La rebelión popular chilena que comenzó el 6 de octubre pasado ante el aumento de la tarifa del metro, sigue su curso ganando en profundidad social y en amplitud nacional. El alcance general de la lucha que está en curso lo refleja el propio movimiento, popularizando la frase “no son 30 pesos, son 30 años”, en clara alusión al carácter continuista con el pinochetismo de la llamada democracia chilena.

Lo que distingue esta rebelión de las anteriores es su carácter de conjunto, ya que envuelve a todas las clases sociales explotadas y proyecta los distintos reclamos en contraposición al régimen político imperante. La conciencia que existe en la calle es que la educación y la salud universal y gratuita, la estatización del sistema de pensiones, el aumento de salarios y el establecimiento de convenios por rama, la conquista de los derechos de la mujer y de la población mapuche no es compatible no ya solo con el gobierno de Sebastián Piñera, sino con el régimen heredado de la dictadura. Otro dato que distingue a este movimiento de las luchas recientes que lo pavimentaron es una mayor participación del movimiento obrero y de los sindicatos. La popularización de la consigna de la huelga general, incluso bajo el sentido distorsionado que le otorga la burocracia sindical, no deja de ser un reflejo de ello. La acción de lucha de los trabajadores, de la juventud y de amplios sectores populares encuentra un punto de reunión en las asambleas populares, que se han multiplicado por todo Santiago y también por el interior. Es cierto, claro, que en estas los trabajadores participan a título personal, y no como clase estructurada en sindicatos o partidos. Pero esta relativa debilidad tiene su punto a favor en el hecho de que la regimentación burocrática no logra envolverlas. El peligro potencial que implica para el régimen ha llevado a que varias instituciones del Estado y partidos del régimen busquen desarrollar sus propios cabildos, para evitar la puesta en pie de un movimiento autónomo con capacidad de potenciarse como un poder alternativo.

Bancarrota económica

La marea de fondo que provocó esta rebelión es el impacto de la bancarrota capitalista internacional sobre América Latina y sobre Chile en particular. A pesar de los miles de editoriales que gastaron tinta hablando del ´milagro chileno´, lo cierto es que el país trasandino sigue dependiendo de las exportaciones de cobre, que representan aproximadamente el 50% de sus ventas al exterior. La caída de su precio, en consonancia con el retroceso de todas las materias primas, causó un retroceso económico y de los ingresos fiscales. 

De conjunto, Chile se ve afectada por una crisis financiera como resultado de la creciente deuda externa. La caída de sus exportaciones choca con una deuda que implica en el transcurso de un año compromisos por 60.000 millones de dólares. 

Ruptura de los equilibrios

El programa enarbolado por la rebelión popular va mucho más allá de una suma de reclamos sectoriales. Tomado en su conjunto, cuestiona toda la orientación social que los distintos gobiernos del pos pinochetismo han aplicado hasta la fecha, con variantes mínimas entre ellos más allá de que sean rotulados como derechistas o centroizquierdistas. Terminar con la privatización de la educación y la salud, con el régimen de capitalización personal en las jubilaciones, con la atomización del movimiento obrero en acuerdos y sindicatos por empresa, con la entrega de los recursos naturales y con el copamiento de la tierra urbana y rural implica barrer el dominio del capital financiero que ha entrecruzado a la burguesía nativa e internacional en un régimen político de cuño represivo. 

Aunque abstractamente se podría considerar que el agotamiento de un régimen del capital financiero debiera llevar a la burguesía a producir un giro nacionalista, como ha ocurrido de hecho en América Latina en varias oportunidades, lo cierto es que un giro de ese tipo choca tanto con los límites que la crisis mundial le imponen a todos los estados en su capacidad de intervención, como así también con las instituciones, corporaciones e intereses concretos con los que Chile logró establecer su régimen luego del fin de la dictadura. Pero la crisis consiste en que aunque ese giro enfrente dificultades de fondo, la ruptura de los equilibrios preexistentes hace inviable la imposición vía represiva de una política meramente continuista. La rebelión popular ha colocado en la picota el régimen pos pinochetista y de modo inevitable la clase capitalista deberá improvisar para buscar una salida que rescate las conquistas que entiende como principales. 

Constituyente y constitución

La admisión por todas las clases sociales de que la rebelión popular representa un antes y un después lo prueba el debate abierto sobre la necesidad de modificar la Constitución nacional y convocar a una Asamblea Constituyente. El cuestionamiento a la Constitución expresa de modo limitado una crítica de fondo al régimen político. A la vez, el abordaje constitucional de la crisis del régimen marca una limitación del movimiento y alimenta las maniobras de la oposición burguesa y también de un sector del oficialismo para buscar sacar al pueblo de la calle mediante promesas y maniobras parlamentarias. 

