Este artículo, elaborado en junio de 2019, se propone analizar los levantamientos en Argelia y Sudán, colocando el eje en los movimientos de la clase obrera y los explotados.

Los últimos meses trajeron algunas novedades.

En Argelia, si bien continúan las protestas y el clima de movilización popular, el escenario se encuentra empantanado. El gobierno militar, actualmente encabezado por el General Bensalah, retiene, no sin dificultades, las riendas del país. La izquierda ha intervenido, aunque, en términos generales, con planteos sobre la democracia formal, que eluden el problema del poder para la clase obrera. Este frágil equilibrio aún puede inclinarse hacia los trabajadores si estos toman en sus manos la construcción de herramientas políticas que luchen consecuentemente contra todas las expresiones del capital.

Mientras tanto, en Sudán, la situación ha dado un vuelco. Se ha cristalizado una salida ordenada. La junta militar ha llegado a un acuerdo de cogobierno con las fuerzas que lideraban el movimiento de lucha, las cuales impulsan una orientación de frente popular. Si bien el Poder Ejecutivo y el nuevo parlamento tendrán mayoría de civiles, los militares retendrán una parte considerable de los resortes del aparato gubernamental, incluyendo el Ministerio del Interior y el de Defensa. Incluso, se han preservado a aquellos altos mandos militares que fueron señalados como los responsables intelectuales de la masacre contra el acampe popular en la ciudad capital de Jartum. El acuerdo prevé una transición de tres largos años antes de convocar a elecciones. Avalado por el imperialismo, el nuevo gobierno de unidad nacional aún deberá hacer frente a los escollos de la crisis mundial y a un pueblo que, lejos de haber sido derrotado, ha tomado lecciones aceleradas de lucha y organización.

Los recientes levantamientos en Argelia y Sudán, sumados a las luchas populares y crisis políticas en Oriente Medio, plantean la reapertura del proceso revolucionario árabe, iniciado en diciembre de 2010, y revelan la pertinencia del análisis que realizamos en ese momento, asociado al desenvolvimiento de la crisis mundial, que convirtió la bancarrota financiera de 2007-2008 en crisis políticas y caídas de gobiernos.

Ahora, luego de diez años, la crisis mundial capitalista, que amenaza al planeta con una guerra comercial y una recesión en puertas, ha realizado su trabajo implacable de topo, y está en la base de esta nueva ola de rebeliones populares que sacuden la región. Esto ha puesto en jaque todos los equilibrios políticos, diplomáticos y militares previos, y puso en tela de juicio los esfuerzos que viene haciendo el gobierno de Trump por recuperar la iniciativa en la región, que incluye acuerdos y prendas de cambio entre Estados Unidos y Rusia, el acorralamiento de Irán, y la restauración de la primacía de las monarquías del Golfo, en alianza con el expansionismo de Israel, con el fin de un reparto ordenado del botín sirio, iraquí y norafricano.

Levantamientos populares y crisis de régimen en Argelia

Desde principios de año, levantamientos populares, puebladas, paros y movilizaciones se sucedieron en las calles de Argelia, expresando el hartazgo popular frente al despotismo gubernamental. El descontento social tiene una correlación directa con la caída del precio internacional del petróleo, que representa el 95% de las exportaciones argelinas, y los sucesivos ajustes contra los trabajadores.

Los levantamientos son la expresión genuina de un sector mayoritario de los explotados que salen a luchar, aunque con las limitaciones de años de proscripciones políticas, estatización de los sindicatos y golpes a las organizaciones de trabajadores, lo cual contribuye a desdibujar los planteos políticos de fondo.

Popularmente, el régimen de Argelia es apodado como “el poder”. Este mote, de reminiscencias mafiosas, refleja el manejo corrupto y punteril que impulsan los correligionarios del depuesto General Bouteflika. Su partido, el Frente de Liberación Nacional (FLN), triunfó en la sangrienta guerra civil contra los sectores islámicos, durante los ’90, alzándose como el garante de la pacificación nacional.

