31/10/2002 | 778

Arana recurre a la policIa y a los privatizadores para derrotar a los trabajadores y reducir los salarios

Montevideo: Viva la huelga general con piquetes y ocupaciones de los municipales


Por aclamación, una muy numerosa y combativa asamblea del sindicato municipal de Montevideo (Adeom), con más de 4.000 trabajadores, resolvió el viernes 25 continuar la huelga general por tiempo indeterminado que había comenzado el día anterior.


En sus primeras jornadas, la huelga fue masiva y «decenas de locales municipales, incluyendo las tres usinas, los servicios de Alumbrado y Saneamiento y los Centros Comunales Zonales (CCZ) están ocupados desde el jueves» (La República, 26/10). Los piquetes – en los que participaron cientos de trabajadores – cumplen un papel descollante en el éxito de la huelga, en particular el que se instaló frente al palacio municipal para impedir el ingreso de los funcionarios jerárquicos.


La masividad y contundencia de la huelga se basa en la simpleza de su reclamo: los municipales exigen que el gobierno frenteamplista de Montevideo cumpla con el convenio colectivo firmado, que establece el ajuste de los salarios por la inflación.


El intendente Arana se niega a cumplir con el contrato colectivo y pretende imponer, por la vía de la fuerza, una rebaja de salarios. El gobierno frenteamplista de Montevideo es la vanguardia de los explotadores uruguayos contra la clase obrera; es la fuerza de choque de las patronales. Si el gobierno del FA logra hacer pasar el desconocimiento de los convenios – y, por lo tanto, de los propios sindicatos, cuya razón de ser es la negociación colectiva de los salarios y las condiciones de trabajo – las patronales uruguayas habrán ganado una batalla decisiva: el «ejemplo» de Montevideo se extenderá rápidamente por todo el país. Por esta razón, Arana cuenta con el respaldo incondicional de la burguesía, expresado en la campaña de la prensa contra los «privilegios» de los municipales y la «violencia» de los piquetes. Este es el alcance estratégico de la batalla que están librando los municipales de Montevideo contra el gobierno frenteamplista.


Arana está determinado a quebrar la huelga y el convenio. Primero lo intentó por la vía «pacífica»: ofertó reconocer la deuda salarial de los meses pasados (20%) pero a condición de pagarla en «cómodas cuotas» y, por sobre todo, de que Adeom renuncie a posteriores ajustes salariales durante la vigencia del convenio. Como esta «oferta» fue rechazada, Arana se largó a quebrar la huelga por la fuerza. Anunció que recurrirá a la policía para impedir la acción de los piquetes y que los servicios de las empresas privadas de recolección de residuos (que recogen la basura en ciertos circuitos de Montevideo) serán extendidos a toda la ciudad.


Al término de la asamblea municipal, el secretario general del gremio anunció que «Adeom no va a permitir que le rompan la huelga. Nosotros ya hemos detectado que la IMM está contratando personal extramunicipal para hacer tareas de compañeros que están en huelga (…) No vamos a aceptar personal contratado para romper una huelga. Si la IMM contrata a alguien para hacer la tarea de los municipales, no estamos hablando de empresas privadas, estamos hablando de rompehuelgas» (ídem). La extensión de los servicios de recolección privada a toda la ciudad significará un enorme costo adicional para las finanzas municipales, lo que pone de manifiesto el objetivo político del gobierno municipal de quebrar la huelga. Entre los que están jugando a muerte para quebrar la huelga municipal se encuentra Benito Roggio, dueño de uno de los servicios privados de recolección. Como se ve, Roggio tiene buenos amigos en los intendentes «progresistas» de ambos lados del Río de la Plata.


La lucha de los municipales de Montevideo es una experiencia política excepcional, no sólo para los trabajadores municipales sino para toda la clase obrera uruguaya, porque desnuda el carácter de clase de la coalición «opositora»: el Frente Amplio gobierna Montevideo con rompehuelgas, la policía y los pulpos privatizadores contra los trabajadores.


 


Los pesificadores levantan cabeza

Se quebró el gobierno


El Partido Blanco retiró sus ministros del gabinete de Batlle; la «coalición» es la segunda víctima de la crisis, luego de la renuncia del ministro de Economía Bensión en agosto.


La renuncia de los ministros blancos deja solo al gobierno colorado frente a una crisis bancaria irresuelta, una depresión económica fenomenal y una lucha creciente del movimiento obrero y popular. Demasiado para un gobierno aislado, con una bancada parlamentaria minoritaria y repudiado por la población. Los ministros blancos no serán la última víctima de la crisis.


