"La protesta de trabajadores y sectores sociales afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) ha logrado un inusitado crecimiento en su convocatoria, durante el segundo día de protesta contra el gobierno" -informaba El Diario del martes 7. El occidente de Bolivia estaba aislado del oriente por nueve cortes de ruta. Una movilización de la COB comenzaba a marchar desde La Ceja de El Alto hacia el centro de La Paz. A la tarde, los docentes paceños tenían prevista también una movilización. La mayoría de las organizaciones docentes, dominadas por direcciones afines al MAS, no habían adherido a la huelga, pero esto cambió a partir de los bloqueos. A esta altura, se han sumado a la huelga indefinida las departamentales docentes de Cochabamba y Santa Cruz -y puede hacerlo en las próximas horas, la de La Paz.

Lo más relevante es la decisión de los mineros de Huanuni -la mayor mina estatal de Bolivia, con 5 mil trabajadores- de sumarse y participar de los bloqueos. Mineros, fabriles, docentes universitarios, trabajadores de la salud, departamentales de Cochabamba, Oruro y La Paz son, a esta altura, los protagonistas de la huelga general. Los petroleros -también dominados por el MAS o escindidos por la tercerización- son los grandes ausentes.

La COB exige la modificación de la Ley de Pensiones y la revisión de la Ley General del Trabajo, en la que se plantea la defunción de la estabilidad laboral. No está presente el reclamo del salario mínimo, el trabajo en negro y el aumento de los básicos. A principios de abril, la dirección de la COB acordó con el gobierno un salario mínimo de 1.200 bolivianos (172 dólares) luego de reclamar 8 mil pesos (costo de canasta familiar) y un 8 por ciento de aumento en los básicos, irrelevante en un país donde más del 70 por ciento de los trabajadores se encuentra en negro.

El gobierno denuncia que el reclamo de la COB pretende favorecer en particular a los trabajadores mineros, en desmedro de la mayoría de los jubilados. La Ley de Pensiones, pactada en 2010, estableció una "jubilación asistencial" a partir de un mínimo de 476 bolivianos mensuales (68 dólares) a condición de aportar durante diez años. Los asalariados deben hacer tres tipos de aportes: un 10 por ciento destinado a la cuenta individual, un 1 por ciento destinado al Fondo Solidario y a gastos de gestión, y un 1,71 por ciento por riesgos de trabajo: total 12,71 por ciento. Los patrones deben aportar solamente un 3 por cieno del total ganado por cada uno de sus empleados con destino al Fondo Solidario y un 1,71 por riesgo profesional.

La ley establece una jubilación del orden del 70 por ciento del salario en actividad a los treinta años de aportes y 58 de edad, y aun menos en función de los años de aportes. El reclamo de la COB -y de los mineros- es una jubilación al 100 por ciento del salario en actividad.

El Código de Seguridad Social (1956) del "viejo nacionalismo" establecía un 21 por ciento de aporte patronal y un 10,5 de aporte obrero. El programa actual de la COB no plantea la financiación íntegra de la jubilación, que es un salario de pago diferido, a cargo de las patronales (incluido el Estado). No plantea la eliminación del trabajo en negro, a través de la organización masiva de los lugares de trabajo y el cobro compulsivo hasta la expropiación de toda empresa que no aporte. Ni el control de los fondos jubilatorios por comisiones electas por trabajadores y jubilados.

En las próximas horas se jugará la fuerza de la huelga general, en la medida que se extienda a nuevos sectores y regiones.