El gobierno estadounidense pondrá fin a partir de este 12 de mayo a una norma instaurada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 que, bajo el pretexto de la pandemia, permitía la expulsión inmediata de migrantes irregulares.

Bajo esa disposición, conocida como Título 42, se produjeron alrededor de 2,6 millones de deportaciones entre marzo de 2020 y marzo de 2023 (La Nación, 11/5). El actual presidente, Joe Biden, la mantuvo en vigencia al asumir su mandato.

El anuncio del fin del Título 42 desató un flujo aún mayor de migrantes a la frontera con Estados Unidos, bajo la expectativa de cruzar al territorio yanqui y esperar allí mientras se tramitan las solicitudes de asilo. Solo en Ciudad Juárez, se estima que hay 12 mil personas esperando para dar el salto.

Sin embargo, la Casa Blanca ya aclaró que la norma que queda en pie (Título 8) es aún más dura que la anterior. Prohíbe solicitar asilo a quienes entren en forma irregular y autoriza también una deportación rápida, a menos que el solicitante pueda probar que en el país en cuestión puede sufrir persecución o tortura. El agravante, con respecto al Título 42, es que, una vez deportado, no puede volver a pisar Estados Unidos por cinco años.

Los gobiernos de Trump y Biden combinaron en estos años la aplicación del Título 42 y el Título 8: al amparo de este último, entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 hubo cerca de 2,5 millones de expulsiones (El País, 28/2). Sumados, hablamos de 5 millones de personas. Por encima de la gestión de Barack Obama, quien se había ganado el mote de “deportador en jefe”. La política antimigrante es patrimonio común de los dos partidos del régimen.

En vísperas de los cambios migratorios, Washington reforzó el envío de soldados y vehículos militares a la frontera sur. Prestarán apoyo a las patrullas fronterizas.

Los cambios se aplican con la estrecha colaboración del gobierno mexicano que lidera Andrés Manuel López Obrador, quien acaba de celebrar una conversación con Biden sobre el problema migratorio. Algunos números: 2022 marcó un récord de detención de irregulares en territorio azteca. Fueron poco más de 440,000, un salto del 44% respecto al año anterior (ídem). México actúa como un Estado tapón.

El fenómeno de los desplazamientos y caravanas migratorias se acelera con el agravamiento de la situación económica y social en América Latina. Los países que encabezan la diáspora son hoy los del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador, Guatemala) y Venezuela. En esa peligrosa peregrinación se internan familias enteras e incluso menores no acompañados.

El imperialismo, que hoy trata de cerrar las puertas y eleva murallas, es el principal responsable de la devastación del subcontinente, por medio del apoyo a dictaduras sangrientas, el mecanismo de exacción que constituye la deuda externa, y el saqueo de los recursos naturales.

En paralelo a la represión y las deportaciones, los gobiernos y los partidos patronales desarrollan campañas xenófobas con las que buscan convertir a los migrantes en chivos expiatorios de la crisis económica.

Defendemos el derecho incondicional de asilo frente a las políticas expulsivas de los Estados. Defendemos la unidad de los trabajadores nativos y migrantes, en una lucha común contra el capital, frente a la xenofobia y la persecución.

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