El «salvataje» bancario de agosto, impulsado por el FMI, no resolvió nada. Los bancos intervenidos no pudieron ser reabiertos ni liquidados; la banca extranjera sigue perdiendo depósitos y la incobrabilidad de los préstamos crece en flecha. En realidad, el «salvataje» desató una enorme depresión económica – Uruguay es un país sin dinero ni crédito – que amenaza la supervivencia de sectores enteros de la burguesía uruguaya. También es un acicate para el crecimiento de la lucha popular, que adquiere características cada vez más marcadamente piqueteras. La caída de la coalición desmiente al Frente Amplio, que sostenía que Batlle había salido «fortalecido» de la crisis bancaria de agosto.


La salida de los ministros blancos del gabinete y la consecuente pérdida de la «mayoría automática» del gobierno en el Parlamento, incrementa las «responsabilidades» del Frente Amplio en la «gobernabilidad» de Uruguay. Su dirección es plenamente conciente de ello, por eso Tabaré Vázquez aceptó una invitación del solitario Batlle para discutir «la situación del país».


El ala derechista del FA (Asamblea Uruguay y Vertiente Artiguista) es partidaria de sostener abiertamente a Batlle en el Parlamento. Este sector votó a favor de la «ley de reactivación» propuesta por el gobierno (que entrega la mitad de las rutas uruguayas y el aeropuerto de Carrasco a los pulpos del peaje) y es partidario de apoyar la «desmonopolización» de Ancap, es decir abrirle las puertas a los pulpos petroleros extranjeros. La mayoría del FA, por su parte, también defiende la «gobernabilidad» y la permanencia de Batlle. La huelga de Adeom puso al rojo la disputa dentro del FA (ver nota «La derecha a la ofensiva») que la nueva situación agravará de manera inexorable.


Con la caída de la coalición blanqui-colorada, Uruguay ingresa en una nueva fase de la crisis política. También los explotados uruguayos están entrando en una nueva fase de lucha, ya ampliamente verificable, que muestra una creciente utilización de los métodos de lucha piqueteros, de la acción directa, de las ocupaciones de edificios públicos, de los cortes de calles y rutas.


El fin de la coalición pone al descubierto la ficción de la «democracia» uruguaya. Un presidente aislado, sin respaldo parlamentario, repudiado por el 80% de la población, sobrevive por la «buena voluntad» de la oposición. Batlle no tiene condiciones para gobernar. «Fuera Batlle» y «Que el poder pase a una Asamblea Constituyente» son las consignas que dicta la situación y que pueden orientar a la vanguardia obrera y estudiantil, que está luchando en Uruguay, a desarrollar una política independiente, es decir, obrera.


 


La huelga de Adeom y la crisis del Frente Amplio

La derecha a la ofensiva


La huelga de Adeom pone al desnudo el enfrentamiento entre los trabajadores municipales, mayoritariamente frenteamplistas, y la dirección burguesa del FA que encabeza la Intendencia de Montevideo.


El ala derecha del FA (Asamblea Uruguay-Vertiente Artiguista), que gobierna la Intendencia, está aprovechando el conflicto para lanzar una vasta ofensiva política cuyo objetivo es derechizar, todavía más, al Frente Amplio. El senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, sostuvo que la huelga busca «voltear el gobierno» del FA y al «proyecto progresista» y que, frente a la amenaza, «el tiempo de las conversaciones ha finalizado» (La República, 26/10). Es decir, llegó el momento de los palos «progresistas» y la policía contra los huelguistas. Rubio comprende perfectamente que la derrota de Adeom es una prueba de la «capacidad de gobierno» del FA: «La pregunta posible para un futuro gobierno de la izquierda (…), es si (…) gobernará la fuerza política o los sindicatos. Por eso no podemos ceder» (ídem). Revela así de antemano el carácter antiobrero y antisindical de un eventual gobierno nacional frentamplista.


El blanco de la ofensiva derechista no son sólo los trabajadores sino también el propio Tabaré Vázquez, principal dirigente del FA. Este había intentado impedir la huelga anunciando que «la Intendencia cumplirá el convenio»… por la vía de «reconocer» la deuda aunque no la pagara. Pero esta maniobra fracasó y los derechistas le exigen a Vázquez, secamente, «que no se meta» en el gobierno de la Intendencia.


