Con varios meses de retraso respecto de los plazos establecidos en los “acuerdos de Oslo” de 1993 entre Israel y la OLP, Yasser Arafat y Shimon Peres acaban de dar los últimos “toques” a la llamada “segunda fase” de estos acuerdos. Allí se establecen las condiciones para la extensión de la “autonomía palestina” a la ribera occidental del río Jordán, para la organización de las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y para la “reubicación” de las tropas del Estado sionista. La “primera fase” del acuerdo, ya en vigencia, estableció la “autonomía palestina” sobre la Franja de Gaza y Jericó.

El acuerdo de la “segunda fase” confirma –aún más crudamente que el de la “primera” – que la OLP renunció a la lucha por un Estado nacional palestino. El Financial Times –que en su edición del 11 de agosto reproduce el acuerdo– no deja lugar a dudas: “las concesiones de Arafat a Israel (son) considerables y políticamente sensitivas” (11/8) … “Arafat capituló en casi todas las cuestiones relativas a la seguridad que habían retrasado la firma del acuerdo” (14/8).

La “segunda fase” establece que seis de las siete mayores ciudades de la ribera occidental del Jordán pasarán a manos de la administración palestina. Queda excluida Hebrón, donde se concentra un importante número de asentamientos sionistas y donde la extrema derecha sionista es extremadamente fuerte. En la mayoría de las 420 aldeas palestinas de la ribera occidental, se instalará la administración palestina … pero su “seguridad” quedará a cargo del ejército israelí. Los miembros de la ANP o de la policía palestina que deban desplazarse de una aldea a otra deberán contar con la autorización de las autoridades sionistas. Las sesenta aldeas palestinas que rodean a Jerusalén quedan bajo pleno control israelí. Según el Financial Times (11/8), “la mayor dificultad” para la firma del acuerdo radicaba en las áreas rurales escasamente pobladas, que cubren aproximadamente dos tercios de toda la ribera occidental. “En los últimos días Arafat, contra la fuerte oposición de sus consejeros, resignó la posición palestina, dejando a Israel libertad para decidir qué tierras abandonará y cuándo lo hará antes de julio de 1997” (ídem). Como, además, la parte oriental de Jerusalén (palestina) y los asentamientos y las instalaciones militares sionistas en la ribera occidental quedarán bajo el pleno control del ejército israelí hasta la firma de la “última fase” (prevista para 1999), incluso uno de los “ministros” de la Autoridad Nacional Palestina debió reconocer que “la parte del león de la ribera occidental permanece en las manos de Israel” (Financial Times, 14/8).

La “autonomía” palestina queda así reducida a “un retazo de volátiles cantones palestinos, unidos por rutas controladas por el ejército isrealí … por lo menos hasta julio de 1997” (ídem). ¡Pero incluso después de 1997 Israel mantendrá un pleno control sobre la seguridad exterior del “territorio autónomo” palestino y sobre la seguridad de los asentamientos sionistas y de los ciudadanos israelíes que vivan en ese “territorio autónomo”!

La “segunda fase” establece también la convocatoria a elecciones para el Consejo palestino y para el Legislativo palestino y, separadamente, para la presidencia del Consejo palestino. El retiro de las tropas sionistas de las ciudades y aldeas que pasen a la “administración” palestina se realizará en varias fases: sólo la primera tendrá lugar antes de las elecciones … las cuales se realizarán bajo el control de las tropas de ocupación. Arafat ha abandonado, por lo tanto, una de sus principales reivindicaciones: la celebración de elecciones sin la presencia de tropas sionistas.

El acuerdo establece taxativamente que el Consejo palestino carecerá de todo poder diplomático: no podrá abrir embajadas en terceros países ni permitir la apertura de embajadas extranjeras en el “territorio autónomo”. Sus poderes se limitarán a asuntos tales como el transporte (dentro de cada una de las ciudades y aldeas pero no entre ellas), la energía y el cobro de impuestos indirectos. Pero aun en estas cuestiones “municipales”,  el Consejo palestino estará subordinado al Estado sionista: “Israel reclama el derecho de veto sobre toda la legislación aprobada por el Consejo palestino … la cual deberá pasar por una comisión israelí-palestina antes de convertirse en ley” (ídem).

La “segunda fase”, también, establece tres etapas para la liberación de los 6.000 presos políticos palestinos: con la firma del acuerdo, con la realización de las elecciones y con la firma del acuerdo final (en 1999). Pero Shimon Peres se apresuró a aclarar que “ni las cifras ni los criterios de excarcelación han sido fijados” (Página 12, 12/8).

Finalmente, la cuestión clave del agua. La “segunda fase” no resuelve la cuestión del control de las fuentes de agua, el recurso natural más vital de la región, es decir que mantiene el actual “estado de cosas” gracias al cual los ciudadanos israelíes disponen de cuatro veces más agua que los palestinos. Desde que comenzó la ocupación (1967), los palestinos tienen prohibido perforar nuevos pozos o reemplazar los que se secan. Se trata de una política conciente para convertir en desiertos las ciudades, las aldeas y los cultivos de los palestinos. Esto se mantendrá en pie porque, como declaró un alto funcionario sionista, “a menos que los palestinos acepten la actual distribución, Israel no se retirará de la ribera occidental, ni siquiera parcialmente” (The Economist, 5/8).

“No somos capaces de decidir dónde colocar una parada de autobús sin el acuerdo israelí”, confiesa uno de los negociadores palestinos (Financial Times, 14/8). La denuncia del derrumbe de la política de Arafat no puede ser más gráfica.