25/03/2020

Bolivia: el gobierno golpista y el coronavirus

Los trabajadores deben intervenir ante la crisis sanitaria y social.

A través de una conferencia de prensa realizada el día 21 de marzo, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez decretó en Bolivia la cuarentena total por 14 días. El paquete de medidas incluye la prohibición del transporte público y privado, la restricción de vuelos, el control de fronteras y la reducción de la actividad productiva. El decreto comenzó a regir el domingo 23 de marzo bajo la égida de un descomunal despliegue de las fuerzas represivas en todo el territorio del país.


Un decreto que envalentona a las Fuerzas Armadas


El decreto dictado por el gobierno golpista autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a “asegurar el orden público, la paz social y fundamentalmente el derecho a la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos, estantes y habitantes del territorio nacional” (Art 3 II decreto 4199). Añez ha sido contundente en la intervención realizada este sábado: “Bolivia necesita orden y lo haremos cumplir con toda la fuerza de la ley”. En este marco ya se han producido situaciones represivas en la ciudad de Cochabamba, uno de los centros neurálgicos de la lucha contra el golpe. El jueves 19 por la noche, fueron detenidos y enviados a la cárcel 56 trabajadores que regresaban a pie de sus respectivos trabajos, ya que el transporte público se encuentra prohibido (Red Eco 23/3). Bolivia asiste a un salto en la política represiva del gobierno golpista, signada por la militarización, el cierre de radios comunitarias, y la persecución y detención de activistas y dirigentes opositores que participaron de las movilizaciones que enfrentaron la avanzada fascista orquestada por el imperialismo norteamericano y su socio político de la región, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro.


En defensa de la explotación capitalista


Si bien la actividad económica fue reducida a lo que el gobierno considera esencial, en este caso los servicios de salud privados y públicos, las empresas de servicios públicos, ciertos sectores de la industria y las entidades bancarias, nada se ha dicho sobre la gran masa de trabajadores que se encuentra bajo un régimen laboral precario, que en las ciudades se manifiesta en que solo un 19% de los ocupados aporta a las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, ha solicitado una reunión con el Ministerio de Trabajo para discutir sobre “algunas ambigüedades respecto al régimen laboral en el período de emergencia” (Erbol 23/3), pero no se ha pronunciado por la prohibición de despidos y suspensiones, una reivindicación que se convierte en una necesidad vital en tiempos donde las patronales de todo el mundo se están valiendo de la crisis mundial para despedir trabajadores y avanzar en rebajas salariales. Hace unas semanas se han producido entre 80 y 90 despidos en el sector minero que se concretaron sin ninguna medida de lucha por parte de la COB para derrotarlos y reincorporar a los compañeros. El dirigente de la central obrera también afirmó que se ha dispuesto a suspender todo tipo de reunión sindical (pero sí se debe ir atrabajar), atropellando el derecho a la organización de los trabajadores ante un cuadro de crisis de magnitudes impresionantes. Con esto, la COB refuerza su rol de burocracia sobre el movimiento obrero y demuestra su completa adaptación al gobierno reaccionario. 


Bancarrota sanitaria


La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado 27 casos confirmados de coronavirus en Bolivia, aunque en los últimos momentos varios medios de comunicación alertaron que la cifra subió a 28 casos. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, ha rechazado la contratación de 310 profesionales de la salud para atender a la población de La Paz. Los trabajadores que se nuclean en el Sindicato de Ramas Médicas de Salud (SIRMES) han denunciado la falta de médicos y de espacios para terapia intensiva. Otro caso que ha salido a la luz fue la situación de emergencia declarada por los directores de los ocho hospitales del Complejo de Miraflores, que no cuentan con los equipos e insumos necesarios para afrontar el Covid-19. Ante estas denuncias, la respuesta del gobierno de Añez fue amenazar a los trabajadores con despidos y sanciones penales para amedrentarlos y aplastar cualquier tipo de iniciativa de lucha. A este cuadro se le suma la expulsión por parte del gobierno de los médicos cubanos que ejercían en el país como también el rechazo a medicamentos y capacitación médica provenientes de dicho país. Mientras esto sucede, Evo Morales ha señalado a través de su cuenta de Twitter que es necesario declarar la emergencia alimentaria, económica y social, pero no ha dicho qué medidas se tienen que aplicar para superar la crisis abierta por el coronavirus. Es necesaria la centralización de todo el sistema público de salud, el aumento del presupuesto correspondiente y de salarios, y sobre la base de una planificación a cargo de los trabajadores determinar cuántos médicos, equipos e insumos se necesitan realmente para enfrentar la pandemia.

Se postergan las elecciones 


El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia ha anunciado la postergación de las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo, aunque aún no se sabe su fecha ya que será discutida de cara a la evolución en la propagación de la pandemia y con la firma de todas las fuerzas políticas participantes de dicha elección. Esta postergación será utilizada por el golpismopara seguir regimentando al conjunto de las masas obreras, y para hacer pasar el paquetazo de ajuste que tiene en carpeta, manifestado en la tentativa de privatizar ciertos sectores de empresas estatales como Entel, Boa (Aerolíneas), Quipus o la azucarera EASBA.


Es necesario derrotar la política entreguista y de ajuste que está llevando a cabo Añez y su régimen de facto, que es un escollo para ir a fondo en las medidas que se requieren para hacer frente a esta crisis. Para ello, la independencia política de los trabajadores de Bolivia es fundamental en oposición a la intentona reaccionaria de la COB de neutralizar cualquier iniciativa del movimiento obrero para ponerlo como furgón de cola de los intereses del capital y el Estado. A su vez, es primordial la lucha por las libertades democráticas y la liberación de todos los presos políticos, así como también la lucha por un sistema de salud único y de calidad puesto al servicio del conjunto de la clase obrera. La reorientación productiva de la industria para poder producir los elementos de seguridad necesarios para resguardar la salud de los trabajadores es crucial. Los trabajadores deben impedir la tentativa de que la crisis sanitaria y las medidas dispuestas por el gobierno sean utilizadas para proceder a una mayor regimentación, mientras no se garantiza un verdadero cuidado de la salud del pueblo. El movimiento obrero boliviano ha demostrado que tiene fuerzas para derrotar al gobierno golpista, solo hace falta superar el chaleco de fuerza político que supone la burocracia de la COB y el pacto colaboracionista del MAS con el gobierno. 




 




 

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