El anuncio por parte de la comisión electoral central de que el actual presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, obtendría un nuevo mandato provocó una reacción de rechazo y movilizaciones por parte de franjas importantes del pueblo bielorruso, dada la opacidad del comicio y las denuncias de fraude. De acuerdo a los cómputos oficiales, en las elecciones del último domingo Lukashenko se impuso con un 80 por ciento contra Svetlana Tijanóvskaya, la principal candidata opositora que habría obtenido un 10 por ciento de los sufragios. Los bielorrusos vivieron este desenlace como un nuevo episodio de arbitrariedad por parte un gobierno que se viene perpetuando en el poder desde 1994, siempre obteniendo cifras abrumadoras. Como preludio a la elección fueron prohibidas las principales candidaturas de los demás partidos opositores.

El aspecto distintivo de este año es que la campaña de Tijanóvskaya, apoyada por los países de la Unión Europea y la prensa occidental, recogió importantes muestras de simpatía, con grandes actos públicos que congregaron hasta 60 mil personas, inéditos para la dinámica política de este país de Europa Oriental. Los sondeos previos indicaban que la elección se había transformado en el desafío más importante que hubiera enfrentado Lukashenko, lo que se validó con los datos de algunas mesas que no fueron controladas por el aparato estatal, que daban ganadora a la candidata opositora.

La escenificación de la victoria de Lukashenko ofrecida por el gobierno galvanizó el hastío de amplios sectores populares, que están protagonizando movilizaciones y sufriendo la represión de las fuerzas policiales desde el domingo. El accionar represivo, que incluye el uso de municiones reales, ya se cobró una víctima fatal y más de seis mil detenidos (El País, 12/8). Sectores obreros, como los trabajadores de la electricidad y azucareros, fueron al paro. La líder opositora, por su parte, buscó asilo en Lituania. Además del notorio fraude y de las características represivas del régimen, el caldo de cultivo de las protestas incluye un deterioro progresivo de la situación económica ya que se prevé una recesión este año y un crecimiento de la deuda externa mientras que el salario promedio se encuentra congelado desde hace diez años (ídem, 7/8). A estos elementos se le suma el desastroso manejo de la pandemia de coronavirus, la cual, para Lukashenko, es meramente el producto de una psicosis social.

La restauración capitalista, en escena

Bielorrusia fue una de las repúblicas constitutivas de la URSS, hasta su desintegración en 1991. Sin embargo, es el país en donde el proceso de restauración capitalista aparece más aletargado: más de un 70 por ciento de la economía se halla en la órbita del Estado, con un predominio de las mismas ramas industriales previas al desplome de los estados soviéticos burocratizados. Sobre esta estructura, Lukashenko (quien fuera administrador de una granja colectiva) dirige una casta burocrática estatal que busca orquestar el proceso restauracionista abriendo sectores parciales de la economía y fomentando inversiones en ciertas áreas. Así, algunas empresas de última tecnología y software se instalaron en parques productivos destinados a tal fin. Junto con esta política económica, Bielorrusia es, de entre los ex Estados soviéticos, el país que conserva los lazos políticos más fuertes con Rusia, con la que conforma, junto a países de Asia central, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y con la que se vienen discutiendo planes para avanzar en una mayor integración, como una moneda común. A esto se debe añadir que la mayor parte del comercio exterior bielorruso se realiza con Rusia, de quien el país gobernado por Lukashenko depende en cuanto a bienes como petróleo y gas.

El deterioro del vínculo con Rusia es uno de los factores explicativos de la mayor fragilidad política por la que atraviesa el gobierno bielorruso. Lukashenko empezó a tomar distancia de Putin desde la anexión de Crimea que realizara este último como reacción ante el gobierno proimperialista y antirruso puesto en pie en Ucrania, temiendo que su país pueda sufrir un curso similar de anexión. El gobierno bielorruso en este cuadro enfrió los planes de una mayor unidad política con Rusia y procedió a coquetear con Trump y los gobiernos derechistas de Europa oriental en busca de apoyos políticos y de nuevos proveedores energéticos. Como respuesta, Putin le quitó el valor subsidiado que tenían los combustibles fósiles importados por Bielorrusia, empeorando la situación económica del país provocándole un déficit de 400 millones de dólares.

A su vez, bajo la hipócrita máscara que reclama un progreso en materia de derechos humanos, la Unión Europea impulsa una mayor apertura económica y patrocina la oposición a Lukashenko. La crisis política bielorrusa desatada por la elección se ha transformado, por lo tanto, en un terreno de disputas entre las potencias y a la vez en otro episodio de la ofensiva imperialista que tiene el objetivo último de proceder a una restauración capitalista incondicional en los ex estados obreros. La camarilla gobernante rusa defiende su lugar como burocracia dirigente de esa misma restauración, pero en sus propios términos.

La coalición opositora que tuvo como candidata a Tijanóvskaya está capitalizando parcialmente un genuino rechazo popular y democrático al gobierno, pero se trata de una dirección política conformada por sectores burgueses locales proimperialistas (entre ellos varios banqueros).

La victoria de Lukashenko por el momento ha sido reconocida, entre las potencias, solo por Rusia y China. La precariedad de su situación puede hacer que deba recostarse sobre Putin -lo que redundaría en una mayor dependencia- o que proceda a mayores concesiones al imperialismo, con el objetivo de aplacar la ofensiva contra el régimen. La otra posibilidad es que su régimen sea volteado en una repetición del “maidan” ucraniano.

Es necesario profundizar la movilización y dotarla de un carácter independiente de la oposición proimperialista, avanzando en el desarrollo de una alternativa propia de los trabajadores, que pugne por un gobierno obrero en Bielorrusia.

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