Sin embargo, el FLN, que encabezó la expulsión de los colonialistas franceses en los ‘50 y ‘60, siguió el típico derrotero de las fuerzas nacionales y populares, subordinándose al imperialismo. En esta línea se inscribe la reconciliación con Francia y el apoyo logístico a sus operaciones militares en Malí, las trabas al paso de los refugiados, los acuerdos con el FMI, entre otros.

El gobierno del FLN, pródigo en escándalos de corrupción, enarbola una retórica nacionalista para encubrir el saqueo nacional a favor de una camarilla rentista. Esta desorganización llevó a la paralización del desarrollo nacional, incluso en términos capitalistas. La producción de crudo se derrumbó, siendo el único país de la Opec, además de Venezuela, que no logra cubrir la cuota establecida por el organismo. Del mismo modo, la extracción de gas está virtualmente frenada debido a los pedidos de “retornos” discrecionales, que hicieron desistir de cualquier inversión incluso a sus socios de los Emiratos Árabes Unidos.

Este panorama permite comprender por qué el desencadenante de la rebelión, un reclamo formal contra la reelección por quinto mandato consecutivo de Bouteflika, se haya desenvuelto rápidamente hasta poner en cuestión todo el régimen político. El fin de las reelecciones indefinidas y de las arbitrariedades del gobierno plantean agudamente la cuestión del poder.

Así, el dato saliente de la rebelión, que anticipa réplicas futuras, es que los trabajadores argelinos rechazaron retirarse de las calles incluso luego de lograr su objetivo original: la caída del presidente Bouteflika.

Sin embargo, este hecho no puede obviar que los levantamientos aún no lograron impulsar un gobierno que represente sus aspiraciones democráticas. A pesar de la continuidad de las protestas, aunque con menor volumen, y su reclamo de “que se vayan todos”, el régimen ha sobrevivido.

En este contexto, figuras prominentes durante la gestión de Bouteflika tomaron en sus manos las riendas del gobierno. El régimen de las “tres B”, como fue apodado por los manifestantes en lucha, incluye al actual presidente interino, General Bensalah, al primer ministro Bedoui y al presidente del consejo constitucional Belaiz. Este sector intenta mostrarse como un recambio ordenado, a la vez que se despega de su antecesor y ataca al sector más combativo del movimiento. Con esta maniobra, busca explotar las expectativas en el Estado y se recuestan en la dirección histórica de las fuerzas armadas, presentándolo como contrapuesto tanto al arribo de representantes del capital financiero hacia el interior del FLN, como a la irresponsabilidad de las protestas. Esto incluye los arrestos por corrupción de los personeros más desprestigiados del régimen y de los opositores burgueses, la represión a los manifestantes y la censura política, y la confrontación con la minoría bereber. Esta transición anuncia una nueva tentativa bonapartista y cuenta con el respaldo del presidente egipcio Al Sisi, quien llegó al poder por una crisis similar.

En esta línea, los dos llamados a elecciones por parte del régimen, que fueron rechazados por los manifestantes y por la oposición, muestran la tensión entre el arbitraje de las fuerzas armadas, los sectores de la nueva burguesía “democrática” y los sectores en lucha.

El movimiento popular está sufriendo una doble extorsión: por parte de los militares, para que depongan su lucha y se sumen a una nueva intentona nacionalista; pero, también, por parte de la oposición burguesa, que es apoyada por sectores sindicales y políticos referenciados con la izquierda, y que quiere utilizar los reclamos populares como prenda de cambio en una transición negociada. La ausencia de una dirección obrera independiente condiciona el proceso político y limita las posibilidades de una salida en favor de los intereses de los trabajadores.

La izquierda y la Asamblea Constituyente

Los partidos de la izquierda argelina, incluyendo los dos que se reivindican trotskistas, no han desenvuelto una delimitación decisiva con el nacionalismo burgués que permita sentar las bases para la construcción de una alternativa política de los trabajadores. Por el contrario, los levantamientos en Argelia sirven para ejemplificar los límites de las diferentes escisiones de la Cuarta Internacional. 

