El domingo 26 de diciembre, el gobierno boliviano anunció la implementación de un decreto para la “nivelación interna de combustibles a precios internacionales”. En Bolivia el precio del barril está congelado desde 2004 en 27 dólares, un precio de por lo menos un tercio del valor del mercado mundial. Consecuentemente también lo están el precio de la nafta, el diesel y el gas que se consume internamente. La diferencia entre los valores es compensada por subsidios estatales. El congelamiento fue, en su momento, una respuesta al levantamiento revolucionario de octubre de 2003 que se llevó puesto a Sánchez de Lozada. Hasta entonces, los gasolinazos habían sido un típico recurso fiscal de los gobiernos liberales para recaudar dinero y pagar sueldos o aguinaldos a costa del bolsillo de las masas.

Uno de los principales pretextos que esgrimió el gobierno para justificar la medida es que la subvención a los hidrocarburos, de 380 millones de dólares anuales, termina beneficiando en 150 millones a los contrabandistas que lo venden más caro en Perú, Chile, Argentina o Brasil. Para Evo Morales las Fuerzas Armadas fueron eficaces para “agarrar a los que llevaban el combustible en cisternas. Pero no a quienes lo llevan a pie, en botellas de Coca-Cola. No se puede controlar” (El País, 30/12).

Que una medida tan drástica -el aumento de las naftas entre el 57 y el 82%- tenga por objeto combatir un contrabando de gente cargando botellas de a pie con el auxilio de alguna mula, suena, por lo menos, absurdo.
Lo cierto es que el aumento de los combustibles activó una inmediata espiral inflacionaria que afectó fuertemente los precios de los alimentos y el transporte público, cuyas tarifas treparon a más de un 150%. El gasolinazo indigenista tuvo el mismo efecto que los gasolinazos neoliberales. La escalada inflacionaria encendió la mecha de una rebelión popular.

Incentivando pulpos

Pese a ser productora de petróleo y segunda reserva de gas latinoamericana, Bolivia hoy está produciendo cada año menos combustible. Según relata el vicepresidente, Alvaro García Linera, uno de los voceros del ajuste, esto obligó en 2010 a importar nafta y diesel en un equivalente de 666 millones de dólares y para 2011 ya se presupuestaron mil millones con el mismo fin (EFE, 3/1).

La nivelación de los precios tenía el propósito de incentivar la producción local. Morales fue contundente: “Si queremos inversores en petróleo, es obligado que los inversores tengan utilidades” (El País, 31/12). En la última década, el negocio fue marginal para empresas como Petrobras, Repsol-YPF, Total y British Gas, que sabotearon las nuevas exploraciones y la producción de líquidos para concentrarse en el gas natural que exportan a Argentina y Brasil. El Estado boliviano está asociado a esos pulpos, vía la estatal YPFB, desde la nacionalización de la industria gasífera de 2006. El cuadro descrito por los propios funcionarios es, en realidad, la radiografía del fracaso de esta nacionalización a medias. Pese a las proclamas de soberanía, el Estado boliviano no ha dejado de ser rehén de las grandes empresas.

Obediencia debida

“El pueblo no estaba preparado para enfrentar las consecuencias de la medida”. Así explicó Evo Morales su decisión de abrogar el decreto del llamado gasolinazo. A juzgar por los resultados, quién en realidad no estaba preparado era el propio gobierno ante las enormes movilizaciones, cortes de ruta y protestas que se sucedieron en todo el país. Además hubo una enorme corrida bancaria de más de 200 millones de dólares generada tras rumores de una revaluación de la moneda boliviana. La revaluación hubiera aumentado aún más el precio del petróleo, medido en dólares.

Durante esos cinco días el gobierno acusó a los que se oponían a la medida de “minoritarios”, “vándalos”, y “defensores del neoliberalismo”, pero los grandes protagonistas de las movilizaciones fueron las juntas vecinales de El Alto (recordemos que en esa localidad el MAS ya había perdido una gran cantidad de votos en las elecciones de abril del año pasado), los mineros de Oruro, los fabriles y maestros de La Paz, varias regionales de la COB e incluso un pequeño sector de cocaleros se plegaron a los piquetes. La rebelión popular enfrentó a las bases de la mayoría de los movimientos sociales con las direcciones afines al gobierno que buscaban mediar y hasta justificar el ajuste. La lucha puso de relieve la necesidad de la independencia política de las organizaciones sociales. Varias organizaciones declararon continuar en “estado de emergencia” hasta que los precios retornen al nivel previo. La cuestión salarial, que ya formaba parte de los reclamos populares por la inflación arrastrada del año, quedó luego de la lucha contra el gasolinazo en el centro de la agenda de los trabajadores.

De una insurrección a otra

El proyecto de convertir a Bolivia en exportador de gas licuado a Estados Unidos y México, condujo a la insurrección de octubre de 2003. El propósito de dar a las petroleras el precio internacional pleno del petróleo ha producido la rebelión reciente. La ley de nacionalización, que ha reconvertido las concesiones petroleras en contratos de producción, se acaba de hundir en consecuencia de la negativa de los pulpos privados a trabajar en las condiciones de rentabilidad establecidas por el gobierno. Para colmar las necesidades internas de hidrocarburos sin pagar los elevados precios internacionales, Bolivia está obligada a nacionalizar en forma integral la producción, no ya de petróleo sino también de gas. La plusvalía que deja el gas debería aplicarse a la reactivación de la producción de petróleo. Todo esto tiene sentido, sin embargo, dentro de un plan que contemple las prioridades de industrialización de Bolivia. En el mismo sentido, Bolivia debe asegurar la explotación estatal del litio (la materia prima fundamental de la nueva economía de baterías), incorporando tecnología a cambio de contratos de provisión a determinados plazos.

El planteo del “capitalismo andino”, una alianza del Estado, el capital internacional y la producción indígena, concebido por el vicepresidente de Evo, ha sufrido un ataque cardíaco decisivo. La centralización de recursos y capitales que requiere el desarrollo de Bolivia, solamente puede ser establecida por un gobierno obrero y campesino.