Este domingo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se apersonó en el parlamento junto a efectivos del Ejército para forzar la aprobación de un préstamo por más de 100 millones de dólares para financiar un plan de seguridad. La sesión, impulsada desde el Ejecutivo, se cayó porque contó con la participación de sólo 28 diputados sobre más de 80, por lo que el mandatario emplazó al Legislativo a rever su posición en el plazo de una semana. Bukele se jactó en una entrevista con El País de España de que “si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el Gobierno esta noche” (10/2). Pero ha elegido ser prudente, dice, por un consejo celestial. "Todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, sólo apretamos el botón. Pero, pero, pero yo le pregunté a Dios y Dios me dijo: ´paciencia, paciencia, paciencia…´" (La Prensa Gráfica, 9/2).

La oposición, encabezada por el derechista Arena y el centroizquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), denuncia que hay un autogolpe en desarrollo y reclama la intervención de la OEA. El FMLN presentó una denuncia judicial contra el mandatario por “sedición” y “rebelión”. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la delegación de la Unión Europea en El Salvador han llamado al diálogo.

Por el momento, las Fuerzas Armadas se mantienen fieles al gobierno. El ministro de Defensa, René Marino, planteó que “la Fuerza Armada es una institución apolítica y no deliberante (…) en consecuencia, serviremos a la Nación acatando las órdenes del presidente”. Javier Simán, un empresario que fue candidato presidencial por Arena, reprochó esta actitud de “sumisión” y las llamó a defender la Constitución. Frente a una agudización de la crisis, las Fuerzas Armadas pueden ser el fiel de la balanza.

En las calles ha habido movilizaciones en apoyo al presidente, pero por el momento no se han producido movilizaciones antigolpistas. Está por verse el desenvolvimiento del proceso: si evoluciona hacia una disolución del parlamento, un adelantamiento de las elecciones legislativas, o algún tipo de acuerdo con la oposición.

Bukele, ex alcalde de la capital salvadoreña que fue expulsado del FMLN en 2017, llegó al poder el año pasado tras barrer a los dos partidos principales del país (compitió con el Gana, Gran Alianza por la Unidad Nacional). Logró más del 50% de los votos, en tanto que Arena retrocedió y el FMLN se derrumbó –perdió un millón de votos. Sin embargo, como la cámara legislativa recién se renueva en 2021, estos dos partidos siguen dominando el Congreso.

Bukele hizo una campaña en la que se proclamó como un candidato “antisistema” y “sin ideología”. Centró su discurso en la lucha contra la corrupción y el crimen y compensó la falta de una estructura partidaria con un uso frenético de las redes sociales. Algunos medios indican que cosechó un apoyo abrumador entre los menores de 35 años, que constituyen el grueso del padrón electoral.

Bukele ha sumado el voto de franjas de masas decepcionadas con los partidos tradicionales, especialmente el FMLN, la fuerza guerrillera que se reconvirtió en partido político tras los acuerdos de Chapultepec (1992) y que llegó al poder en 2009. Las administraciones de Mauricio Funes (asilado hoy en Nicaragua) y Salvador Sánchez Cerén estuvieron marcadas por escándalos de corrupción y no revirtieron un cuadro de pobreza dramático que afecta a un tercio de la población. Sostuvieron, asimismo, todos los pactos con las iglesias, que en las últimas décadas han impuesto un fuerte retroceso en los derechos de las mujeres y una de las legislaciones más duras del mundo contra el aborto (actualmente hay cerca de 20 mujeres encarceladas por ese motivo). En materia de Derechos Humanos, el FMLN ha recibido el repudio de familiares de víctimas de la dictadura el año pasado por negociar una nueva ley de amnistía que podría dejar en la impunidad masacres como la de El Mozote, que se cobró la vida de mil campesinos en 1981, y que está en juicio actualmente.

Los gobiernos del FMLN tampoco lograron avances frente a los alarmantes índices de homicidios. El año pasado se registaron 50 por cada 100 mil habitantes, uno de los niveles más altos del mundo. Ante la ausencia de toda perspectiva, muchos jóvenes se integran a bandas delictivas conocidas como “maras”, que también ofrecen un espacio de pertenencia. Hay 60 mil jóvenes salvadoreños en estas bandas.

La desintegración social, que es común a otros países de la región (Honduras, Guatemala, México), está en la base de la estampida migratoria hacia los Estados Unidos. Entre 2015 y 2017, 50 mil salvadoreños emigraron, la mayor parte al país del norte.

En sus seis meses de gobierno, Bukele no ha resuelto ninguna de las demandas de las masas. Ha ensayado, en cambio, un alineamiento con Trump. Selló un acuerdo con el magnate yanqui para recibir inmigrantes deportados y reforzó policialmente las fronteras tras su pedido.

Munido de una reciente elección plebiscitaria, Bukele apuesta a someter a la oposición y gobernar sin obstáculos parlamentarios. El proceso en curso es un capítulo más de los golpes y tendencias bonapartistas que recorren la región, en el cuadro de un continente convulsionado.