El Partido de los Trabajadores de Argelia (PT) es heredero de la corriente de Pierre Lambert y está ligado al POI francés. Su secretaria general, Louisa Hanoune, hoy injustamente encarcelada, cobró cierta fama por ser la primera mujer en presentarse como candidata presidencial en un país árabe. En el pasado reciente, el PT logró conquistar posiciones parlamentarias y realizar un trabajo sindical. Sin embargo, su rol de oposición al régimen fue limitado, circunscribiéndose a reclamos democráticos justos, pero dentro de los márgenes del sistema. A pesar de no haberse opuesto inicialmente a la candidatura de Bouteflika para el quinto mandato, el comienzo de las protestas llevó al PT a renunciar a sus escaños en la Asamblea Nacional y a reclamar la dimisión del gobierno.

De menor estructuración, el Partido Socialista de los Trabajadores de Argelia (PST) es integrante del Secretariado Unificado y está hermanado con el NPA francés. Su fundación se vincula con un grupo de simpatizantes argelinos del antecesor del NPA (la LCR), de filiación pablista. Esta corriente adhería a la curiosa teoría de que la clase obrera había sido reemplazada, en su rol de sujeto histórico, por el stalinismo. Por lo tanto, postulaba que la burocracia de la URSS y los grupos del nacionalismo democrático en los países atrasados, cobrarían un rol revolucionario. Naturalmente, en esta etiqueta entraba el FLN argelino, a quien el pablismo apoyó durante años.

Actualmente, ambos conforman, junto a sectores burgueses progresistas, las “Fuerzas de la Alternativa Democrática”, el grupo de los siete partidos que reclaman una transición democrática, dentro del marco capitalista (Tsa, 18/6/19). Su programa defiende la vigencia de las libertades democráticas cercenadas por Bouteflika, pero sin distinción de fronteras de clase (la declaración completa en L’Info, 26/6/19). Esta coalición se corresponde con sus planteos anteriores, que reclamaban, con matices, la convocatoria a una Asamblea Constituyente sin un horizonte obrero definido.

Así, en declaraciones previas a su detención, Louisa Hanoune del PT planteaba que la asamblea constituyente “responde a la voluntad de las personas dispuestas a cambiar el sistema para la refundación política e institucional y la redacción de una nueva Constitución, a partir de un amplio debate que se abrirá a nivel nacional”. Se trata de anclar “los derechos socioeconómicos y culturales de las personas, al tiempo que consolida la propiedad colectiva de la nación y todos los logros de la Revolución y la independencia, a fin de consolidar y consagrar la unidad y la cohesión del pueblo (El Watan 28/4/19).

Poco antes, abogó por la “‘autoorganización’ de las masas a través de ‘comités populares’. Comités y asambleas que luego entregarán ‘delegados’ a la Asamblea Nacional Constituyente una vez que se haya establecido el proceso”. Sobre su composición aclaró que “no hay exclusión en la Asamblea Constituyente. Todas las capas y sensibilidades de la población deben sentarse allí. Los hombres de negocios destrozados por la oligarquía tendrán su lugar” (Tsa, 4/3/19).

Se trata de un planteo que embellece al régimen nacionalista surgido de la lucha contra el colonialismo francés y que confunde las verdaderas tareas de la clase obrera y las herramientas que debe construir para lograrlas. En vez de organizar a los trabajadores por una alternativa propia, ayudando a superar las expectativas en las instituciones estatales, tiende puentes con sectores de la burguesía que ya la han traicionado en el pasado reciente.

Por su parte, el PST, en boca de su Secretario General Mahmoud Rechidi, afirma que “es esta Asamblea Constituyente, elegida de manera democrática y transparente, la que incluye el control directo del proceso por parte de las masas populares, que elaborará una nueva Constitución con una profunda reorganización del Estado, las instituciones, que deberán organizar el ejercicio efectivo de las libertades, la economía, el lugar de la religión, los idiomas, la igualdad de derechos para hombres y mujeres, donde la economía debe servir para satisfacer las necesidades sociales.”

