La presente resolución fue aprobada por el XXVIII Congreso del Partido Obrero.

Las rebeliones populares que vienen conmoviendo al continente contra los ajustes fondomonetaristas han llevado a los gobiernos capitalistas a reforzar su represión contra las masas en lucha para contener la protesta de los trabajadores contra el sistema de explotación.

El XXVIII Congreso del Partido Obrero se pronuncia por la libertad de todos los presos por luchar y por el cese de la persecución contra la protesta social en América Latina.

En un cuadro de recrudecimiento de la crisis mundial, los gobiernos capitalistas de distinto signo –derechistas o “nacionales y populares”- apelan a la represión como un complemento necesario de sus políticas para descargar la crisis sobre las espaldas de las masas.

En Colombia, la rebelión popular de 2021 fue respondida por el gobierno de Iván Duque con un ataque feroz que dejó cerca de cien muertos, cientos de desaparecidos y miles de heridos. Hasta el día de hoy permanece impune. En lo que va de 2022, se registran al menos 86 asesinatos de líderes sociales y 21 de excombatientes firmantes de los acuerdos de paz a manos de paramilitares resguardados por el Estado. Duque ha emitido una nueva legislación represiva, a la vez que deja pasar las nuevas masacres del ejército, como la ocurrida en Putamayo y el accionar de las bandas narcotraficantes y paramilitares contra la población.

En Chile, las fuerzas represivas cometieron asesinatos, violaciones y cegaron a manifestantes durante la rebelión de 2019 que instaló el reclamo de “Fuera Piñera”. Este año, la periodista Francisca Sandoval fue asesinada durante la represión contra una manifestación opositora el 1° de Mayo, en la que intervinieron en forma mancomunada bandas civiles y efectivos de Carabineros. Mientras tanto, el gobierno de Gabriel Boric, que se autopresenta como progresista, continúa la militarización del Wallmapu. Y en las cárceles sigue cautiva la juventud que se levantó contra “los 30 años”

En Ecuador, el gobierno del banquero Guillermo Lasso hizo votar una ley que incrementa las atribuciones de las fuerzas de seguridad y autoriza expresamente el uso de la fuerza en “reuniones, manifestaciones o protestas sociales”. Y desató un vasto operativo represivo contra las movilizaciones y piquetes indígenas de junio contra el aumento en el costo de vida.

En Brasil, permanece impune el crimen de la concejala de Rio de Janeiro, Marielle Franco, mientras la represión policial contra el pueblo se agudiza, alentada por el gobierno de Bolsonaro. En Sergipe, Genivaldo dos Santos murió tras ser encerrado en el baúl de un vehículo por efectivos de la Policía Caminera, que lanzaron allí gas lacrimógeno hasta asfixiarlo. Esa misma semana, un brutal operativo dejó 26 muertos en Jacarezinho. Las incursiones a tiros en las favelas no tienen nada que ver con la lucha antinarco; son un método de disciplinamiento social de las masas empobrecidas. Ahora han aparecido, en la selva amazónica, dos cadáveres, atados y con signos de tortura, de luchadores ambientalistas (Bruno Pereira y Dom Phillips) que habían sido secuestrados hace una semana, por su defensa de las comunidades indígenas contra la voracidad ilegal y criminal del agro negocio que quiere apoderarse de sus tierras.

En Uruguay, el gobierno impuso una Ley de Urgente Consideración que cercena el derecho a manifestación y huelga. En Paraguay, un grupo de senadores –impulsados por la Sociedad Rural y la Unión Industrial- presentaron un proyecto de modificación del Código Penal para sancionar con hasta seis años de cárcel los cortes de ruta y de calles. Previamente, se habían endurecido las penas por las recuperaciones de tierras.

También en Paraguay, el gobierno de Mario Abdo Benítez ha reprimido las protestas populares contra los “ajustes”. Ha conmovido, no solo en el Paraguay, sino también en la comunidad paraguaya residente en la Argentina, el asesinato del 2/9/2020 de dos niñas de 11 y 12 años (Lilian y María Carmen), hijas de militantes del Ejército Popular Paraguayo (y Carmen Oviedo Villalba -Lichita-, de 15 años, fue detenida y luego “desaparecida”). La enfermera Laura Villalba fue detenida y estuvo un año aislada en una sede militar. Justicia para las niñas asesinadas, aparición con vida de Lichita y libertad de Villalba.

En Argentina, también hay distintos proyectos legislativos en danza contra los piquetes, en medio de la gran lucha del movimiento de desocupados por trabajo genuino y contra el hambre. A la vez, el gobierno jujeño detuvo a los compañeros Sebastián Copello y Juan Chorolque, como represalia por una jornada de lucha piquetera en la provincia. En Neuquén, hay numerosos luchadores encausados desde la huelga de los autoconvocados de la salud. Los procesamientos se extienden contra quienes enfrentan la megaminería contaminante en Andalgalá (Catamarca) y contra quienes se movilizaron al Congreso para repudiar la aprobación del pacto con el FMI. También se desarrolla un juicio de extradición a Colombia del fotógrafo y exmilitante de las Farc, Facundo Molares.

