La incesante explosión de conflictos en Bolivia expresa un choque entre las demandas insatisfechas y, por otro lado, la arremetida del gobierno contra los trabajadores e indígenas para salvaguardar al capitalismo. Este enfrentamiento refleja, además, el acelerado agotamiento del llamado 'proceso de cambio' en el marco de la crisis internacional.

El pronunciado giro hacia la derecha que ha dado el gobierno masista no es azaroso. En el cierre de campaña electoral para su segundo mandato, Evo Morales aseguraba que el suyo sería un gobierno "para obreros y patrones". Es claro que, ante los pactos con el empresariado nacional y con las transnacionales petroleras, no gobierna ni para los obreros ni para los indígenas; sólo para los patrones.

Se trata de un gobierno capitalista que, presionado por la crisis económica, no dará jamás una salida socialista. Al contrario, empieza a tomar medidas tan y/o más neoliberales que las de Goni. Si bien durante los primeros años de gestión se notó un indicador positivo en la macroeconomía boliviana, no fue a raíz de la política gubernamental sino del repunte que tuvieron los precios de las materias primas (minerales e hidrocarburos) en el mercado internacional.

En ese marco, la renegociación de contratos con las petroleras (mal llamada 'nacionalización') hizo que Bolivia recibiera una buena cantidad de dinero por impuestos, lo que le permitió al gobierno tener un colchón económico desmovilizador. Hoy, las acciones más antipopulares del Ejecutivo responden a una tendencia a la baja del precio internacional de las materias primas (…)

En este panorama, la ministra Teresa Morales en alguna oportunidad anotó que en Bolivia se "blindarán los gastos sociales, y en lo posible se los mejorará".

Pero la realidad supera a la ficción y los hechos superan al discurso. En vez de ampliar el presupuesto para la salud, el gobierno opta por atacar conquistas laborales, incrementando de 6 a 8 horas la jornada laboral de los salubristas, sin que esto implique un aumento de salarios y menos aún la inclusión en la Ley General del Trabajo de este sector.

La impresionante movilización del sector salud obligó al gobierno a dar un paso atrás y mediante otro decreto ha declarado la suspensión del anterior y su inaplicabilidad, hasta finales de julio, tiempo en el que se convocará a una "Cumbre por la Revolución de la Salud". Esta medida, avalada por la dirigencia de la COB, no disipó el conflicto. Al grito de "suspensión no es abrogación" estudiantes de medicina se han enfrentado con las fuerzas policiales en La Paz con un saldo de cinco heridos, quitándole la tranquilidad tanto al gobierno como a la dirigencia de la COB. A esta última los trabajadores de salud la han acusado de traición, mientras las universidades amenazan con una marcha nacional para la próxima semana.

El resto de los trabajadores del país también se movilizan por un incremento salarial, pues en los últimos años han visto disminuido el poder adquisitivo ante el incremento de la canasta familiar (…)

Trabajadores y las transnacionales petroleras

Los pactos del Ejecutivo con las transnacionales se manifestaron abiertamente en el 'gasolinazo' que, según argumentaron los del gobierno, tenía como fin 'incentivar a las transnacionales' en la producción de carburantes para el mercado interno. En realidad, la subvención de carburantes representa un gasto asfixiante para el Estado (costaría más de 700 millones de dólares en 2012). Entonces, antes de sentarle la mano a las transnacionales petroleras, el gobierno decide gasolinazos para que el costo lo pague el pueblo.

Aunque el gobierno fue obligado a dar un paso atrás con el gasolinazo, el acuerdo con las transnacionales continúa. Hace unas semanas se ha dispuesto un incentivo para los pulpos petroleros, con un pago extra de 30 dólares por barril producido.

Tan falsa como la 'nacionalización' de los hidrocarburos resulta la 'nacionalización' de la Red Eléctrica de España, a la que se le proporcionará una indemnización 'adecuada' (…)

La novena marcha indígena

La novena marcha indígena en defensa del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) es otra piedra en el zapato para los intereses que tiene el gobierno en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Las concesiones para la brasileña Petrobras, la francesa Total y la boliviano-venezolana Petroandina develan los intereses de petroleros y de Brasil, además de los campesinos colonizadores para la producción de hoja de coca.

El gobierno promueve la división y paralelismo en las direcciones de las organizaciones indígenas y de trabajadores.

Lo está haciendo con la Novena Marcha, la cual ha sido bloqueada, atacadas radios comunitarias indígenas y casas de sus dirigentes, por parte de grupos afines y mandados por el gobierno. En este momento se prepara un golpe a la dirigencia indígena tratando de imponer otra organización indígena paralela.

Sin medir consecuencias, el gobierno sigue impulsando el enfrentamiento. El vicepresidente, Alvaro García Linera, ha convocado a la población boliviana a enfrentar a los trabajadores de salud en paro. Ya en Santa Cruz una contramarcha de sectores masistas dio como saldo ocho heridos de gravedad (…)

El restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y la presencia del empresariado nacional en la Cumbre Plurinacional oficialista, en enero de 2012, son otros claros indicios del rumbo sin vuelta que ha tomado el tan mentado 'proceso de cambio'. Por tanto, no hay lugar para la 'reconducción' de esto, que no es más que una gran impostura. La tarea es avanzar hacia la consolidación de la unidad de los sectores en lucha para derrotar al gobierno y sus políticas. La COB tiene que dejar de ser el feudo oficialista y burócrata del pasado. No es posible que, mientras se decretan paros, sectores productivos como fabriles y mineros no acaten las resoluciones para no hacer perder plata al gobierno y a las transnacionales.

En cuanto a la conformación de un instrumento político de los trabajadores, advertimos que sin programa ni estrategia revolucionarios -y en manos de las dirigencias burocratizadas- se corre el riesgo de seguir los pasos del PT brasileño, que ha dado un presidente obrero aliado a la burguesía. O puede surgir una agrupación similar al MAS, que en vez de salir del seno cocalero salga del aparato sindical obrero.

Para que un partido (o instrumento) político sea realmente revolucionario debe ser la expresión de los objetivos históricos de los trabajadores, indígenas y clases empobrecidas, no simplemente una agrupación que tenga como fin la silla presidencial para seguir administrando el Estado burgués.