Y amplía: “Ciertamente necesitamos terminar un régimen que concentra todo el poder en manos de un solo hombre, un sistema que devuelve el poder a los representantes electos del pueblo, ya sea que se encuentren a nivel local y/o central. Un sistema parlamentario sin cámara de senadores para controlar y sancionar los trucos del tercer mandatario. Pero todo esto debe ser debatido.” (PST, 5/5/19)

En esta línea, Mohand Saddek Akrour, de la dirección del PST, propone que “se trata de crear las condiciones para una verdadera lucha política y para desarrollar una conciencia de clase desarrollada.” Detalla que “Argelia está llena de riqueza y mano de obra (…). Debemos romper con el capitalismo, construir un bloque del norte de África, de todos los pueblos de la región, con toda esta riqueza, con una política revolucionaria de recuperación de la riqueza nacional, autogestión, poder para los trabajadores. Los que producimos no somos desafortunados y podemos construir un importante polo estratégico para el Mediterráneo y África. Quieren que creamos que no podemos hacer nada, que somos débiles y dependientes, mientras que, en 1962, cuando los franceses se fueron, los trabajadores se arremangaron y produjeron. La mejor cosecha de la historia es de 1963, con millones de toneladas de trigo.” (L’Anticapitaliste N°105, revista mensual del NPA, 23/5/19).

Si bien el PST impulsa una ruptura con el capitalismo, el contenido de su propuesta se limita al restablecimiento de condiciones democráticas y la distribución de la riqueza nacional, sin desenvolver un verdadero programa obrero. La reivindicación a libro cerrado de la lucha anti colonial (¡encabezada por el FLN!) diluye a las fuerzas de los trabajadores en una dirección ligada a la pequeña burguesía que rechazó avanzar hacia la expropiación del capital y el establecimiento de un gobierno obrero. La ambigüedad sobre la convocatoria a la asamblea constituyente y sobre el carácter del gobierno que busca hacer emerger, contiene el riesgo de reavivar expectativas democráticas y etapistas en los trabajadores.

El espontaneísmo y la maduración política

Durante el comienzo de las protestas, algunos analistas políticos del progresismo argumentaban sobre el carácter “espontáneo” de los levantamientos, formalmente ajenos a cualquier estructura partidaria. Bajo un manto libertario, esconden la más cruda desconfianza hacia el papel histórico de los trabajadores y su conciencia política.

Sin embargo, el levantamiento argelino que volteó a Bouteflika tuvo una intensa preparación en las luchas precedentes, no nació de un repollo. Incluso con un presidente ausente durante seis años (Bouteflika sufrió un derrame cerebral en 2013 que lo privó del habla), fue necesario transitar una sostenida rebelión popular para cuestionar el corazón del régimen nacionalista. Pasaron huelgas y manifestaciones en 2011, 2014, 2017 y 2018; desocupación y carestía. Enfrentaron el temor a caer en la disgregación nacional de Siria y Libia. También, el fantasma del “2001” en versión argelina: el retorno a la guerra civil y a las luchas sectarias. Aún resuenan las prohibiciones políticas y la regimentación de las organizaciones obreras. Estos escollos son los que explican que los trabajadores todavía jueguen un rol de segundo violín. El gran desafío de la próxima etapa es que la clase obrera irrumpa en el escenario político como fuerza dirigente.

La situación reclama una amplia deliberación de los trabajadores en lugares de trabajo, en los sindicatos y en los agrupamientos que los nuclea. Se impone unir la batalla por los reclamos más apremiantes a la lucha por un programa de salida integral del país sobre nuevas bases sociales.

La consigna de Asamblea Constituyente es adecuada únicamente si está atada a la lucha por el fin del gobierno del FLN y por la perspectiva de poder para la clase obrera. Para que la lucha por la Asamblea Constituyente permita que los trabajadores terminen de romper con las instituciones y partidos de la burguesía, su convocatoria debe estar a cargo de las organizaciones obreras, acompañada por la puesta en pie de comités de base en cada lugar de trabajo, que elijan delegados mandatados en asamblea. Es necesario nutrir la Asamblea Constituyente con tareas de reorganización nacional, como la ruptura con el FMI, la nacionalización de la banca, la expropiación sin pago y el control obrero sobre los recursos estratégicos. Es decir, la postulación de los trabajadores como la clase social que puede y debe tomar en sus manos las tareas nacionales.

