Luego de haber sido postergadas las elecciones del 3 de mayo “a causa de la pandemia”, el Tribunal Supremo Electoral envió un planteo para que se las convocara entre el 28 de junio y el 27 de julio de este año. El Congreso -que tiene mayoría de diputados del MAS- resolvió convocarlas en 90 días. Pero la presidenta Jeanine Añez se negó a ello, postergándolas sin fecha, hasta que se ‘superen los peligros del coronavirus’. El Congreso, entonces, votó soberanamente que estas se realizarán el 2 de agosto.

Esto ha provocado una fuerte crisis y la agudización de una tendencia a la polarización política y social. Diversas movilizaciones, el 30 de abril y el 1° de mayo -en El Alto, trópico de Cochabamba, etc.-, denunciaron las consecuencias sanitarias y sociales que se están descargando sobre las masas trabajadoras. El contenido político de estas marchas fue la denuncia del continuismo del gobierno golpista de Añez y el reclamo a que se convoquen elecciones.

Simultáneamente, crece una campaña de la derecha para que se cierre el Congreso y se posterguen sin fecha las elecciones. El mismo 1° de mayo en el centro de La Paz hubo movilización de las ‘pititas’ con este reclamo. Dirigentes del MNR, Juntas Vecinales y una parte de las llamadas ‘fuerzas vivas’, que fueron la base de la agitación golpista para derrocar a Evo Morales, también piden el cierre del Congreso. Dirigentes de la Unidad Democrática (el partido de Añez) presentaron recursos judiciales para que se declare inconstitucional esta convocatoria electoral y se la anule. El encargado de negocios boliviano en Argentina también se pronunció rápidamente en favor de Añez contra la convocatoria electoral del Congreso, diciendo que las medidas severas de cuarentena harían imposible que la masa (se trata de la comunidad boliviana más grande de las radicadas en el extranjero) pudiera ir a votar.

Desastre sanitario y social contra el pueblo

Ya hemos denunciado en notas anteriores el desastre de la sanidad pública de Bolivia. El derechista ministro de Salud, Aníbal Cruz -nombrado por Añez con el golpe de noviembre- reconoció este colapso y por ello fue destituido. En su lugar se nombró a Marcelo Navajas, dueño de tres sanatorios privados, que llamó en Semana Santa a orar para que Dios se apiade del pueblo boliviano, sometido a la plaga pandémica.

A la pandemia sanitaria se le ha sumado la pandemia social: despidos masivos, suspensiones, cierre de empresas, etc. El hambre avanza en las barriadas populares. Los bonos otorgados por el gobierno para paliar esta situación son insuficientes y no llegan a grandes masas de trabajadores desocupados o ‘cuentapropistas’ en cuarentena.

La represión -y la resistencia- se acrecienta. En la frontera con Chile, mil bolivianos que intentan volver a su país pos cierre de fronteras fueron reprimidos y abandonados en carpas ‘de cuarentena’. En el penal San Pedro de Oruro hubo una revuelta por falta de medidas contra el Covid-19. Un motín en la cárcel de Palmasola -donde en los últimos días murieron cuatro presos- obligó a la destitución del gobernador del penal. No se concede prisión domiciliaria a los presos políticos ni salvoconducto a los funcionarios masistas asilados en la Embajada de México. En El Alto, las manifestaciones fueron reprimidas, igual que en Cochabamba, donde en los últimos tres días han ido creciendo las manifestaciones en la zona sur contra el hambre, falta de agua (se vende por camiones cisterna privados), etc. Según el diario Página Siete: “Los movilizados piden aplacar la cuarentena, salir a trabajar, pero a la vez exigen elecciones y la dimisión de Añez. Los cocaleros les dijeron que “no están solos”.

