La expresión Instrumento Político de los Trabajadores, cuya construcción viene siendo discutida en la central obrera de Bolivia desde hace muchos años, traduce la intención de crear una expresión electoral del sindicalismo, de un modo similar al empleado por el movimiento cocalero cuando promovió lo que luego fue el MAS. El fin de semana pasado, ese Instrumento quedó plasmado bajo la denominación de PT, lo que en cierto modo refleja una intención difusa de reproducir en Bolivia la experiencia de Brasil.

“Tiembla Evo, somos mineros”

El Congreso fue precedido por una movilización que arrancó en la llamada Tranca de Huanuni y culminó en la sede del Coliseo, lugar de las deliberaciones, con la presencia de las delegaciones sindicales: una presencia determinante de los mineros -en particular de Huanuni y Colquiri-; una columna compacta y aguerrida de trabajadores de la salud pública; los trabajadores de la seguridad social; representaciones de las Departamentales de la COB (la de Tarija, sobresaliendo del resto casi dos mil trabajadores). Nutridos cordones humanos aplaudían a cada lado de las estrechas calles. La movilización fue claramente hostil al gobierno.

La apertura, dominada por los dirigentes mineros, se caracterizó por la denuncia del gobierno, al que se imputó la traición a “la Agenda de 2003” y producir “falsas nacionalizaciones”. Para Céspedes (Fabriles), el gobierno había planteado una distribución de ingresos, “pero para el movimiento obrero no hay nada”. Pérez (secretario ejecutivo de la FSTMB) advirtió que la creación del IPT planteaba “que se vayan al MAS los que no adopten el Instrumento”, el cual tiene una presencia importante dentro de la COB. De acuerdo al informe de acreditaciones, sobre 65 organizaciones convocadas sólo habían concurrido 31. La oposición del MAS determinó la ausencia casi total de petroleros y de maestros -el partido de gobierno domina la gran mayoría de las asociaciones del magisterio, así como las federaciones estudiantiles y su central.

La traición de Evo Morales a la Agenda de 2003 (que se entiende como la nacionalización integral de todos los recursos nacionales y la mejora de la condición de vida de los explotados) ya había sido denunciada en 2005; durante la insurrección de octubre de 2003, Evo Morales eligió prolongar su estadía en Europa. La agenda del gobierno actual fue co-patrocinada con el gobierno Meza, sucesor del derrocado Sánchez de Losada, en un plebiscito. La denuncia de incumplimiento se reactualiza ahora, debido a que la COB, a partir de entonces, se convirtió en un satélite del MAS. La “nueva” dirección de la COB, la que patrocina la creación del PT, no ha presentado un plan de lucha. En 2012 hubieron luchas importantes: la de los trabajadores de la salud pública contra el alargamiento de la jornada laboral y la de los mineros por la estatización integral del yacimiento de Colquiri.

Desde hace tres años, funciona una Mesa de Trabajo entre el gobierno y la COB, la cual ha “consensuado” casi un 50 por ciento de lo que sería un nuevo Código Laboral. Aunque se ha acordado la estabilidad laboral y el fin de la tercerización y subcontratación, el Estado se reserva un derecho elevado de arbitraje -“el fallo del laudo arbitral como cosa juzgada sin recurso ulterior”.

El programa

Se formaron dos comisiones: la más nutrida, para tratar la Declaración de Principios y el Programa de Gobierno; otra, para los Estatutos.

En ninguno de estos textos, así como tampoco en las declaraciones de los dirigentes, apareció mencionadas una vez las palabras “plan de lucha”. Lo incorpora la versión final, aunque sin precisiones ni plazos. La ausencia de este planteo revela el propósito electoral del partido, que reserva los planes de lucha a los sindicatos. Dentro del propio oficialismo gubernamental, se han creado diversos “instrumentos políticos”, por parte de sectores que se encuentran excluidos de la lista del MAS.

En el primer trimestre del año la COB presentó su pliego de reclamos al gobierno, una práctica consuetudinaria. Se destaca el reclamo de 8.300 bolivianos de salario mínimo (el actual es de 1.000) y la reversión del 100% del yacimiento de Colquiri al Estado. El gobierno respondió con un documento de 114 páginas, en el que propone “un estudio conjunto” para establecer una canasta básica familiar para el año próximo y continuar el debate en lo referido a la Ley General de Trabajo, la Ley de Pensiones, la Ley Educativa y Ley de Salud, en una interminable ronda de “consensos”.

En los corrillos del Congreso se admitía que la cúpula de la COB tenía urgencia en crear el PT para garantizar con tiempo los engorrosos trámites de la legalidad. En la deliberación sobre el programa, la dirección del Congreso buscó apresurar la adopción de alguno, para lo cual aceptó un sinnúmero de contribuciones sin mayor debate.

La Declaración de Principios presentada al Congreso planteaba: “Si bien nos encontramos ante una crisis general capitalista (…) la actual crisis es más que eso, es una crisis integral, de civilización, multidimensional y existencial (…) el calentamiento global del planeta…”. Denunciaba la “actitud de carácter individualista (…) la realización personal egoísta”. Reivindicaba la “democracia” con “justicia social”. Proponía construir “un mundo nuevo y mejor para corregir el desequilibrio de la realidad material existente”. El programa expresaba el ángulo de la intelectualidad pequeño burguesa y del propio MAS, no el método de la lucha de clases. Se apartaba enérgicamente de la tradición programática del proletariado de Bolivia. Esta versión introductoria planteaba “un gobierno de los excluidos, explotados y oprimidos” -no de la clase obrera.