Sudán: huelga general y acampe “piquetero” para echar al gobierno

La irrupción de los trabajadores en Sudán mostró al mundo el camino de la revolución en el siglo XXI. Como en Egipto en 2011, o como los levantamientos en Haití de 2018, el desencadenante fue la quita de subsidios a bienes de primerísima necesidad: en este caso, al pan y a los combustibles.

Sudán, desde mucho antes del estallido popular, está en ruinas. En 2018, la economía se contrajo el 2,3%. La inflación trepó el 70% hacia el mes de abril, y la desocupación en la juventud supera el 50%. Por su parte, la desnutrición infantil alcanzó niveles alarmantes, por encima del 30%.

En este contexto, contingentes de cientos de miles, venidos de todos los rincones del país, se congregaron en la ciudad capital, Jartum, y levantaron un acampe “piquetero” frente al Ministerio de Defensa (sede del poder militar), incluyendo barricadas y la virtual paralización de la ciudad. Idénticos acampes fueron replicados en las principales ciudades del país.

El acampe mostró el contraste positivo con la realidad sudanesa. Mientras que el atraso, las luchas sectarias y las viejas disputas tribales continúan disgregando el país, los trabajadores y los sectores explotados se organizaron dando inmensas muestras de solidaridad de clase y elevada conciencia política, que borraron las diferencias secundarias y potenciaron la fuerza de los trabajadores.

Una muestra de esto es el rol protagónico de las mujeres, su lucha y su organización. Una de ellas, apodada “Kandaka” (Reina de Nubia, región histórica del norte de Sudán), recorrió el mundo con un video viralizado en redes sociales. Allí, subida al capote de un auto, agita con su canto a cientos de manifestantes, que gritan: “revolución”. La irrupción de las mujeres y su influencia en el movimiento, que planteó un “cupo femenino” en un hipotético gobierno de transición, habla de la masividad de las protestas, que transformaron por completo el sentir de un país en el cual todavía rige la “sharía”, la represiva ley islámica que obliga a la mujer a una vida privada de servidumbre hacia al hombre.

Además de mujeres y jóvenes, los acampes fueron el refugio de los artistas. Cientos de músicos, muralistas, poetas y actores, perseguidos por la dictadura de Bashir, encontraron el espacio para expresarse sin mordazas. Se sumaron a las comisiones de base del acampe, que incluían divisiones de tareas, limpieza, alimentación, defensa, solidaridad, prefigurando la base de la democracia socialista.

La coordinación entre los acampes y las huelgas en los lugares de trabajo, que incluyó la intervención de portuarios, aeronáuticos, sanidad, mercantiles y operarios de varios establecimientos del interior del país, desencadenó un impacto total en la vida de la capital Jartum. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y del toque de queda, el movimiento ganó a las capas medias y profesionales de la población. Con velocidad, se extendió hacia la confraternización con sectores del ejército, en especial los jóvenes suboficiales y las tropas apostadas en la ciudad. Este elemento contribuyó a limitar las capacidades represivas del gobierno, que tuvo que conformarse con una serie de escaramuzas, con resultados fatales, pero no decisivos. La desorganización por abajo de las filas de las fuerzas armadas fue uno de los factores que aceleró las intrigas entre los altos mandos, frente al temor de perder definitivamente el control de sus tropas.

Luego de meses de acampe y huelgas, la junta militar se vio forzada a destituir a Bashir y realizar anuncios sobre una transición. Los luchadores consiguieron su primera gran victoria, logrando tirar abajo al dictador y pasando por tres presidentes en tres días. Millones ganaron las calles y festejaron con entusiasmo.

