El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz ha condenado a 10 años de cárcel a Jeanine Añez, la expresidenta que asumió tras el golpe contra Evo Morales y el desconocimiento de las elecciones que lo habían dado ganador.

También fueron condenados el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, el excomandante Pastor Mendieta (Ejército), el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman; los dos últimos están prófugos.

El exinspector general de las Fuerzas Armadas Jorge Elmer Fernández Toranzo y el exjefe de Estado Mayor Sergio Orellana fueron condenados a cuatro años de cárcel, mientras que el excomandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta a tres años de cárcel y el excomandante de la Armada almirante Flavio San Martín a dos años de cárcel.

Los exjefes general Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea) y el almirante Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas) se declararon culpables previamente y se sometieron a un procedimiento abreviado siendo sentenciados a tres años de cárcel.

La fiscalía había pedido quince años y las organizaciones campesinas treinta. Según la ley boliviana los que tengan condenas penales menores a tres años pueden ser excarcelados.

El gobierno golpista que asumió en noviembre de 2019 se impuso con represión y terror. 40 muertos dejaron solamente las masacres contra el pueblo movilizado en Senkata y Sacaba. Y centenares de heridos y presos políticos.

El gobierno golpista y fascistoide fue derrotado por una creciente resistencia campesina-popular que se impuso con una huelga general con piquetes y corte de rutas, obligando al poder a convocar elecciones. Donde fue finalmente aplastado por la contundente votación contra los candidatos golpistas y a favor del MAS de Evo Morales. El golpe había sido derrotado: menos de un año después de asumida, Añez y su séquito fueron desplazados del poder.

El giro combativo de las masas bolivianas hundiendo la alternativa derechista fue un palazo contra la política de Trump y Bolsonaro de imponer gobiernos de fuerza contra los trabajadores en toda América Latina. Se inscribe decisivamente en los procesos de levantamientos populares que recorren el continente.

En este campo golpista estuvieron también el expresidente argentino Macri y su ministra de Defensa, Patricia Bullrich, que colaboraron con el envío “clandestino” (se conoció meses más tarde) de gendarmes y armas a granel en apoyo al gobierno de Añez. Se rumorea que una parte de ese envío fue para armar a los grupos fascistoides paramilitares que se pusieron en práctica. Por esta razón están siendo investigados estos exaltos funcionarios, que se visten todo el tiempo con el ropaje de defensores de las “democracias”.

Detrás de las sentencias de este juicio, tienen que procesarse todavía el accionar represivo y delictivo (las masacres contra el pueblo trabajador, la corrupción, etc.) de Añez y sus verdugos militares. El reclamo popular es que se extiendan estos juicios y sus sentencias a los cómplices empresariales, políticos y eclesiásticos que fomentaron activamente el golpe. En particular, Luis Camacho, actual gobernador del Departamento de Santa Cruz, que se hizo mundialmente famoso por televisarse ocupando la casa de gobierno con una cruz y la biblia en la mano, agradeciendo –con una prédica racista contra los campesinos e indígenas- por haberla recuperado para el catolicismo. Y junto con él, numerosos activos dirigentes políticos golpistas (como Mesa).

Internacionalmente, el imperialismo viene desarrollando una campaña política derechohumanista en defensa de Añez y los militares represores, acusando al juicio de manipulación política por el gobierno de Arce.

Almagro, secretario general de la OEA, fue acusado por un activista hace unos días en un escándalo público, cuando hablaba en la Cumbre de las Américas, de haber colaborado con el golpe y el gobierno golpista.

Luis Almagro, presidente de la OEA, fue escrachado por su participación en el golpe en Bolivia y la tentativa golpista en Venezuela. Sucedió cuando un activista del PSL se levantó de su asiento durante la Cumbre de las Américas pic.twitter.com/DPbThmXXy4

— Prensa Obrera (@prensaobrera) June 8, 2022

Se presupone, bastante fehacientemente, que el jefe de Policía y el comandante en jefe del Ejército, que se fugaron, están residiendo en los EEUU. ¿Biden los extraditará para que cumplan con la sentencia dictada legalmente por tribunales bolivianos?

Los medios de difusión y propaganda imperialistas han lanzado una campaña contra esta sentencia elemental. Menor en intensidad a la que ahora desarrollan a favor de la guerra de Ucrania en defensa de la democracia. El diario Clarín, por ejemplo, haciéndose eco de las agencias informativas imperialistas, habla de “presunto golpe”, de “presunto fraude”, de “vacío de poder”, para deslegitimar la sentencia contra Añez y los represores golpistas.

Se informan de diversas gestiones que se realizan sobre la Unión Europea, las Naciones Unidas, entre otros, para anular esta sentencia. La derecha boliviana nucleada en un Comité Nacional en Defensa de la Democracia” (Conade) ha llamado a movilizarse contra la condena y el gobierno. Integrado por la totalidad de los cómplices del golpe, han puesto sus “barbas en remojo”.

Esta situación boliviana se suma al conjunto de factores que han llevado, en gran medida, al fracaso de la “Cumbre de las Américas”.

Para las masas trabajadoras de Bolivia se trata de defender estas condenas contra la intromisión imperialista y desarrollar estos juicios hasta el final. La dirección del MAS no puede garantizar que esto finalmente ocurra. No nos olvidemos que la mayor parte de la dirección del MAS dio un paso atrás cuando se produjo el golpe. O incluso traicionó apoyándolo: como fue el caso de Juan Carlos Huarachi, dirigente de la central obrera (COB) quién en noviembre del 2019, llamó a Evo Morales a que presente su renuncia para “pacificar” el país y se negó a organizar la resistencia de la masa campesina y obrera al golpe; y terminó integrándose como funcionario al mismo. Recién presentó su renuncia cuando fue visible la reorganización de la lucha popular contra el golpe.

Ahora Huarachi, frente a retrasos salariales y el avance del trabajo en negro y precarizado, ha declarado: “Estamos ratificando una vez más un compromiso de que los trabajadores vamos a garantizar la estabilidad política de nuestro país y gobierno. Hemos pedido al presidente que si los obreros garantizamos la estabilidad política, él está en la obligación de garantizar la estabilidad económica”. Impone nuevamente una tregua social con el sacrificio de los trabajadores.

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