Olga Valle, dirigente del sandinismo revolucionario, opositora al gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo (esposos), en una nota enviada desde Nicaragua, hace un racconto de la situación represiva que se vive: “desde 2018 el pueblo de Nicaragua vive bajo la dictadura de Ortega y Murillo. Desde entonces, más de 328 personas han sido asesinadas, más de 100.000 personas exiliadas y al menos 1.614 personas han sufrido cárcel política. A la fecha, hay más de 120 personas que todavía permanecen detenidas arbitrariamente”.

Este cuadro represivo surge de la sangrienta represión a la sublevación popular que estalló en abril del 2018 contra un ajuste fondomonetarista que quisieron imponer los Ortega.

En las últimas semanas el régimen ha lanzado una nueva oleada de allanamientos y detenciones, particularmente contra políticos burgueses de oposición que se postulaban para ser candidatos en las elecciones presidenciales de noviembre. También han sido detenidos dirigentes sandinistas opositores (la comandante 2, María Dora Téllez y el comandante 1, Hugo Torres, entre otros) al “traidor” Ortega (ex dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN) que hizo la revolución en 1979, derrocando a la dictadura de Anastasio Somoza.

En otra nota (“Nicaragua: El fracaso de las cúpulas partidarias”) que nos ha enviado Mónica Baltodano, una de las principales jefas guerrilleras del FSLN en el asalto final de 1979, ésta nos traza un vívido cuadro político no solo de la situación nicaragüense, sino de las dificultades políticas para la lucha contra el orteguismo contrarrevolucionario.

Nos dice que las esperanzas de quitar a los Ortega a través de la elección “quedaron pulverizadas cuando las cúpulas partidarias de ‘oposición’ no se pusieron de acuerdo en inscribir una alianza electoral en los perentorios plazos que estableció el recién integrado Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo”.

¿Baltodano creía que esta “unidad” de los partidos burgueses opositores era posible? ¿Y que esto iba a significar una salida progresiva respecto al gobierno de Ortega? Los partidos burgueses estuvieron asociados al régimen orteguista y en el gran levantamiento del 2018 hicieron mutis por el foro. La fuerte lucha contra el ajuste quedó en manos de la juventud estudiantil y de las barriadas.

Esto lo confirma Baltodano cuando dice: “el fracaso de las cúpulas está directamente ligado a su vocación zancuda y prebendaria, así como a la falta de voluntad de terminar realmente con este régimen. Según su visión ‘pragmática’, en estas condiciones es preferible dar continuidad a este régimen, matricularse como segunda fuerza, conseguir algunas cuotas de poder en el parlamento y propiciar un “aterrizaje suave” que asegure la gobernabilidad necesaria para el gran capital y los empresarios. La economía es primero, la democracia puede esperar”.

Su economía, no la del pueblo. Se trata de una clase que unió su porvenir al régimen orteguista.

La compañera Baltodano señala el mecanismo de esta convergencia burguesía-gobierno: “bajo esa premisa funcionó el modelo corporativo del gobierno y las cámaras empresariales, antes de abril de 2018. Este modelo de “diálogo y consenso” quedó rubricado en la reforma constitucional del 2014”. Ahí –nos dice Baltodano “se le entrega a la gran empresa, representada por el COSEP (confederación empresaria), el derecho a participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos, conforme el modelo de diálogo, alianza y consenso impulsado por el Estado”.

¿Qué “democracia” defiende entonces esta burguesía que se reclama ahora “opositora”? La de los negociados contra el pueblo, armada en convivencia con el régimen opresor.

“Esta alianza permitió a los grandes empresarios funcionar como un colegislador, beneficiándose de innumerables iniciativas económicas, reformas tributarias, concesiones ventajosas, regulación en materia de contratación pública, competencia, inversión y comercio internacional”, dice el artículo de Baltodano.

