02/04/2020

Autogolpe en Hungría

Con el pretexto de la pandemia, el gobierno del ultra derechista Orban anula libertades fundamentales.

El lunes 30 el parlamento húngaro votó, por 137 votos contra 53, un paquete de medidas con las que le entregan al Poder Ejecutivo prerrogativas extraordinarias por tiempo ilimitado que implican la concentración de la suma del poder del Estado en las manos de Viktor Orban, el primer ministro de Hungría desde el 2010. Entre las principales disposiciones se encuentran la disolución del parlamento, la potestad del Ejecutivo para dictar o anular leyes así como para convocar o no elecciones y un endurecimiento represivo que incluye penas de prisión de 8 años para quienes violen la cuarentena y de 5 años para quienes “publiquen informaciones que obstruyan o eviten la protección eficaz de la población” (El País 31/3), lo que representa una afrenta contra la libertad de expresión. A este paquete se suma la militarización del país mediante el despliegue de la policía militar. El coronavirus por el momento ha causado 447 casos y 15 decesos en el país magiar. 


Los nuevos poderes obtenidos vienen a completar el copamiento del Estado por parte de Orban, tarea comenzada en 2018 con una reforma de la justicia que habilitaba tribunales directamente controlados por el Ministerio de Justicia (La Vanguardia 12/12/18). El curso de acción adoptado por parte del gobierno húngaro, dominado por el partido nacionalista y xenófobo Fidesz, forma parte de una orientación que viene desenvolviendo desde su segunda llegada al poder en 2010 ya que Orban tuvo un primer mandato desde 1998 a 2002. Hungría se ha caracterizado en los últimos años por una política anti inmigración violenta y xenófoba, signada por el levantamiento de muros en las fronteras y la represión a los migrantes. De hecho, Orban responsabilizó por la pandemia a la inmigración, algo que también ha hecho el líder de la Liga Norte italiana, Matteo Salvini. 


El gobierno ha llevado adelante en el pasado fuertes ajustes contra los trabajadores como la reforma laboral del 2018 que le da la posibilidad a las patronales de exigir a sus trabajadores la realización de hasta 400 horas laborales extra. Del mismo modo son sistemáticos sus rechazos a los derechos y libertades de la comunidad LGBT. Estamos entonces ante el reforzamiento de un régimen reaccionario en toda la línea que en una etapa de recesión económica mundial utilizará sus poderes para que la crisis la paguen los trabajadores.


La oposición centro izquierdista del Partido Socialista húngaro se ha limitado a señalar que las medidas no tienen un límite temporal, sin una crítica al carácter de fondo de las mismas (La Nación 31/3). A nivel continental, los bloques de centro izquierda (los partidos socialistas) y de izquierda (Podemos, Die Linke y partidos afines) del euro parlamento reclaman la aplicación del punto 7 del estatuto de la unión que implica la exclusión del país sancionado de los organismos decisorios de la unión como el consejo de Europa. Se trata sin embargo de una vía muerta y de una manifestación más de la adaptación a una institución en esencia reaccionaria como es la Unión Europea. 


Para que esa decisión pueda tomarse es necesaria la unanimidad del resto de los miembros y el gobierno de Orban actúa en común con el también nacionalista y homofóbico gobierno del partido Ley y Justicia de Polonia.


Complicidad


El resto de los bloques políticos europeos es aún más conciliador. La presidenta de la Comisión Europea, el Poder Ejecutivo de la Unión, Ursula von der Leyen ha hecho declaraciones generales sobre la importancia de conservar la democracia en este marco de pandemia sin hacer mención directa a la situación húngara (Europapress 31/3). Es que tanto Orban como Von der Leyen pertenecen al Partido Popular Europeo que agrupa a la derecha del continente.


La connivencia de fondo de los partidos europeos con el reaccionario régimen húngaro refleja no sólo los límites insalvables de la Unión Europea incluso en lo relativo al respeto por libertades elementales sino también una comprensión común respecto a las perspectivas planteadas por la pandemia y la crisis económica. Todas las previsiones indican una recesión económica para Europa, el recrudecimiento de los choques políticos y económicos entre los estados de la unión y una intensificación de la lucha de clases. Las medidas de excepción y el reforzamiento represivo se están transformando en la norma en el continente, la reciente decisión de Emmanuel Macron de volcar al ejército a tareas de contención de la crisis son una expresión de este rumbo político (El País 25/3). La disposición de numerosos países, siguiendo el ejemplo de Corea del Sur o Singapur, e Israel, a utilizar la tecnología comunicacional para seguir y controlar a sus ciudadanos puede enmarcarse en esta tendencia. Se trata, de conjunto, de los preparativos políticos para pasarle la factura de esta crisis a los trabajadores.


Mientras los gobiernos refuerzan las capacidades represivas de los estados, en todo el mundo son los trabajadores los que sufren las consecuencias sociales y sanitarias de la pandemia. La deliberación e intervención obreras se hacen, entonces, urgentes. Numerosas expresiones de lucha están recorriendo Europa y otros países del mundo, profundicemos esta tendencia para pelear por todas las condiciones sanitarias y económicas necesarias y por el conjunto de las libertades políticas puestas en peligro por los regímenes capitalistas.



 

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