Entreguismo continuista

La resistencia de amplios sectores de las masas al golpe que derrocó a Evo Morales, en noviembre pasado, obligó al gobierno golpista de Añez a pactar con el MAS, que domina por mayoría el Parlamento, que se iba a convocar elecciones en 60 días. Añez iba a ser solo una presidenta “transitoria”, cuyo objetivo fundamental era convocar a elecciones sin fraude. Pero la fecha se fue posponiendo y, finalmente, quedó fijada para el 3 de mayo. Después esto fue cancelado por la pandemia sin fecha.

Mientras tanto, Añez avanza en planes entreguistas. Uno de los más importantes es la entrega de la explotación del mineral de litio a empresas yanquis, anulando compromisos establecidos por Evo Morales con empresas alemanas.

Llueven denuncias de corrupción sobre ministros y funcionarios golpistas. Herland Soliz, presidente de la petrolera estatal YPFB, autorizó la compra de diésel a 124 dólares el barril, cuando su precio es de 30 dólares (400% más de sobreprecio). Se importaron 160 millones de dólares con esta tarifa, lo que significa el desvío de 120 millones de dólares. El Estado está siendo saqueado por la camarilla golpista.

Al mismo tiempo, la situación económica se deteriora rápidamente. Los precios de exportación del petróleo han caído abruptamente y los débiles ingresos agravan el déficit fiscal, mientras la recesión campea.

La recesión está siendo aprovechada por las patronales para llevar a fondo medidas de ‘reforma’ laboral antiobrera: precarización, despidos masivos, etc. Obreros textiles de Altifibens están acampando contra 200 despidos masivos. El sindicato médico amenaza con un paro de 24 horas si no se confirman nombramientos ya designados de personal.

La Cámara de exportadores de La Paz pide una política de emergencia que dé vía libre para una reforma laboral antiobrera: “el tema laboral es algo que se tiene que discutir, entre ellos, el tema de la movilidad laboral, qué se va a hacer con las vacaciones, qué se van a hacer con los días no trabajados…” y también en favor de una devaluación monetaria que, facilitando negocios de los exportadores, haría un agujero en la ya difícil situación social de los explotados. También la Cámara de Industriales (CNI) reclama que el Estado subsidie a las patronales para pagar salarios y avance en “flexibilizar la normativa laboral”.

Fuera Añez y su gobierno golpista

La lucha contra el coronavirus, contra los despidos y cierres de empresas, contra el entreguismo del litio, contra la represión, por los derechos democráticos y por la convocatoria a elecciones democráticas debe estar unida a la lucha por echar al gobierno golpista. Es una sola y común lucha. La derecha está dividida y teme fracasar en la contienda electoral. Añez, que había prometido que era solo una presidenta de transición, trata hoy de colocarse como vértice de un frente antimasista de la derecha.

Es necesario un plan de lucha nacional que una todas las resistencias en curso. Evo Morales no lo lanza ni tampoco las organizaciones de masas (COB, etc.), dirigidas por una burocracia proburguesa y hasta progolpista. El candidato a presidente del MAS, Luis Arce, planteó días atrás que si llegado el caso todavía persistía la pandemia, se podía llegar a cambiar la fecha electoral. Pero como dijo una compañera: “en las colas frente a los bancos para cobrar los miserables bonos del gobierno estamos más expuestos al contagio que en una compulsa electoral”.

Si no se encara esta movilización nacional, el gobierno golpista postergará una y otra vez la convocatoria electoral y se mantendrá en el poder ejecutando un plan antiobrero y antipopular. Con Añez no se resolverán las reivindicaciones de las masas ni habrá elecciones democráticas.

¡Fuera Añez! Prohibición de despidos: reincorporación de los despedidos, apertura de las empresas cerradas y puesta en marcha bajo dirección obrera, recuperación de las conquistas perdidas, subsidios mensuales a desocupados y trabajadores, triplicación del presupuesto de salud, centralización de la salud, nacionalización de los sanatorios privados, testeos masivos, material de bioseguridad para médicos y personal hospitalario y para el conjunto del pueblo. No al pago de la deuda externa, nacionalización de la minería y del comercio exterior.