La Mesa Política del FA no logró votar un pronunciamiento común sobre el conflicto que enfrenta a la Intendencia gobernada por el FA con un sindicato dirigido por el FA. «El problema es que cualquier moción de apoyo a Arana se iba a interpretar como un cuestionamiento a la posición de Tabaré y viceversa, coincidieron dos integrantes de la Mesa Política» (Brecha, 25/10).


La «fuerza» de la ofensiva de la derecha no reside en su capacidad de movilización – en las recientes elecciones internas del FA sus resultados fueron más que pobres – sino en sus puestos en el aparato del Estado y, sobre todo, en el respaldo incondicional que le brindan la burguesía y el imperialismo en esta «lucha interna».


 



La crisis bancaria en el pantano


En tres largos meses, el gobierno uruguayo no fue capaz de encontrarle una «salida» a la situación de los cuatro bancos intervenidos en la crisis de agosto y se vio obligado a extender el plazo de suspensión.


En conjunto, los bancos intervenidos tienen un patrimonio negativo de 900 millones de dólares (activos por 1.800 millones; pasivos por 2.700). Aunque los depositantes aceptan «capitalizar» (perder) parte de sus ahorros, el Estado se hace cargo de las «carteras podridas», y el sindicato bancario (Aebu) acepta la reducción del número de empleados, no aparece ningún grupo capitalista interesado en quedarse con ellos. Aun a precios de regalo, ¿quién podría estar interesado en aportar la «liquidez» necesaria para hacer funcionar un banco sin capacidad prestable, con sus depósitos congelados y sus ahorristas en fuga, y en un país que se encuentra en una profunda depresión económica?


Sin poder reabrirlos, el gobierno teme la catástrofe que produciría su liquidación. Además de dejar miles de trabajadores en la calle, «el problema es que la liquidación es de una magnitud tal que puede tornar(la) en un proceso de destrucción lisa y llana de capital físico, humano» (Brecha, 25/9). Los créditos otorgados por los bancos intervenidos suman 1.850 millones de dólares, el 30% del total del sistema y el 42% de los otorgados por la banca privada. En particular, estos bancos tenían una posición dominante en el interior, donde, «desde su suspensión, ha desaparecido la banca privada» (La República, 25/9).


Mientras tanto, los bancos privados de capital extranjero – los únicos cuyos depósitos no han sido «reprogramados» (congelados) – continúan perdiendo depósitos. Después de la sangría de 460 millones en agosto, en septiembre volvieron a perder 44 millones, en lo que los observadores califican como el inicio de un «goteo» que pone en evidencia que la crisis bancaria está muy lejos de haberse resuelto.


El «salvataje» de la banca propiciado por el FMI en agosto, congeló el 70% de los depósitos bancarios y dejó a Uruguay sin efectivo ni crédito, y con una depresión económica general. El PBI se derrumbó (después de cuatro años de severa recesión), la desocupación crece en flecha, la cadena de pagos se quebró, el Estado ha dejado de pagarle a los proveedores (e incluso en los municipios del interior, ni siquiera se pagan los sueldos). Por la depresión (80% de los préstamos es incobrable). Las «refinanciaciones» – que se limitan a la extensión de los plazos, sin reducción de tasas, ni de montos adeudados – son, como denuncian los deudores, una confiscación. Una asamblea de deudores en dólares resolvió iniciar una «moratoria general» de sus deudas; en el interior, los pequeños productores endeudados están formando piquetes para impedir la ejecución judicial de las hipotecas.


 


Ante el auge de la movilizacion piquetera

Para Batlle, los escraches y los cortes son «delito»


El gobierno de Batlle mandó al Congreso un proyecto de ley que tipifica como delitos los escraches y «las manifestaciones que puedan tornarse delictivas», como los cortes de ruta o los piquetes sindicales.


La represión es la respuesta de un régimen agotado ante el carácter crecientemente combativo y piquetero de las luchas. Hace pocas semanas, la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Uruguay – junto con otras organizaciones que integran la Coordinadora de Organizaciones en lucha, como los centros de estudiantes de los secundarios ocupados, la Coordinadora de Ollas del Cerro y el sindicato del taxi – movilizaron más de 2.000 compañeros en una jornada de lucha que conmovió a Montevideo. Mientras tanto, en el interior, comienzan a realizarse cortes de ruta contra la desocupación convocados por los zonales del Sunca (sindicato de la construcción), algo enormemente significativo porque la dirección nacional de ese sindicato ha sido una punta de lanza contra los métodos piqueteros.


