia. Las alternativas que están en juego son de fondo. En esta perspectiva, el factor decisivo está en la reorganización e irrupción del proletariado. Hay que construir el partido revolucionario y fortalecer a la Oposición Trotskista.

El reciente alzamiento reflejó que el campesinado es una fuerza motriz de la revolución, pero que por sí mismo es incapaz de ofrecer una salida de conjunto. Sus planteos apenas rozaron los problemas agrarios de fondo, como que el 7% de los propietarios rurales concentran el 93% de la tierra, mientras el 93% de los propietarios, que son mayoritariamente pequeños campesinos, poseen sólo el 7% de las tierras que las cultivan intensamente. Del seno de este movimiento campesino cobraron cierto impulso los planteos indigenistas formulados por Felipe Quispe, la lucha por un Estado aymara, pero no ha podido precisar sobre qué bases ese Estado podría superar el desarrollo alcanzado por el capitalismo. Llegaron a plantear la Asamblea Constituyente; un sector incluso la planteó como una salida al margen del régimen actual, pero no pudieron ofrecer un programa para ella. El planteo de la Asamblea Constituyente debe estar orientado a unificar, en el estadio actual de la lucha, a la clase obrera con los campesinos para una lucha por el gobierno obrero-campesino.

 

La Paz, 8 de octubre de 2000