El gobierno boliviano ha lanzado una represión violentísima contra la huelga general indefinida declarada por la COB (Central Obrera Boliviana) hace ya tres semanas. La COB rechaza el aumento salarial del 8% decretado por el gobierno —al que califica de“ridículo”— y el plan oficial de privatizar las principales empresas estatales (ferrocarriles, teléfonos, etc.) y el sistema previsional. Al mismo tiempo, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) viene realizando bloqueos de carreteras en todo el país.

El Ejército controla las calles de La Paz y las rutas y ha apelado a gases y balas para reprimir las manifestaciones obreras. También han intervenido grupos parapoliciales: Clarín (4/5) informa que la prensa boliviana ha publicado “fotos en las que se podía observar cómo dos civiles apuntaban en posición de disparo (con una pistola uno, con ametralladora el otro) a un grupo de manifestantes en el centro de La Paz”. La central campesina ha denunciado el asesinato de dos trabajadores rurales y la desaparición de otros siete. En lo que constituyó el más violento ataque oficial contra el movimiento de lucha, fuerzas policiales y militares irrumpieron por la madrugada en la sede del sindicato de los profesores estatales y apresaron a dieciocho maestros, algunos de los cuales venían cumpliendo una huelga de hambre desde hacía 23 días, sacándolos por la fuerza del sindicato, a pesar de su estado de extrema debilidad.

Pero la violenta represión no ha logrado hacer amainar los cortes de rutas y las manifestaciones callejeras, mientras más de 2.000 dirigentes y activistas sindicales se encuentran realizando huelgas de hambre. Las huelgas de hambre, un método de lucha habitual del movimiento obrero boliviano en el último período, a la vez que pone de manifiesto la determinación del activismo —se trata de huelgas muy duras, con graves riesgos para la salud de los ayunantes— deja al descubierto la relativa debilidad del movimiento específicamente huelguístico que, según la información de prensa, sólo es fuerte entre los docentes estatales, la minería y los servicios de salud.