La reacción golpea, la revolución debe continuar

En contraposición al caso de Argelia, las movilizaciones de Sudán son de las más organizadas de los últimos tiempos. A pesar de las prohibiciones políticas, aún quedan rastros de organizaciones obreras, que tuvieron un auge durante los ‘70 orientadas por el Partido Comunista. Actualmente, el liderazgo está en manos de la SPA (Asociación de Profesionales Sudaneses), una federación gremial que agrupa a sindicatos y colegios de profesionales. Su orientación referencia reivindicaciones democráticas y sindicales, rechazando explícitamente la creación de una herramienta política de los trabajadores. En su interior conviven sectores nacionalistas, independientes, islamistas y stalinistas.

En el plano político, la SPA es parte de un incipiente frente popular, denominado FCF (Fuerzas de Libertad y Cambio), cuya orientación está en manos del SPLM, un partido nacionalista sudanés ligado a aspiraciones democráticas occidentalistas que cuenta con el visto bueno del imperialismo estadounidense.

A pesar de haber logrado un enorme triunfo y tener en sus manos la llave para continuar el camino de la revolución, la SPA sostuvo una orientación de contemporización con la burguesía y se sumó a la negociación con la Junta Militar, proponiendo un gobierno de transición cívico–militar.

Luego de iniciadas las negociaciones, la SPA acató el pedido de la Junta Militar: levantó las huelgas y permitió la desconcentración parcial del acampe de Jartum. En esta línea, rechazó aprovechar el apoyo ganado entre las tropas y la división en el alto mando para desarmar a las fuerzas leales al gobierno y garantizar la autodefensa de los luchadores.

Mientras las filas revolucionarias se desorganizaban, la reacción avanzó. El primer movimiento lo inició el número dos de la Junta, Mohamed “Hemeiditi” Dagolo. Este arquetipo de señor de la guerra lidera un grupo paramilitar denominado RSF, nutrido de mercenarios y elementos desclazados. Hemeiditi cobró prominencia en Sudán como alfil de Arabia Saudí, a cuya monarquía prestó servicios recientemente con el envío de las RSF como fuerza de choque contra los separatistas yemeníes.

El retiro progresivo de los luchadores del acampe se condijo con el traslado de las tropas locales y su reemplazo por elementos de las RSF. Cuando Hemeiditi dio la orden, los paramilitares procedieron a una matanza aleccionadora. Se registraron cientos de muertos y heridos, incluyendo descuartizamientos y torturas. Los medios registran un ensañamiento especial contra las mujeres, con decenas de violaciones colectivas en las calles de Jartum. Además, cerca de cuarenta cuerpos fueron hallados en el río Nilo, luego de ser arrojados vivos con bloques de cemento en sus pies.

Sin embargo, no era todavía el momento de la contrarrevolución. La indignación popular y el repudio a la represión lanzó a los trabajadores nuevamente a las calles. La SPA convocó una huelga general indefinida que paralizó al país. Un sector importante de los personeros políticos del viejo régimen cambió de bando y se alineó con la SPA. Se creó una potencial situación de doble poder. Pero la SPA dio marcha atrás y levantó las medidas de fuerza a cambio de retomar las negociaciones con la Junta Militar y de la libertad de los líderes políticos encarcelados.

Estos titubeos abrieron el juego a la intervención abierta de Estados Unidos. Bajo el paraguas de la defensa de los derechos humanos, envió a Sudán al Secretario de Asuntos Africanos para alentar una negociación en pos un gobierno de coalición entre militares y civiles, encabezado por Yasir Arman, un economista ex PC, devenido en líder del SPLM y hombre de confianza del capital, garantizando a los militares la retención del aparato del Ministerio de Defensa y del Interior.

Sin embargo, las negociaciones entre la Junta Militar y el frente democrático FCF se encuentran empantanadas. Una tras otra, fracasaron tanto las tentativas de mediación africana e internacional como los anuncios de convocatorias electorales. En este sentido, las dilaciones favorecen a la Junta, que ya recibió apoyos monetarios de las potencias regionales y respaldos políticos. A la vez, la expectativa en una salida negociada tiende a desorganizar las filas de los luchadores. El mejor escenario para el sector de los militares es una variante “pinochetista”, es decir, que resguarde su lugar en la estructura de poder, más allá de la formalidad -o no- de un gobierno democrático.

