Aunque la derecha lanzó un paro el pasado 28 y llama ahora a la “resistencia civil”, la tendencia a un nuevo compromiso de parte del gobierno de Evo Morales es manifiesta. Siguen en pie los esfuerzos para aprobar una nueva Constitución con el voto de los dos tercios de los convencionales; de todos modos, los artículos que no reúnan esa condición serán sometidos a referendo. Aunque la derecha hace gala todos los días de la amenaza de secesión de las regiones que se oponen al gobierno central, no encuentra apoyo para ello en ningún gobierno vecino ni en el norteamericano. La derrota de Chávez el pasado domingo refuerza la tendencia a un compromiso. El texto constitucional que ha aprobado la mayoría, de un modo general, no contiene nada que amenace la dominación social de la oligarquía y de los pulpos internacionales. La pretensión masista de ‘refundar la Nación’ ha quedado en estropicio: en lugar de abordar la cuestión de la opresión indígena por medio de la confiscación de la oligarquía y una salida popular a la cuestión agraria, otorga carácter constitucional al derecho indígena, que es un compendio de reglas y costumbres opresoras. En materia agraria otorga tierras fiscales a los indígenas; la determina un límite a la propiedad privada de la tierra y declara sujeta a expropiación (con indemnización) “la tenencia improductiva de la tierra”.

Ciertamente, luego de la aprobación de la Constitución en general, el Congreso aprobó la Renta Dignidad, que permite aumentar en unos pocos pesos los montos de las jubilaciones sobre la base de recortar las remesas del impuesto a los hidrocarburos a los departamentos. En la misma semana del “paro cívico” el gobierno también anunció el inicio del trámite de expropiación de 180.000 hectáreas de tierra para entregarlas a las comunidades guaraníes que viven en el sur de Bolivia y el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) inició un proceso similar de otras 26.000 hectáreas. Se trata de medidas muy restringidas, que deberán pasar todavía por diversos trámites y que pueden aún formar parte de un pacto más general con la oligarquía. Pero “detrás de toda la retórica constitucional la real disputa es sobre los recursos. Los mayores depósitos de gas están en los departamentos del este controlados por la oposición… que pretende que la nueva constitución establezca las autonomías regionales y garantice a los gobiernos una gran tajada de regalías por el gas” (The Economist, 28/11); el texto que acaba de ser aprobado limita a un 11 por ciento sobre el valor del petróleo y el gas extraído el monto de las regalías para los departamentos.

El MAS quiere un nuevo compromiso

En cada caso y de conjunto, el gobierno ha buscado cuidadosamente dejar abierta una vía de compromiso.

Existe un “comité de acuerdos” para discutir el texto “en particular”; está la posibilidad de mandar a referéndum los puntos sobre los que no haya acuerdo y de enviar a referéndum la constitución en su totalidad. Pero incluso en el caso de referéndum la convocatoria debe hacerla el Congreso con los dos tercios de los votos (decide también el tenor de las preguntas), cuyo Senado está dominado por la oposición. Las leyes de aplicación, en última instancia, deberán contar con los dos tercios en la futura Asamblea Legislativa. Asimismo, “los embajadores de la Unión Europea… solicitaron públicamente a Morales respeto por la legalidad y los principios democráticos” (La Nación, 1/12) y éste ha llamado al diálogo, que podría tener lugar a través “de la mediación del cardenal Julio Terrazas” (La Nación, ídem).

The Economist adelanta que “no debería descartarse la posibilidad de un compromiso en el cual la oposición acepte un segundo mandato de Evo Morales a cambio de garantías en cuanto a autonomías regionales y un acuerdo monetario” (ídem).

Los límites de la derecha

El reclamo de juicio político contra Evo Morales no tiene forma de prosperar porque requiere la aprobación de las dos terceras partes del Congreso. La oposición, además, está dividida. Dos departamentos podrían no acompañar el planteamiento autonómico. Podemos, el principal partido de la derecha, pidió una “tregua política” y el dirigente de la UNA, Doria Medina, llamó a elaborar “un pacto social”. La derecha carece de un programa frente a la crisis. Ha organizado bandas armadas pero no tiene condiciones ni interés en una guerra civil. Por otra parte, tampoco la quiere el imperialismo; una guerra agraria se extendería a Brasil, Paraguay e incluso Argentina.

Por estas razones, la política del gran capital sigue siendo cooptar al MAS. El Congreso acaba de aprobar por unanimidad el contrato suscripto entre el Estado boliviano y la empresa siderúrgica india” Jindal, que de este modo se hace cargo de la explotación del 50 por ciento de El Mutún, uno de los yacimientos de hierro más importantes del mundo (La Razón, 24/11).

Qué hacer, hoy

La conspiración de la derecha es un recurso para justificar un nuevo pacto. Denunciar el carácter trucho de la Constitución que acaba de votarse y la inminencia de un nuevo pacto con la derecha es el punto de partida para cualquier política obrera y campesina.