Denunciamos estos ataques a las libertades democráticas que tienen por responsables al gobierno de Alberto Fernández y a la oposición patronal, que gobierna varias provincias. A la par, llamamos a incrementar la movilización para que se anule la condena de César Arakaki y Daniel Ruiz a tres años y cuatro meses de prisión, y tres años, respectivamente, por su participación en la movilización de 300 mil personas en 2017 al Congreso de la Nación, que repudió la aprobación de una reforma previsional de índole fondomonetarista.

En Nicaragua y Venezuela, donde sus gobiernos posan de antiimperialistas, también se persigue a los que luchan. En la tierra de la revolución de 1979, el gobierno de Daniel Ortega, que sofocó a sangre y fuego el levantamiento desatado por una reforma jubilatoria, mantiene en la actualidad decenas de presos políticos y proscripta toda forma de organización sindical, juvenil o social que no esté controlada-regimentada por el poder.

En Venezuela, los obreros de Sidor denunciaron en el curso de una huelga en abril la presencia de cuerpos represivos dentro de la fábrica, e inclusive el accionar de los servicios de inteligencia. Y hay en el país caribeño trabajadores presos por defender sus derechos laborales o denunciar actos de corrupción.

Denunciamos el charlatanerismo encubridor del gobierno de López Obrador en México donde siguen imperando las asociaciones de mafiosos con las fuerzas represivas en torno al narcotráfico y la trata de mujeres y no se esclarecen las represiones parapoliciales que se cobran decenas de víctimas (Ayotzinapa, etc.).

Cuba, en tanto, no ha sido ajena al proceso de rebeliones populares contra los ajustes. La respuesta del régimen ha sido la represión, los procesamientos y durísimas condenas de cárcel contra los participantes de las manifestaciones del 11 de julio. Reclamamos su libertad y el cese de las persecuciones contra los luchadores populares.

Represión conjunta

Los Estados capitalistas cooperan en la represión. Recientes revelaciones periodísticas indican que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno recibió balas de goma y gases lacrimógenos desde Perú y Colombia para doblegar el levantamiento popular de 2019. Posteriormente, el gobierno ecuatoriano envió armamento para apoyar el golpe de Estado en Bolivia, al igual que el gobierno argentino de Mauricio Macri.

El gobierno yanqui organiza operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas de diversos países del continente, para seleccionar y entrenar a jefes militares en el “arte” de la represión al pueblo en lucha.

Esta misma colaboración se ve en el ataque a las caravanas migratorias por parte de los Estados centroamericanos, que contienen esos flujos poblacionales por orden del gobierno yanqui.

Rechazamos la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, que lo pone al borde de la cadena perpetua y pone en riesgo su vida. Nos sumamos al reclamo internacional por su inmediata libertad.

Desapariciones

La desaparición forzada de personas es un método que no se agotó con la salida de las dictaduras en la región. Muy por el contrario, sigue siendo un método utilizado por los Estados.

En Argentina existen alrededor de 400 casos de desaparición forzada en democracia, cuyos casos emblemáticos son los de Daniel Solano, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y durante la pandemia de Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro. La cantidad demuestra que todos los partidos del régimen sostuvieron este régimen de impunidad.

En México, existen 52.000 personas fallecidas sin identificar y que se encuentran en fosas comunes. Las matanzas y ocultamiento de personas como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son muestra de ello.

Las fuerzas represivas no cometen estos actos como un exceso o error porque no tienen autonomía propia sino que responden a una política de Estado dirigida por sus gobiernos que representan a la clase social opresora.

Solidaridad internacional

Queremos advertir, finalmente, sobre los crímenes y agresiones contra activistas que enfrentan la depredación ambiental de los gobiernos y las grandes empresas. Honduras y Brasil son de los dos países más violentos en la materia.

Es un deber de solidaridad proletaria internacional solidarizarse activamente con la lucha contra la represión gubernamental-capitalista contra los luchadores obreros y de los explotados de América Latina. Rescatamos y reivindicamos la resolución adoptada en este sentido por la Conferencia Latinoamericana de la Izquierda realizada en el 2020, con la presencia de alrededor de 50 organizaciones del continente.

A la represión y persecución de los gobiernos capitalistas, le oponemos la defensa del derecho de manifestación y huelga. Desprocesamiento de todos los luchadores. Libertad a los presos políticos. Derogación de todas las leyes represivas. Plena libertad de organización y movilización para la clase obrera, la juventud y los sectores explotados. Desmantelamiento del aparato represivo. No al gatillo fácil. Justicia para todas las víctimas de la represión estatal y capitalista.

Hacemos extensivo estos reclamos a todos los perseguidos políticos y luchadores de los trabajadores en todo el mundo: a los presos o procesados que se pronuncian y movilizan contra la guerra en Ucrania y Rusia, a los palestinos que sufren la opresión sionista, a los catalanes, pueblos y trabajadores de España que se oponen a la monarquía, a los presos políticos y reprimidos de los Estados Unidos.

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