Pero… “la rebelión de abril de 2018 cuestionó ese modelo, pero también el rol de todos los partidos políticos, a quienes las grandes mayorías consideran parte de la maquinaria del poder que les oprime. En las masivas movilizaciones que pusieron en cuestión la continuidad de Ortega las cúpulas y las banderas de esos partidos no hicieron acto de presencia” (Baltodano).

Frente al fuerte levantamiento popular el gobierno asesino buscó un “diálogo nacional” para encubrir su represión y lograr la desmovilización. Esto fue apoyado por la Iglesia y el imperialismo. En lugar de elecciones adelantadas para abril 2019 -como se pidió en la mesa de diálogo-, ahogada en sangre la rebelión, Ortega maniobró para convocar las elecciones cuando vencía su “mandato” (noviembre 2021).

Baltodano afirma que la incapacidad de unirse de la burguesía opositora (azuzada por el orteguismo) llevó a que “ninguno de estos partidos llegaría a obtener más del 3% de respaldo ciudadano, según todas las encuestas”. Y pronostica que “será el mismo aparato dictatorial el que determinará si un candidato puede o no correr en la contienda, usando el criterio de si participó o no en el ‘intento de golpe’ de abril 18” (como ellos califican a la heroica rebelión popular).

Baltodano hubiera querido que se formara un gran frente popular antidictatorial, pero nos expresa claramente que “la dirigencia de uno de estos partidos opositores, subordinada claramente a los intereses del gran capital, ha llegado a expresar que jamás se entenderán con feministas pro aborto, con organizaciones de la diversidad sexual, o antiguos sandinistas, porque todos siguen siendo de izquierda, mientras ellos son la extrema derecha. De esta manera estas fuerzas se apuntan a participar en un proceso que desde ya es claramente fraudulento, dejando a un lado las demandas y reivindicaciones que nacieron en abril de 2018. De paso, eligen desconocer a quienes estuvieron en los tranques y las barricadas, sufrieron injustamente prisión o están forzadamente exiliados”.

Pero esa es la función de los frentes populares con las burguesías: maniatar políticamente a las masas detrás de liderazgos burgueses para darle “estabilidad” al sistema y desmovilizar sus luchas.

¿Por qué entonces Ortega detiene a los probables candidatos de la oposición? Para garantizar “creativamente” su fraude electoral, impidiendo que se forme un frente opositor. Porque –alerta Baltodano- “tampoco podemos descartar que los sectores populares decidan aglutinarse alrededor de alguna candidatura surgida al margen de las actuales cúpulas partidarias, decidan romper el estado de sitio de facto que vivimos y movilizarse masivamente para quebrar el fraude electoral orteguista”.

Es lo que acaba de suceder en el Perú, con la candidatura de un desconocido Pedro Castillo que ganó la elección -en primera y segunda vuelta- en nombre de un partido ultraminoritario (que no contaba siquiera con un legislador en el parlamento).

La adhesión a último momento de Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Chamorro, dueña del principal diario nicaragüense e integrante de uno de los grandes holdings empresarios del país, a una fuerza de la “oposición” podía crear ese peligro al armado fraudulento y antidemocrático de las elecciones orteguistas.

Lamentablemente, Baltodano no logra superar este cuadro y espera que “las fuerzas políticas deberán generar un gran ambiente para conseguir que la gente participe, a pesar del fraude seguro”.

No es solo el “fraude seguro”; es, fundamentalmente, el carácter de clase explotadora y antidemocrático de la burguesía que fue oficialista, es ahora opositora y se sigue balanceando de un lado para el otro en la defensa de sus capitales.

Uno de los objetivos estratégicos del sandinismo de Ortega, renunciado a cualquier transformación socialista del país, era “crear una burguesía en córdobas (moneda nacional de Nicaragua)”. Lo que ha logrado es poner en pie una oligarquía burguesa contra el pueblo trabajador y explotado. De la cual él mismo forma, ahora, parte.