Las manifestaciones de lucha piquetera crecen día a día: la manifestación de los trabajadores del Hospital Pereira Rossel contra el ministro Varela; los cortes de los trabajadores de la salud pública y privada de las avenidas frente a sus sanatorios (Casas de Galicia, Oncología, Casmu, Italiano), en oposición a la política oficial de la FUS; la ocupación de la oficina del Inda de Rivera en reclamo de alimentos por la olla de la UTD; las vigilias y ocupaciones de edificios públicos por la Fucvam; los cortes que los curtidores de Florida organizaron en las entradas de la ciudad; los cortes de puente de Paso Carrasco y del Cerro, y en muchos otros puntos de la ciudad y del país.


La característica de esta nueva etapa es que «importantes sectores del movimiento obrero, que aún se encuentran bajo el ‘dominio’ relativo de la burocracia sindical (…), adoptan en los hechos, métodos piqueteros – que se oponen por el vértice a sus direcciones – para conquistar sus reivindicaciones» (Tribuna de los Trabajadores, 10/10).


 


Montevideo gobernada por los banqueros y privatizadores


La huelga de los municipales puso en claro que Arana gobierna para los banqueros y los privatizadores.


Arana argumenta que no puede cumplir el convenio porque, para hacerlo, debería aumentar los impuestos de los vecinos. Pero el déficit municipal, del orden de los 100 millones de dólares, es muy anterior a la caída de la recaudación provocada por la crisis uruguaya de los últimos meses. Adeom denunció el origen de clase de la deuda municipal: no proviene de los salarios o de la cantidad de trabajadores sino del sostenimiento de las numerosas empresas y ONGs beneficiarias de las privatizaciones y tercerizaciones municipales, del endeudamiento con el capital financiero nacional e internacional y, además, de los sueldazos que cobra la burocracia que ha perpetrado estas tropelías.


Bastan algunos ejemplos. La remunicipalización de Sur, la empresa de recolección de residuos de Roggio, le ahorraría a la Intendencia 2,5 millones de dólares al año. El barrido de las calles de Montevideo fue tercerizado en beneficio de una ONG – Movimiento Tacuruses – que le paga a cada trabajador 3.000 pesos por su trabajo… pero que recibe de la Municipalidad 10.000 por cada empleado. Sólo en los meses de octubre y noviembre, la IMM tiene presupuestados pagos de intereses por un monto de 2 millones de dólares. Anualmente, la Intendencia paga al BID intereses por casi 7 millones de dólares por un préstamo recibido en el año 2000. Para los años 2003 y 2004, tiene compromisos por pago de intereses y servicios de 35 millones de dólares.


La causa del déficit de la Intendencia frenteamplista es el festival de privatizaciones y la deuda con el capital financiero. Estos compromisos son inviolables para los «progresistas». Para pagarlos, el gobierno del FA, como ha reconocido un semanario frenteamplista, actúa «igual que el gobierno nacional, pero en términos mucho más crudos» (Brecha, 25/10): lo que hace es «meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores», según la fórmula de un dirigente del Partido Socialista citado por el diario El País. Y en cumplimiento de esos mismos compromisos con los capitalistas, tampoco vacilará en «meterle la mano en el bolsillo a los vecinos». Con el FA, en Montevideo 


 


Arana, también contra los trabajadores del transporte y los desocupados


Arana también pretendió resolver la crisis del transporte acudiendo, como en el caso de los municipales, a la reducción de los salarios. Autorizó a la empresa Cutcsa a reducir las frecuencias de circulación de los vehículos (aquí no le importó joder a los vecinos) y a suspender a sus trabajadores por dos días al mes, lo que implicaba una pérdida salarial cercana al 10% mensual. Una fulminante huelga sorpresa del transporte, que paralizó Montevideo, obligó a la empresa a dar marcha atrás con las suspensiones (aunque no con la reducción del número de servicios).


El gobierno frenteamplista de Montevideo tampoco tuvo empacho en golpear a los desocupados, incumpliendo sus compromisos de entrega de alimentos para los comedores populares. La Coordinadora del FA del barrio Jacinto Vera repudió en una carta a la Mesa Política del FA por los recortes de las partidas alimentarias por parte de la IMM; después de entregar apenas el 25% de las cantidades comprometidas, la Intendencia congeló las entregas. La Coordinadora frenteamplista de Jacinto Vera advirtió, además, que «está dispuesta a acompañar a los vecinos del barrio en sus movilizaciones a la Intendencia si la situación no se revierte».


Ataque a los salarios y a los desocupados: esta es la política del «gobierno popular» de la Izquierda Unida uruguaya.

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