La versión final caracteriza “una profunda caída mundial en todas sus esferas, el colapso del sistema capitalista”. La “democracia con justicia social” fue sustituida por “(la transformación) socialista mediante la toma del poder por la clase obrera en alianza con los campesinos y clase media empobrecida”. Al referirse a los métodos de la clase obrera y la lucha parlamentaria, se reproducen íntegramente párrafos de la Tesis de Pulacayo. Asimismo, plantea estatizar las cooperativas mineras, las que constituyen el grueso de la rama y no se encuentran en la COB.

Esta mutación del programa, sobre la base del método “copiar y pegar”, hace las veces de un parche. No es un programa de transición a un gobierno obrero y campesino. En un punto no hubo mutación: la colaboración de la burocracia de la COB con el gobierno del MAS, durante siete años, no aparece en el programa, aunque la denuncia en el Congreso fue reiterada.

En la comisión, un importante sector de mineros de Huanini denunció que la propuesta del IPT fue saboteada por la dirección de la COB, personificada en Montes y Solares, desde 2005. Reclamó un frente revolucionario, no electoral, y la conquista del poder por las masas obreras. Pero esta ponencia no fue presentada como alternativa al documento oficial. Con carácter “complementario” propuso la “lucha permanente”, la “vía insurreccional”, la “acción directa” y la “democracia directa, para que las asambleas elijan los funcionarios del IPT”. La dirección del Congreso se encolumnó detrás del planteo de “unir ambos documentos” y no tuvo reparo en incorporar todas las consideraciones del texto “alternativo”. El lenguaje radicalizado es normal en Bolivia, como consecuencia de su historia tumultuosa y revolucionaria desde los finales de la Guerra del Chaco (1936/8).

El Estatuto

El Estatuto declara al “PT (…) un partido político organizado con sujeción y respeto a la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley de Partidos Políticos”.

En la sesión plenaria final, un bloque cerrado entre la COB, la FSTMB y las organizaciones sindicales presentes impuso que la selección de los candidatos estuviera a cargo de los cuerpos orgánicos de los sindicatos, lo que convierte al PT en un partido de la burocracia sindical. Por otro lado, eliminó el artículo 39, que establecía la “libre organización de corrientes políticas que tengan independencia de clase y que fortalezcan al PT”. Ambas propuestas fueron aprobadas por una aplastante mayoría, frente a las protestas airadas de la izquierda. De aquí hasta el final, el Congreso deliberó con “policía sindical” para impedir la salida de congresales y con un cordón minero para proteger a quienes estaban en el escenario. El impacto desmoralizante de todo esto sobre la izquierda fue completo: creyó que asistiría a la emergencia de un partido revolucionario y vio parir un “instrumento político” de la burocracia sindical, el cual apunta a ocupar posiciones parlamentarias y a negociar, desde otro plano, con el gobierno del MAS, el que todavía goza del apoyo casi total de la masa indígena y de los sindicatos (más numerosos en términos de afiliados) que no asistieron a este Congreso.

¿Hacia dónde?

Dado el copamiento sindical del MAS, queda la duda incluso de si el PT pueda erigirse en un aparato político eficiente y útil para los propósitos políticos de la dirección de la COB.

Al día de hoy, la clase obrera minera representada en la COB es minoritaria y fragmentada: la minería estatal -Huanuni, parte de Colquiri y otras minas- empleaba 6.186 trabajadores, un 8% del total; la mediana y chica, privadas, unos 7.200, un 9%; y la masa de cooperativas, 65.828, el 83% del total (2010, Ministerio de Minería y Metalurgia). “Actualmente, según el Viceministro de Cooperativas Mineras existen más de 112.000 trabajadores en este sector… lo que significa que, en los últimos años, casi el 90% de los trabajadores del sector minero trabajan en cooperativas” (Petropress 30, enero/febrero 2013). El cooperativismo minero está ligado al MAS.

El gobierno indigenista ha aislado políticamente al proletariado, mediante el ascendiente y el control sobre la mayoría indígena. En el Congreso no estuvieron presentes los petroleros, donde la tercerización afecta a un 80% de los trabajadores. Repsol ha llegado al 95% de mano de obra en esta condición -en gran medida provista por las Comunidades Indígenas.

El gobierno ignoró el Congreso, lo mismo hizo la prensa. En un volante que distribuimos en el Congreso (donde también pudimos exponer nuestro planteo), junto a Alternativa Socialista Revolucionaria y a Agenda Revolucionaria de Bolivia, planteamos que “en Brasil (…), al momento en que emerge la propuesta de un PT (hay un) ascenso de masas y (una) retirada del gobierno. En Bolivia estamos (todavía) en una fase de control del gobierno y de aislamiento del proletariado y de su vanguardia (…)”. La función de un PT debería ser entablar una lucha política por superar este aislamiento. En lugar de clarificar las diferencias con los planteos indigenistas, el documento aprobado por el Congreso asimila el método histórico de ellos. En Bolivia no ha madurado la posibilidad de un PT clasista, por eso habría sido un gran paso adelante si, en lugar de consolidar un aparato, hubiera establecido una coordinación política en torno a un plan de lucha y a la elección de candidatos para las elecciones de 2014 por medio de asambleas de base. Impugnamos el propósito (manifiesto en las sectas de izquierda) de convertir al Congreso en el acta bautismal de un partido revolucionario, mediante un torneo de discusión de programas.

En la fase inicial, el Congreso rindió un homenaje al presidente Hugo Chávez, a raíz de su fallecimiento.