Baltodano termina su documento en términos revolucionarios de lucha: “mientras tanto, las únicas vías para resistir siguen siendo los movimientos y expresiones sociales: el movimiento campesino anti-canal, las asociaciones de víctimas y excarcelados, los movimientos estudiantiles, feministas, sindicales, la diversidad sexual, indígenas y afrodescendientes, además de otros colectivos auto convocados”. Hace suya la expresión que “las insurrecciones populares no caben en las urnas”.

Dice Baltodano: “hay que seguir resistiendo y luchando para acumular fuerzas ante nuevas oleadas de movilización que nos lleven a una nueva sublevación cívica. Las extremas restricciones en que vivimos deberían abonar la conciencia para provocar una nueva rebelión que saque a Ortega del poder y abra los espacios para una transición democrática. La pertinencia de este escenario está fundada tanto en la convicción de que las dictaduras no se inmolan ni entregan el poder, como en el legítimo derecho de un pueblo oprimido a la rebelión”.

Pero el planteamiento de una salida revolucionaria (“una nueva rebelión”) y la caída revolucionaria de Ortega, no debiera ser una instancia “para una transición democrática”, sino para una salida obrera y socialista: para un gobierno de trabajadores. Se deben sacar las enseñanzas de la gran revolución sandinista de 1979: no podemos repetir la historia y chocar otra vez con la misma piedra. El imperialismo, la OEA y la burguesía que ahora se reclama “democrática” son enemigos de la revolución. La claridad en este norte estratégico debe servir para una organización independiente de la izquierda y los trabajadores: para la construcción de un partido obrero revolucionario. Que en frente único con las corrientes en lucha, haga realidad el triunfo de la lucha revolucionaria.

Nicaragua fue uno de los primeros países (en el 2018) involucrados en el proceso de rebeliones populares que viene recorriendo América Latina (Chile, Colombia, etc.). Este alza continental deberá influir también sobre la masa explotada de la tierra de Sandino.

 

Abajo la represión

En abril del 2018, estalló una sublevación popular contra un ajuste fondomonetarista antipopular. Con la juventud estudiantil como vanguardia, ganó las calles, formó barricadas y “liberó” territorios, en una inmensa lucha popular, que tuvo su origen inmediato en una reforma jubilatoria reaccionaria dictada por el FMI y ejecutada por el gobierno de Daniel Ortega, ex líder del FSLN, hoy transformado en un dictador que se sostiene a viento y marea con la represión.

Esa sublevación popular, que ocupó las primeras planas de los diarios del mundo, fue reprimida a sangre y fuego por las “fuerzas de seguridad” y grupos paramilitares mercenarios. Olga Valle, destacada sandinista revolucionaria nos informa que “más de 328 personas han sido asesinadas, más de 100.000 personas exiliadas y al menos 1.614 personas han sufrido cárcel política”. Hoy se reclama la libertad de 140 presos políticos. El sostenimiento del traidor contrarrevolucionario Ortega en el poder se debe a la alianza que ha establecido con una oligarquía burguesa exportadora y bancaria, que fue beneficiada estos años con inmensos subsidios y desgravaciones impositivas. La cercanía de elecciones nacionales en noviembre de este año, ha vuelto a lanzar al gobierno orteguista a una campaña de detenciones de opositores y proscripciones políticas. No solo de dirigentes burgueses “opositores” (Chamorro, etc.), sino también de históricos luchadores del sandinismo revolucionario.

Ortega prepara elecciones proscriptivas y fraudulentas para noviembre próximo.

Es necesario que la izquierda latinoamericana se pronuncie (y movilice) contra esta nueva onda represiva del dictador Ortega. Libertad a los presos políticos. Plenos derechos políticos y de organización para los trabajadores, campesinos, estudiantes y sus organizaciones sociales y partidos de izquierda. Juicio, cárcel y castigo a los represores materiales y políticos.

R.S.