La redacción final de la ‘ley de tierras’ boliviana (ver Prensa Obrera nº 516, 24/10) ha traído algunas ‘sorpresas’. Los parlamentarios oficialistas ‘desconocieron’ los compromisos contraídos por el gobierno con el poderoso ‘lobby’ de los terratenientes de Santa Cruz, de que se les reducirían a la mitad los impuestos y que las tierras ‘revertidas’ al Estado (expropiadas) no serían entregadas gratuitamente a las comunidades campesinas o indígenas, sino que serían vendidas en subasta pública. Los terratenientes pusieron el grito en el cielo y amenazaron con protestas y hasta con recurrir a la Corte Suprema.

Los parlamentarios del MNR y sus aliados actuaron, sin embargo, con el visto bueno de Sánchez de Lozada —el presidente de la república—, que para justificar este desconocimiento calificó como “un gol en contra” (Presencia, 13/10) los compromisos que él mismo había establecido con los terratenientes santacruceños. Sucede que el Estado no puede renunciar a las ‘dotaciones’ de tierra (entrega gratuita) en favor de los campesinos e indígenas si pretende jugar un papel de arbitraje. Pero esta ley libera a la simple acción de las ‘fuerzas del mercado’ el proceso social en el campo, porque inaugura una política impositiva que obligará a los propios campesinos a deshacerse de sus tierras.

Con el ‘desconocimiento’ de los acuerdos con los terratenientes, la ‘ley de tierras’ retorna, casi por entero, a su redacción original, la misma que le valió el apoyo del Banco Mundial y el BID, y la férrea oposición de las organizaciones campesinas. Estas últimas organizaron una gigantesca marcha a La Paz, denunciando la ‘mercantilización’ de la tierra, que significará la expropiación masiva de millones de pequeños campesinos. Con parcelas escasas y poco productivas, sin semillas, tecnología, crédito o acceso a los mercados, los campesinos sufrirán los golpes demoledores de la ‘competencia’ capitalista y de los impuestos estatales.