Por su parte, la transición que impulsan el FCF y la SPA, incluso si logran un desenlace que los coloque a la cabeza del gobierno, implicará un acuerdo con los militares. Este hecho, sumado a la negativa a desarmar a los paramilitares y a poner en pie órganos propios de clase obrera, dan cuenta de que no estamos simplemente frente a una dirección que encuentra dificultades para avanzar, sino ante el predominio de los elementos pequeño burgueses en la coalición.

Los socialistas deben intervenir en Sudán con la perspectiva de retomar el hilo de la revolución, aún latente, y plantear consignas que ayuden a poner fin al régimen dictatorial, que sobrevive gracias a la política colaboracionista de la oposición que alienta una salida consensuada con las fuerzas armadas.

Es necesario plantear e impulsar la caída de la Junta Militar (y de cualquier variante civil o cívico-militar), el rechazo a la colaboración en bloques con la burguesía, la formación de tribunales populares independientes para juzgar la masacre contra el acampe de Jartum, y el pasaje total del poder a las asambleas y órganos populares forjados en la huelga general y en los acampes.

Los nacionalismos y el problema del partido

La Primavera Árabe reverdece, pero sus frutos aún no están maduros. La caída de los gobiernos y el triunfo parcial de fuerzas contrarrevolucionarias marca la potencia de las movilizaciones populares, pero también los límites insalvables de sus direcciones políticas. Del mismo modo, significan un duro golpe a los regímenes nacionalistas tradicionales del mundo árabe y de quienes aún se cubren con sus ropajes, que pasaron de importantes choques con el imperialismo a la postración más servil. Pero, también, marca la crisis de los planteos islamistas que dominaron la escena de las últimas décadas. Sus escisiones terroristas, el arrinconamiento de Irán y la precaria situación de Erdogan en Turquía pone un límite a sus pretensiones. Por su parte, los alcances de los planes expansionistas del eje Arabia Saudí – Emiratos Árabes Unidos – Egipto aún deben ser verificados. Nos encontramos ante una transición.

En este cuadro, asistimos al intento de diferentes fuerzas políticas de contener los alzamientos dentro de marcos más o menos democráticos, que van de la mano con las expectativas puestas en el rol de las fuerzas armadas. Esto empalma con señalamientos de la prensa mundial, y hasta de algunas corrientes de izquierda, sobre la supuesta posibilidad de revoluciones pacíficas por redes sociales, sin la necesidad de construcciones políticas ni de luchas por el poder.

Esa política de contención se constata en Argelia, pero también en Sudán, como una réplica de lo vivido en Egipto y Túnez en la primera oleada de la revolución árabe. Pero, el tiempo no ha pasado en vano: a diferencia de lo ocurrido 8 años atrás, existe una desconfianza fundada en las masas en torno a estas transiciones bajo el arbitraje de la cúpula militar. El desenlace contrarrevolucionario de la revolución egipcia, que culminó con el ascenso al poder del hombre fuerte de las fuerzas armadas, ha dejado su marca en las filas de los explotados de la región.

Esa política de contención se constata en Argelia, pero también en Sudán, como una réplica de lo vivido en Egipto y Túnez en la primera oleada de la revolución árabe. Pero, el tiempo no ha pasado en vano: a diferencia de lo ocurrido 8 años atrás, existe una desconfianza fundada en las masas en torno a estas transiciones bajo el arbitraje de la cúpula militar. El desenlace contrarrevolucionario de la revolución egipcia, que culminó con el ascenso al poder del hombre fuerte de las fuerzas armadas, ha dejado su marca en las filas de los explotados de la región.

Más que nunca, está planteada la construcción de partidos obreros revolucionarios y la lucha por una federación socialista de Oriente Medio y el Norte de África.