Piñera se vale de que la Constitución no contemple la convocatoria a una asamblea constituyente, para plantear la posibilidad de una modificación constitucional por la vía del Congreso. La mayoría especial que establece la Constitución para ser modificada le asegura a Piñera un control sobre todo el proceso. Sabiendo de lo limitado de su propuesta, Piñera ha planteado una agenda social, para echar lastre ante el pueblo. Los cambios cosméticos han sido rechazados, como así también las modificaciones del gabinete, del que fueron eyectados los sectores más repudiados por la población.

Por el lado de la oposición de la Concertación, en especial del Partido Socialista y la Democracia Cristiana, se han planteado variantes de constituyentes, que serían habilitadas por medio de un plebiscito. Antes de la propia Constituyente, este sector promueve que el Congreso modifique algunos artículos de la actual Constitución. Como tal, se trata de un acuerdo con Piñera y su fuerza política. El galimatías que supone recorrer tantas instancias institucionales delata la intención de que el centro de atención pase de la calle al Congreso Nacional. Este sector tiene ganado un merecido repudio de la parte más activa de la población, por haber formado parte del régimen pos pinochetista. Por eso requiere para llevar adelante un papel de contención echar mano a los sectores que se encuentran a la izquierda de su espacio político, como ser el PC y el Frente Amplio, y las organizaciones sindicales y sociales que éstas influyen. Varias de éstas coquetean con la consigna de “fuera Piñera”, pero lo hacen bajo un ropaje parlamentario y es el precio que deben pagar para jugar un papel de desvío del movimiento. Las organizaciones sindicales y sociales que dirigen acaban de publicar un texto anunciando la conformación de un “comité de huelga” y anunciando una nueva jornada de lucha para el 12 de noviembre, pero de su programa han borrado el planteo de que se vaya el gobierno para sí dejar el de la Constituyente. 

La consigna de la Asamblea Constituyente y la reforma de la Constitución expresan tanto la potencialidad del movimiento como sus limitaciones. Es necesario precisar el alcance de estos planteos, favoreciendo la intervención de los trabajadores, la juventud y el pueblo explotado. Para ello es necesario cuestionar los manejos no solo del Poder Ejecutivo sino también del Congreso Nacional donde pretende hacerse fuerte la oposición patronal. En las actuales condiciones, la mejor forma de neutralizar estas maniobras es estructurar la agitación partiendo de la consigna de la huelga general para echar a Piñera. Hay que explicar que solo con el derrocamiento del gobierno represor por las masas en la calle se abre la posibilidad de una constituyente soberana, que debe ser convocada por las organizaciones de lucha del pueblo. Es necesario acompañar esas consignas con un programa integral de reorganización política y social del país, que apunten a desmantelar el régimen y la dominación del capital financiero. Por esta vía preparamos incluso la intervención en una eventual constituyente regimentada, que de convocarse será con seguridad un foco de movilización para que se avance en muchos derechos. Es justamente ese temor el que por el momento lleva a la burguesía a no aventurarse en una convocatoria a una constituyente regimentada. 

Por un partido de la clase obrera

Al calor de esta lucha, debe estructurarse a los trabajadores como clase en el escenario político nacional. El planteo de un Congreso de trabajadores, que están debatiendo varios sindicatos, ocupa un lugar relevante en las tareas de agitación y de organización. La debilidad de los sindicatos por empresa herederos del pinochetismo pueden ser, contradictoriamente, más simples de recuperar por los trabajadores, dado que sus burocracias sindicales son también de menor cuantía. 

La lucha por estructurar a los trabajadores como clase remite directamente a la cuestión del partido. La potencia de la rebelión popular ha dejada expuesta la carencia de una organización política de los trabajadores. El Partido Comunista hace muchísimos años no juega ese papel y en el último período ha agravado su asimilación al régimen al lograr ingresar al Parlamento. Esto vale también para el Frente Amplio, que es una formación política nacida luego de la rebelión educativa del 2011. Nutrida de cuadros que mayormente provienen del movimiento estudiantil, el Frente Amplio logró una importante elección que le redundó en la conquista de 20 bancas en la Cámara de Diputados. Este debut auspicioso aceleró su asimilación al régimen y hoy juega un claro papel de contención. 

La rebelión en curso reclama superar esa experiencia y abrir curso a la formación de un partido de la clase obrera. Se trata de un debate que está instalado en cuadros revolucionarios que actúan de modo disperso, y que deben superar la tentación de diluirse en el movimientismo. El avance en esa dirección requiere de un planteo específico, cuya base es la defensa de la independencia política de los trabajadores para luchar por su propio gobierno. La lucha para formar un partido debe hacerse con el método que le es propio a éste: quienes se pronuncien en ese sentido y formen los primeros núcleos deben actuar con el método de la agitación, la propaganda y la organización para desarmar las maniobras de desvío de la rebelión en curso y trazar un programa que una las reivindicaciones inmediatas con la lucha por el gobierno de los trabajadores. La única y duradera acumulación y de poder popular es el partido de la clase obrera.